El año pasado se conoció la historia de la quema de una serie de archivos en formato microfilms pertenecientes a la Central Nacional de Inteligencia (CNI), en enero del año 2000.

Hoy, Radio Bío Bío publica nuevos antecedentes, ligados a la investigación judicial que existe sobre el tema. Resulta que el general Eduardo Jara Hallad declaró ante el juez Alejandro Madrid en la causa que investiga el asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva. En la ocasión, no solo confirmó la quema de documentos, sino que también reconoció que un oficial del Alto Mando del Ejército estaba al tanto de la decisión de destruir los archivos.

Quien los quemó fue Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, ex jefa de archivos en el Departamento II de contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).

“No levanté acta respectiva pues la documentación no correspondía a archivos de la Dine, sino que a rollos de microfilms de archivos de la CNI. No era materia inherente del Ejército, sino que era de la Central (CNI), que nunca perteneció al Ejército”, dijo Rojas en el careo ante el juez Madrid.

Por su parte, Jara reveló ante Madrid que “esta incineración se la comuniqué verbalmente al jefe del Estado Mayor, general del Ejército, el general de División, Patricio Chacón Guerrero”.

Chacón fue parte del Alto Mando mientras se desarrollaba la llamada Mesa de Diálogo creada por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (hijo de Frei Montalva).

La investigación revela que también existió otro episodio de quema de archivos de la dictadura, relacionado a un extraño atentado a la Escuela de Educación Física del Ejército en noviembre de 1989. Un cohete Low, lanzado desde 300 metros impactó el recinto esa madrugada, donde se encontraban los archivos de la subsecretaría de Guerra, con todos los Consejos de Guerra después del golpe de Estado de 1973.

Casi 30 años después, se podría llegar a una verdad sobre lo que en verdad pasó ese día, donde se encontró una burda “prueba” que alude al Frente Patriótico Manuel Rodríguez: Un cartucho estaba pintado con la sigla “FMR”.

El juez Mario Carroza recibió un informe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, tras lo cual citó a declarar a 13 ex uniformados que tienen que ver con el resguardo de dichos documentos, claves en el esclarecimiento de casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura.

“Las Fuerzas Armadas deben responder respecto de su responsabilidad y de la información que nosotros positivamente sabemos que ellos poseen y de los archivos que nos consta que aún mantienen, a pesar de los archivos y documentos que también sabemos que han destruido”, aseguró a Bío Bío Gloria Elgueta, vocera de la fundación Londres 38, querellante en la causa.