A las 11 de la mañana de este miércoles se inició la interpelación contra el ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), iniciativa que estuvo a cargo de la diputada comunista Carmen Hertz, y que tenía como objetivo que se explicaran las razones del gobierno para retirar el Bono Valech, proyecto que entregaba una compensación única a víctimas de la dictadura.

En sus dos horas de duración, en el encuentro se abordaron además asuntos como las vejaciones que se cometieron en el régimen de Augusto Pinochet y las acciones que ha realizado el Estado como reparación, y hasta el edificio de Valparaíso llegaron agrupaciones de derechos humanos y un grupo de manifestantes que pedían por “Libertad a los Héroes del ’73” e incluso hicieron un saludo fascista en la sala.

Hacia el final de la sesión, Carmen Hertz presentó una solicitud para reponer el proyecto que gatilló la interpelación, lo que finalmente fue aprobado por 74 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones.

1. La culpa es de Bachelet

“Este gobierno comenzó muy mal en su programa de DD.HH. Retiró este aporte miserable y tardío”, comenzó la intervención de Carmen Hertz, a lo que Larraín respondió en que las razones son “las dificultades de carácter financiero heredados del Gobierno anterior”.

Durante las dos horas, el ministro de Justicia insistió en la falta de recursos y aseguró que fue la administración de Michelle Bachelet la que no detalló la implementación de dicha iniciativa en la Ley de Presupuestos y se puso a “ingresar proyectos a última hora” cuando sabía que no podía financiarlos.

2 Impunidad

Durante la interpelación Carmen Hertz insistió en que el ministro respondiera si le parecía que el retiro del aporte –que calificó en reiteradas ocasiones como “miserable y tardío”– apuntaba a la reparación o si profundiza la impunidad para las víctimas de la dictadura.

Larraín detalló que en total el Estado de Chile ha desembolsado US$6.170 millones en términos de reparación, lo que incluye los US$632 millones por la Comisión Rettig, US$4.200 por los casos de exonerados, y US$1.141 por la Comisión Valech. Además explicó que se han destinado US$25 millones para archivos DIBAM destinados a la preservación de memoria y US$84 millones para el programa PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral de Salud).

“Yo no diría que eso es una cifra miserable. No se puede decir que Chile no ha hecho esfuerzos por reparar, pero hoy el país está en una situación de austeridad fiscal. No podemos que aquí se les han negado la sal y el agua, no es así”, declaró el ministro, quien además aseguro que la reparación “aún no ha terminado” y que la administración contempla crear una comisión calificadora permanente para las víctimas que no entraron en Rettif y Valech.

Carmen Hertz

/ Agencia Uno

3. “Hay que seguir avanzando”

A lo largo de su intervención, Hertz le recalcó al ministro de Justicia que fue su sector el que apoyó la dictadura y detalló las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante ese período, que incluyeron vejámenes a menores de edad y mujeres embarazadas, allanamientos masivos, detenciones ilegales en la vía pública, ejecuciones desde el día uno y la tortura “como una práctica generalizada en los procedimientos policiales”.

Sin embargo, su argumentación fue esquivada por el ministro, quien respondió: “No puedo entender cómo se condice, me parece que esta insistencia de volver a decir las situaciones del pasado –que nadie está cuestionando–, no se condice una cosa con la otra. La descripción no se condice con el hecho mismo del retiro, creo que lo prudente es que nos circunscribamos a los hechos mismos de la interpelación”.

Larraín fue increpado por Hertz por calificar la dictadura como “gobierno militar” –”el gobierno militar fue una dictadura, ¿o alguien cree lo contrario?”, espetó– y luego dirigió su argumentación para señalar que “lo que tenemos que enfrentar es si como país solo nos vamos a quedar en esos hechos o vamos a avanzar, ¿cómo construimos un país unido reconciliado?”.

“Las nuevas generaciones piden saber la verdad de lo que ocurrió pero también quieren seguir avanzando”, insistió el ministro.

4. Comparación con pensiones de militares

En medio de la discusión sobre los recursos que el Estado chileno ha destinado como reparación, Hertz detalló que el promedio de las pensiones que reciben las víctimas de la dictadura es de $180 mil y además lo comparó con las cuantiosas sumas que reciben que hasta hoy siguen recibiendo los criminales y torturadores de la época.

La parlamentaria explicó que el Estado gasta 184 mil millones de pesos al mes en entregar pensiones a los torturadores y que esa cifra es el doble del apoyo único que contemplaba el proyecto retirado para los sobrevivientes de prisión política, que sumaba 91 mil millones de pesos.

“Son cuestiones que no son comparables, creo yo que las situaciones que se refieren a los militares corresponden a sus derechos constitucionales que no corresponde privar”, respondió Larraín, a lo que Hertz respondió que le parece que “es aberrante que los victimarios gocen de las pensiones que gozan”.

5. La carta que Larraín le envió a Pinochet

En medio de la discusión sobre el rol que deben tener las distintas instituciones del Estado en el proceso de reparación y el origen de las violaciones a los derechos humanos, Hertz aseguró que “estos hechos ocurrieron porque una elite política impuso un terror, una tiranía, esas son las razones por las que se llevaron a cabo estas practicas en contra la población”.

En ese momento, Larraín aseguró que “no es conveniente el camino de las recriminaciones y afirmar ‘nosotros somos los buenos, ustedes los males'”. “Es necesario reconocer el grado de responsabilidad mayor o menor que cada uno tuvo en estos episodios y en esta triste historia, por qué Chile llegó a esos niveles de violencia, qué partidos políticos –que hoy están aquí sentados– proclamaban la violencia como forma de actuar”, agregó.

Además le señaló a Hertz que lo que no compartía su apreciación histórica ni los juicios de valor que hacía, pero que los entendía porque en el caso de ella también era “algo de carácter personal”.

En ese momento, la parlamentaria lo detuvo y le aclaró que las violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura están reconocidas internacionalmente y que “los hechos de los que hablamos son crímenes de lesa humanidad, no errores ni excesos de fuerza de la naturaleza humana, como usted escribió en una carta que envió al dictador en 1995”.