El pasado lunes 25 de junio, estudiantes movilizados de la Universidad Central regresaron a clases luego de permanecer más de dos semanas en toma. Su exigencia apuntaba a erradicar la educación sexista al interior de la institución y, a la vez, exigir el fin de las situaciones de acoso y abuso sexual.

En el contexto de la negociación, las estudiantes feministas presentaron denuncias que comprometían a 14 académicos y funcionarios del plantel. Al respecto, el director de comunicaciones corporativas, Sergio Escobar, sostuvo que “para tener un debido proceso, estos académicos fueron separados de sus funciones y el comité de ética tiene que investigar estas denuncias y ver si es que tienen o no pruebas”.

Las acusaciones fueron canalizadas en la asamblea de mujeres e identidades no heterosexuales, donde se precisó que los docentes y funcionarios estarán alejados por 30 días de sus funciones, hasta que concluyan las investigaciones.

El director de la Escuela de Ciencia Política, Rodrigo España, fue uno de los académicos separados. La información fue confirmada por el decano de la Facultad de Gobierno, Marco Moreno: “Por recomendación del comité de ética (…) el director de la Escuela de Ciencia Política ha sido separado provisionalmente de sus funciones, a objeto a desarrollar de mejor forma dicho proceso investigativo”.

El director de carrera no fue apartado por una denuncia de acoso en su contra, sino por cómo se hizo cargo de un caso que le fue informado. Además, en la Facultad de Comunicaciones también hay académicos separados debido a las denuncias.

“Hace poco me enteré que en la facultad hicieron una lista donde ponían a las ‘más bonitas o ricas’ y me contaron que yo estaba dentro de esa nómina. En la construcción de la lista participaron estudiantes junto a un profesor, quien siempre se me acercó mucho“, contó Magdalena Rubio, estudiante de tercer año de Periodismo.

En la negociación, la asamblea estipuló cómo debía actuar la institución ante las denuncias: “Acordamos que ellos (las autoridades) tenían tres días desde que firmamos el acuerdo para generar medidas de seguridad para las víctimas. Eso significaba que (los denunciados) iban a ser separados de sus funciones administrativas o docentes”, explicó Elize Cárcamo, integrante de la asamblea.

Cuando la acusación involucra a un estudiante, este está obligado a dejar de asistir a clases. Durante al menos 30 días, en el caso de los docentes, no podrán realizar funciones académicas ni administrativas.