La solución a la violencia no está en la cárcel

Al igual que a toda la ciudadanía, nos preocupa y condenamos todo tipo de ejercicio de violencia, incluyendo cuando esta es ejercida por personas menores de edad. Las imágenes que muestra a diario la televisión, tanto de adolescentes como de menores de 14 años involucrados por adultos al delito, van constituyendo una imagen de país en franco deterioro en su convivencia social y en cuanto a la seguridad hacia las personas y hacia los bienes. Frente a esta construcción surgen las soluciones de populismo penal que vemos en la prensa, con demandas de mayor encarcelación y rebaja de la edad de imputabilidad.

Desde una política seria que resguarde la seguridad de todos y avance hacia un Estado de mayor bienestar, se requiere partir del fenómeno objetivándolo. Datos del Ministerio Público señalan al respecto una baja sostenida de ingresos de imputados al sistema penal adolescente, con 70.761 casos en el año 2008, disminuyendo sostenidamente a 40.761 el año 2016, equivalente al 42,4% menos. De estos, los delitos más violentos, como los homicidios, han mostrado una baja aún mayor: en 2009 fueron 195 imputados y en 2016 fueron 94 imputados adolescentes, es decir, disminuyeron en un 48,2%.

Respecto a generar acciones para la disminución de los actos violentos, ya está probado que las soluciones de mayor punitividad no traen más protección ni paz social. La evidencia científica ha demostrado que a mayor violencia del Estado frente a los imputados y responsables de cometer delitos, la violencia de estos aumenta llevando a una escalada en espiral.

La privación de libertad en adolescentes genera conductas psicopáticas, ligadas a la conformación de una coraza del sujeto frente a los estímulos del medio carcelario que no le permite mediatizar las respuestas por el mundo afectivo y valórico; se generan trastornos en la vivencia y expresión de la emocionalidad, caracterizada por una indiferencia afectiva, que si bien le permiten protegerse del sistema carcelario, también le evitan percibir las reacciones emocionales personales y el sufrimiento ajeno (lo visto en televisión sobre los tratos a los imputados ecuatorianos y su filmación es producto de esto).

Además de la impulsividad y la intolerancia a la frustración, ambas favorecidas por el entorno de la cárcel, la pérdida de la cercanía familiar y de otras figuras adultas o pares significativas potencia aún más que el adolescente termine la construcción de su personalidad a partir de lo entregado en el contexto carcelario, consolidándose una identidad delictual con un aumento en las expresiones de violencia.

Los contextos en que habitamos reflejan una violencia estructural, que se naturaliza en todos los ámbitos y afecta a todos, en mayor medida a las personas de los territorios de mayor vulnerabilidad; y dentro de estos los niños, niñas y adolescentes, por su mayor dependencia al entorno.

El crimen organizado y el narcotráfico ocupan los espacios en los territorios, generando desplazamientos de familias, ocupaciones de viviendas y prebendas a los participantes. Este dominio de sectores comunitarios incluye la involucración de adolescentes y niños. La búsqueda de soluciones no pasa por penalizar a los niños, sino por resguardarlos generando mayores protecciones.

Para prevenir y enfrentar estas situaciones se deben recuperar los espacios en los territorios comunitarios mediante políticas de promoción y de seguridad humana en los ámbitos de educación, recreación, habitabilidad y prevención situacional, entre otros.