El pasado miércoles, la multinacional estadounidense Walmart recibió un nuevo respaldo del gobierno, luego de que este rechazara la solicitud de paralización de obras que presentaron los opositores al proyecto que el gigante busca construir en la comuna de San Bernardo, y que se trata de su mayor inversión fuera de Estados Unidos.

El polémico proyecto pretende instalar el Centro de Distribución El Peñón, un centro de bodegaje y distribución para abastecer los supermercados de la cadena Líder, que también son de propiedad de Walmart, iniciativa que contempla una inversión de US$180 millones y considera el empleo de 2.000 personas.

Quien interpuso la solicitud fue la ONG Fima, en conjunto con el apoyo de vecinos y vecinas del sector, quienes se oponen a su desarrollo. Esto porque la iniciativa implica la tala y la pavimentación de 47 hectáreas para el tráfico de vehículos medianos y pesados, y uno de los problemas que señalan es la congestión vehicular que supondría tener 1.142 camiones diarios circulando por las calles de la zona, que ya está densamente transitada.

Los afectados también alertan del ruido, la contaminación por gases y el aumento del riesgo de accidentes para los peatones y ciclistas. Y el inconveniente más importante es la pérdida del 15% de los suelos agrícolas de mejor calidad para el cultivo agrícola, y para el refugio de la fauna y flora de la Región Metropolitana.  Esto último dada la cercanía con el Proyecto Parque Metropolitano Sur Cerro Chena.

El recurso de reclamación fue presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y debía ser el Comité de Ministros –integrado por las carteras de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Minería, Energía y Economía– los que debían definir el futuro del proyecto, que cuenta con un permiso ambiental. Sin embargo, el director del organismo Hernán Brücher explicó que el rechazo se debe a que dicha instancia aún no entrega un pronunciamiento sobre las reclamaciones pendientes y el plazo expiró a fines de julio del año pasado (luego de que el reclamo ingresara en enero de 2017).

Ante ese escenario, la alternativa que queda para ONG Fima es acudir l Tribunal Ambiental a solicitar el control jurisdiccional del rechazo a su solicitud de que se paralice el proyecto. Y si lo hiciera el resto de los reclamantes entre los que se encuentra también el diputado socialista Leonardo Soto, también  se sumaría a la nueva instancia judicial.