El caso de los médicos objetores ha despertado ciertas alarmas en estos últimos días. Particularmente en Osorno, puesto que las mujeres que deseen acceder a lo conseguido en la ley de aborto en 3 causales deberán ser trasladas a Puerto Montt, debido a que existe un cien por ciento de objetores en la zona. Sobre lo anterior, realizaré algunas consideraciones sobre el derecho a la objeción de conciencia, pues en mi opinión, la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley de aborto configuró deficitariamente el presente derecho, lo que se ha traducido en una mala praxis.

Un primer asunto consiste en contextualizar en dónde el objetor ejerce el derecho. Nuestra realidad nos evidencia que, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres se producen en un escenario de ausencia de garantías de acceso igualitario y con un alto grado de trabas en las prestaciones para todos los habitantes. Sumado a lo anterior, las asimetrías de nuestro sistema de salud se convierte en un lugar distante al ideario en el cual se garanticen los derechos de los pacientes en su plenitud. Por lo dicho, debemos tener mucho cuidado con articular un derecho a la objeción de conciencia en tales circunstancias, pues es muy probable que su ejecución logre afectar derechos de terceros y volver improbables las políticas públicas.

Una segunda consideración estriba en la imposibilidad de situar, de modo honesto, a los profesionales de la salud, especialmente a los médicos con las mujeres. Estos profesionales se encuentran en una posición social y económica muy diferentes al de las mujeres como grupo social. Por ello, en virtud de su privilegio, posición social aventajada y rol en el sistema de salud, es razonable revisar de modo estricto las razones que invocan estos profesionales para solicitar la objeción; en otras palabras, el derecho a la objeción de conciencia no puede ser entendido como una mera omisión de las obligaciones legales en el que un profesional pretende abstenerse invocando cualquier razón moral. Lo anterior, implica asumir una igualdad entre el profesional y paciente que no es sustentable en la realidad.

Por lo expuesto, no resulta justo ni menos razonable mirar bajo los mismos estándares el derecho a abortar de las mujeres, en su modalidad 3 causales, con el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de salud. Debemos recordar que una objeción importa una negación derechos a un grupo social que sufre, en general, de dos desventajas: mujeres y mujeres en situación de pobreza. En definitiva, no se trata de obviar o menospreciar las razones morales de los objetores, sino que poner la debida atención al grupo que más lo necesita.

Para finalizar, me gustaría decir algo acerca de los conflictos o choques de derechos. La situación actual en que se encuentra la ley que regula la despenalización del aborto en su tres casuales extremas es una colisión de derechos entre los intereses expuestos; el problema resulta en que la controversia se está resolviendo sin más y sin reparos hacia la objeción de conciencia por sobre los derechos de las mujeres. Frente a esto, es atingente recordar lo señalado por Ronald Dworkin, quien sostenía que los derechos deben ser vistos como “cartas de triunfos” ante la mayoría; es decir, los derechos son intereses especiales que la comunidad quiere proteger ante otros reclamos en nombre del bien común o personal. Por otro lado, cuando estamos en presencia de un choque de derechos, debemos hacer el esfuerzo por discriminar cuál es el más relevante de ellos; cuál merece la debida atención y preocupación por parte de la comunidad. En este sentido, y una vez realizado tal esfuerzo, urge repensar nuestros balances y preocupaciones actuales.


Profesor de Derecho Universidad Andrés Bello. Coordinador del Centro de Justicia UNAB.