H.L.Q., (17 años), B. L. Q. (17 años) y D. N. M. (16 años) son los tres menores de edad que fueron investigados en el marco de la fallida Operación Huracán, liderada por la Unidad Investigativa de Operaciones Especializada (UIOE) de La Araucanía.

Los jóvenes fueron parte del grupo de 17 personas que el ex director de Inteligencia Gonzalo Blu incluyó en su informe 130, el que fue despachado al fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes el 20 de septiembre de 2017 y contenía las supuestas interceptaciones telefónicas que probaban la participación de un grupo de comuneros mapuche en diversos atentados incendiarios entre las regiones del Bío Bío y Los Ríos.

El documento, disponible en la causa judicial que dirige la Fiscalía contra Blu y otros 11 ex funcionarios de Carabineros por montaje de evidencias, menciona a los menores de edad como parte “del grupo que recibía órdenes de Héctor Llaitul, además de dinero, armas de fuego y municiones para ejecutar los delitos de incendio”.

El informe 346, una ampliación del primero, firmado esta vez por el ex general de la zona, cabeza de la UIOE y formalizado por manipulación de instrumento público, Marcelo Teuber, los vincula directamente a los atentados incendiaros que afectaron a las empresas Cavalieri (19 camiones quemados), Calafquén (16 camiones) y Sotraser (29 camiones),

Durante estos días el Juzgado de Garantía de Temuco ha alojado las audiencias de formalización por el delito de asociación ilícita en contra el ex general Blu, además del mayor (R) Patricio Marín Lazo, el capitán (R) Leonardo Osses Sandoval y el civil Alex Smith Leay, conocido como el “profesor” al interior de Carabineros, creador de la supuesta aplicación que habría interceptado los mensajes de WhatsApp y Telegram.

Blu, en su calidad de jefe de Inteligencia de Carabineros, hizo uso de la Ley de Inteligencia para interceptar los teléfonos celulares de 23 comuneros y comuneras mapuche, con el aval del ministro Aner Padilla, de la Corte de Apelaciones de Temuco. El informe menciona a 17 personas como las responsables de los atentados, basándose en mensajería telefónica. “Esas diligencias nunca se realizaron, las comunicaciones que se reprodujeron son falsas, ya que nunca existió interceptación (…) así como son falsas las supuestas conversaciones entre los sujetos”, aseguró el fiscal a cargo de la causa Huracán, Carlos Palma, durante la audiencia de formalización.

Según detalló el persecutor, se trata de 44 conversaciones realizadas entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre entre estas 17 personas, entre las que se incluye a los tres menores de edad. “Son Smith y Osses los que inventaron las conversaciones consignadas en el [informe] 130, asociados con Marín y Blu”, dijo Palma. Los cuatro son acusados de formar una asociación ilícita, destinada a obtener buenos resultados en investigaciones penales de casos de la llamada “violencia rural”.

Ese informe 130 fue utilizado por el fiscal regional Cristián Paredes para iniciar una investigación penal en contra de diez de esas 17 personas. Ocho de ellos fueron detenidos inmediatamente en la mediática Operación Huracán y pasaron más de un mes en prisión preventiva hasta ser liberados por orden de la Corte Suprema. La causa se caería dos meses después, cuando la propia Fiscalía perició los teléfonos de los imputados y se dio cuenta que las conversaciones eran falsas. Si bien la Fiscalía de La Araucanía incluyó a los tres menores en las primeras solicitudes de diligencias, nunca se les pidió una orden de detención.

“Hay mucha violencia contra niños mapuche”, asegura Karina Riquelme, abogada del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), que lleva años representando a comuneros mapuche en juicios. “Los allanamientos, los interrogatorios, la violencia es tanta que llegan a este extremo de imputar delitos terroristas falsos, hacen de los niños mapuche un enemigo”, agrega.

Riquelme recuerda el caso de tres niños entre 12 y 14 años y una niña de 12, que se vieron enfrentados a un crudo control de identidad de parte de Carabineros, en el que incluso los obligaron a desnudarse y a entregar información respecto al dirigente de la comunidad mapuche a la que pertenecen. El caso fue llevado a la Corte Suprema, después de que la Corte de Apelaciones de Temuco rechazara el recurso de amparo. Los ministros del máximo tribunal del país fueron particularmente críticos de Carabineros, recordando que los menores de 18 años no pueden ser sometidos a un control de identidad y mucho menos en tales condiciones denigrantes.

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Lo cierto es que, con Huracán, no es la primera vez que se investigan a menores de edad mapuche y se les vincula a atentados incendiarios. En el año 2013, Juan Queipul Millanao y Luis Marileo Cariqueo fueron procesados por la Ley Antiterrorista en el caso llamado “Peaje Quino”. Después de una extensa huelga de hambre, el primer gobierno de Sebastián Piñera accedió a modificar la ley que regula conductas terroristas, impidiendo su aplicación a menores de edad.

Dicho caso terminó en un fracaso absoluto para Carabineros y la Fiscalía, al demostrarse que los antecedentes contra los 10 imputados fueron inventados por Raúl Castro Antipan, un funcionario de Inteligencia de la policía que operó bajo el amparo de Patricio Marín Lazo, el mismo que ahora es formalizado por Huracán.

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Según reporteó este medio el año pasado, más de 100 niños y niñas mapuche han sido protagonistas de recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones, reclamando por la violencia policial que han sufrido por años.