La irrefrenable ansiedad que caracteriza presidente Piñera lo llevó a visitar Quintero y Puchuncaví, lugares de una crisis ambiental de envergadura que había intoxicado y envenenado a 350 personas, especialmente niños. Las autoridades no fueron bien recibidas.

Globos negros y lienzos desplegados mostraban la indignación de los ciudadanos de la zona contra la autoridad. La presencia de Piñera era insuficiente. Los habitantes querían conocer las empresas que contaminaban y las sanciones que se aplicarían. Y, no creían a la ministra del medio Ambiente, Carolina Schmidt, sobre la exclusiva responsabilidad de la empresa pública ENAP en el desastre.

Es que la historia se repite. Y el cansancio induce a la protesta. Los ciudadanos de Quintero-Puchuncaví no son violentistas, sino ciudadanos enojados porque las empresas contaminantes no rectifican y el Estado, en la práctica, las protege.

El 2011 ya había ocurrido una grave emergencia que afectó a los niños del sector La Greda de Puchuncaví y que gatilló una serie exhaustivas investigaciones y recomendaciones de medidas urgentes. Entre ellas, un trabajo de la experta de la Universidad de Harvard, Eva Madrid, que indica altos índices de cáncer relacionados con la contaminación en Quintero-Puchuncaví. Como suele suceder, no se implementaron las medidas correspondientes.

Sabemos cómo marcha este mundo. En Chile hay un pequeño grupo de grandes empresarios, con el respaldo de la clase política, que se ha llevado la parte del león de los beneficios del crecimiento económico. Pagan bajos impuestos, no cumplen con las leyes laborales, utilizan tarjetas usureras para vender con altos precios a la gente modesta, convirtieron la educación y salud en un negocio, y tienen a los jubilados con pensiones de hambre. Es el “modelo de crecimiento” que favorece las desigualdades y que no trepida en destruir el medio ambiente y la salud de las personas si ello sirve a la acumulación de ganancias.

En Quintero y Puchuncaví ha quedado de manifiesto, que al “modelo de crecimiento” se le pasó la mano. En el modelo económico actual los derechos de los empresarios son más importantes que los derechos de los niños. La ganancia privada arrasa con el interés público cuando el Estado es condescendiente o timorato frente al poder económico.

La nueva ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, cometió un grave error. Anticipándose a investigaciones, apuntó directamente contra ENAP, salvando así a las empresas privadas. En particular, ocultaba la eventual responsabilidad de Oxiquim, empresa química, cuyo presidente y amigo es Fernando Barros, socio de su esposo y también abogado del presidente Pinochet. Mala cosa.

Desde hace largo años las empresas emiten gases contaminantes en la zona y evacúan residuos a la bahía de Quintero. Pero, ya lo sabemos, las leyes del mercado son ciegas frente al equilibrio ecológico. Cuando la pasión empresarial por el lucro no es regulada debidamente destruye la naturaleza y condena a los más débiles a asumir los costos del crecimiento. Este tipo de crecimiento no le sirve al país.

La institucionalidad medioambiental, como tantas otras veces, no ha estado a la altura de las circunstancias.La situación de Quintero-Puchuncaví es una tragedia que debiera servir para colocar, de una vez por todas, en el centro de las políticas públicas la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.

Nuevamente, las organizaciones civiles han sacado la cara por la democracia. Su movilización en defensa de la vida y del entorno en que viven las comunidades es un referente para otras regiones del país. Piñera no debiera acusarlas de violentistas.

No interesa un crecimiento ciego, que beneficia sólo a unos pocos grandes empresarios. La ciudadanía anhela un crecimiento responsable con el medio ambiente, con la salud de las personas y que beneficie a toda la sociedad.


Economista