No hay tregua en las tomas feministas en distintas universidades del país. Al contrario, parece que la presión aumenta. Este martes se sumó a las movilizaciones la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, mientras que en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, que lleva en paro desde el pasado 27 de abril, el rector anunció varias medidas (suspender exámenes de grado y la ceremonia de egresados) que las estudiantes calificaron de “represivas” y de “presión”.

En el trasfondo de este escenario está la denuncia de una estudiante por acoso sexual y laboral al ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) y profesor de la facultad Carlos Carmona. Este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por la denunciante, que pide acceder al sumario que instruó la casa de estudios y que acabó con una sanción por “falta a la probidad administrativa” contra el profesor. Carmona enfrenta, por ahora, tres meses de suspensión del cargo. La joven no ha podido leer el expediente del sumario que hizo la universidad después de investigar durante ocho meses el caso, mientras Carmona pudo presentar un recurso de reposición contra la decisión adoptada por la universidad.

¿Por qué existe esta desigualdad en el procedimiento entre uno -el profesor, denunciado- y la otra -la estudiante, denunciante-? ¿Cuáles son las grietas de los mecanismos fiscalizadores y sancionadores de las universidades públicas para abordar este tipo de casos?

La directora de Igualdad de Género de la U de Chile, Carmen Andrade, explica a El Desconcierto que, tal y como establece el estatuto administrativo, en la universidad pública el procedimiento de investigación es el sumario administrativo. “El mecanismo se estableció pensando en investigar faltas administrativas con la hipótesis que hay una institución poderosa que investiga una falta cometida por un funcionario”, sostiene. Por eso, el procedimiento resguarda una serie de derechos lógicos en el litigio contra la institución, como recusar al fiscal universitario si el denunciante estima que la persona designada como tal no será imparcial; conocer la investigación (hechos de la acusación, quién investiga, etc.); o apelar la pena si no está conforme.

Sin embargo, no corren las mismas garantías cuando existe una víctima. “No está considerada en este formato de investigación porque no se pensó para ese tipo de conflicto, entonces queda fuera y sin los mismos derechos que el inculpado”, asegura Andrade.

En la misma línea se expresa Juan Cristóbal Cantuarias, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la U. de Chile y senador de la misma casa de estudios. “El estatuto administrativo no contempla casos de acoso sexual entre profesores y estudiantes, sino que solo aplica entre funcionarios públicos. Por eso este tipo de casos [entre docente y alumno] no podían ser investigados”, apunta Cantuarias. Y añade: “Los estudiantes no estamos regidos por el estatuto administrativo porque no somos funcionarios. Somos usuarios de un servicio público”.

Para él, además de la desprotección de la víctima ante el procedimiento, el sumario administrativo tiene otras falencias: “Se demoran los procesos porque, si bien existe un protocolo de denuncia que recomienda un plazo de 30 a 60 días hábiles, al tratarse de un cuerpo normativo de menor jerarquía que el estatuto administrativo, todo queda en una recomendación. El estatuto contempla un plazo mayor, entonces los jefes de servicio y los fiscales pueden demorar más de lo que señala el protocolo de denuncia sexual”, indica el senador universitario. En su opinión, además, es necesario mejorar la regulación de las medidas cautelares: “Las únicas que hoy se contemplan son la suspensión y el acompañamiento sicológico. Además, brindan al fiscal de ciertas facultades arbitrarias para señalar si tiene que haber medida cautelar o no”, añade.

Más allá del sumario administrativo

Este miércoles se celebrará el segundo encuentro del grupo de trabajo de para modificar el reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes de la Universidad de Chile. La instancia es integrada por varias personas de la comunidad universitaria: estudiantes, académicos, miembros del Consejo Universitario, vicerrectores varios, representantes de las oficinas de Bienestar, Dirección Jurídica y de Igualdad de Oportunidades y Género. Entre todos, pretenden impulsar un nuevo reglamento para adaptarlo a los principios jurídicos del sistema procesal penal chileno y para tipificar conductas que podrían ser sujetas de sanción y hoy no lo son porque el alumno sólo puede ser sancionado si infringe los deberes de los estudiantes establecidos en reglamento. “Hay que mejorar la institucionalidad universitaria en estos temas de los que nadie se ha hecho cargo, como el acoso también entre estudiantes”, asegura Juan Cristóbal Cantuarias, quien participa del grupo de trabajo.

Además de este espacio, según detalla Carmen Andrade, la U de Chile aprobó en 2017 una serie de políticas universitarias para abordar la desigualdad de género y el acoso en la universidad, con medidas orientadas a la prevención, la formación de estudiantes y docentes, y varios cambios normativos. En este último punto destacan la modificación del reglamento de estudiantes para tipificar el acoso sexual como conducta censurable, la puesta en marcha -recién- de una oficina especial de atención a las víctimas para prestar asesoría y acompañamiento y la implementación del protocolo de denuncia sexual.

Andrade también recuerda que desde la Chile se han impulsado acciones concretas como introducir en la Ley de Universidades Estatales -hoy bajo revisión por el TC- un nuevo procedimiento para investigar el acoso sexual. “Cuando se apruebe, deberíamos contar con un procedimiento que equilibre los derechos inculpado-víctima”, afirma la académica. También subraya los aportes hechos a la Ley sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, paralizada en el Congreso, que contemplará el acoso en contextos educativos.

“Con estos dos instrumentos podríamos manejarnos mejor en las universidades, harían los procedimientos más eficaces y justos. Sin embargo, no resuelven el problema de fondo, que tiene que ver con la desigualdad de género y que pasan por una cuestión cultural mucho más profunda”, concluye Andrade.