El pasado jueves 28 de junio llegó hasta la Fiscalía Nacional una denuncia por posibles delitos de “omisión” y “encubrimiento” contra altos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Según consigna Radio Bío Bío, la denuncia, que fue hecha por el funcionario de la PDI y abogado Alejandro Vignolo Morris, fue derivada desde esta semana a la Fiscalía Centro Norte.

Según se indica en la denuncia, el oficial de la PDI señala que una serie de hechos irregulares habrían ocurrido dentro de la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol) y que tendrían su origen en el desempeño del secretario de Estudios, Manuel Muñoz Soto, a quien se le sindica como el líder de un modelo de defraudación que habría, al menos hasta marzo, operado en el recinto de formación.

Según consta en la denuncia dirigida al fiscal nacional Jorge Abbott, se establece que “dichos hechos en términos generales dicen relación a solicitudes de pago y de beneficios que realizaba en forma constante el secretario de estudios, comisario Manuel Muñoz Soto, vía aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp a un grupo de docentes de la Escuela de Investigaciones Policiales a cambio de mantenerlos como profesores institucionales”.

Junto con esto, se señala que Muñoz pidió dinero a un profesor debido a que había autorizado pagos a su favor por clases que nunca se realizaron.

Alejandro Vignolo también informó a la fiscalía que durante su declaración frente al departamento V de la PDI, más conocido como “asuntos internos”, dio detalles no solo como testigo sino también pruebas de cómo se habrían cometido los delitos por parte del comisiario Muñoz.

Además, Vignolo nombró a todos los oficiales de rango que conocieron o se enteraron de la denuncia que realizó en marzo pasado para dejar en evidencia que la plana mayor de la PDI estuvo al tanto, desde un principio, de los hechos.

Dentro de los altos funcionarios que estarían implicados en el encubrimiento de los hechos está el subdirector Operativo, Darío Ortega; el subprefecto de la PDI Erick Menay Pino y el inspector general, Óscar Rosas Bahamonde, junto al nombrado Manuel Muñoz.