Tráfico ilegal de dominicanos estalló tras regularización del primer gobierno de Piñera

Milta (54) se demoró más de diez días en llegar desde República Dominicana a Chile. En avión no tarda más de diez horas, pero el vuelo que ella hizo fue para salir de la isla y llegar a Quito, (Ecuador) y luego el trayecto solo fue por tierra, burlando fronteras en buses y autos. Fue detenida en Perú junto a una amiga con la que viajaba, y ambas fueron llevadas a un cuartel policial, donde los mismos oficiales le robaron los US$1.700 que traía. Sufrió tocaciones impropias y su amiga fue violada por cuatro policías delante de ella. Caminó por ocho horas desde Tacna a Arica, de noche y en pleno invierno, esquivando minas antipersonales y controles policiales, guiada por un coyote. Finalmente, logró llegar a Santiago el 5 de julio de 2015

Similar es el caso de Rosa (38), quien pagó US$1.000 por un pasaje a Quito, y debió dejó en su país a sus cuatro hijos. Luego de un largo trayecto hasta Tacna, la condujeron hasta Pisagua, donde fue capturada por un «coyote» que la mantuvo secuestrada por tres meses, sometiéndola a violaciones sistemáticas, golpes y amenazas de muerte, hasta que logró escapar y cruzar la frontera de forma clandestina.

Sus testimonios son solo algunos entre lo 91 que integran la carpeta de investigación de uno de los casos emblemáticos de la fiscalía de Arica, que en 2016 desbarató la red de tráfico de personas más grande que operaba en el país. Engañaban dominicanos y de forma ilegal, los contactaban en la isla y les indicaban que debían viajar a Ecuador, país con fronteras abiertas y epicentro de los movimientos migratorios de Latinoamérica, en donde les entregarían la visa y los pasajes en avión a Santiago. Pero eso nunca ocurría.

El juicio será en septiembre y cuenta con siete imputados –un colombiano y seis peruanos–, entre ellos la líder de la red, Soledad Maquera y su brazo derecho, Juan Castillo, alias Arturo.

Se estima que solo esta organización, que operaba desde 2014 en el menos cinco países, tuvo más de 3 mil víctimas, lo que la convierte en la investigación más importante de este delito en Chile, con el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y la Corporación Humanas como querellantes.

Un reportaje realizado por Revista Viernes señala que, de acuerdo a estimaciones, son más de tres mil los ciudadanos dominicanos que han ingresado de manera ilegal al país desde 2012, pese al requisito que estableció el gobierno de Sebastián Piñera para las personas de esa nacionalidad.

En 2012, el Estado chileno impuso una visa consular para los ciudadanos dominicanos, que hasta ese entonces alcanzaba 4.468 ingresos regulares al territorio, según los registros desde 2005 en adelante. Sin embargo, la migración no se frenó y, se estima, que a la fecha el aumento de más de 3 mil ciudadanos dominicanos de forma irregular significa un aumento de cerca de un 4.000%.

Distintos expertos manifestaron sus reparos ante este tipo de medidas y señalaron que la exigencia de una visa puede ser el comienzo de un problema mayor. «Hay fronteras que son muros reales, como en Estados Unidos, y hay otras que establecen muros simbólicos, como una visa consular», aseguró Víctor Hugo Lagos, abogado del SJM y representante de 20 de las 91 víctimas.

«Está muy estudiado que la visa no frena la migración y que, incluso, provoca un aumento de los ingresos irregulares, porque la persona migra por una consideración superior a qué tan beneficiosa sea la ley para él en aquel lugar que se le presenta como un sitio estable, donde va a encontrar trabajo y una mejor calidad de vida para su familia. Por eso, la gente viaja igual», agregó.

«El caso dominicano es paradigmático, por lo mismo no entendemos cómo el Estado anuncia una visa consular ahora para los ciudadanos haitianos. Se está usando la herramienta equivocada para lograr el objetivo. ¿Cómo no aprender de los errores,», reclama la abogada Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de la UDP, en alusión a la visa consular que el gobierno anunció a mediados de abril de este año.

«Con este tipo de decisiones el Estado se dispara en el pie y demuestra que no tiene una verdadera comprensión de la migración, porque con esto se genera un aumento explosivo de migrantes irregulares y la activación de redes que lucran con ellos, con todo el riesgo que eso significa», cerró.

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