Lo que ocurre en la bahía de Quintero es una prueba empírica, de muchas otras si uno sabe dónde buscarlas, de la imposibilidad que alguna vez nuestro país pueda acercarse siquiera al umbral del mentado “desarrollo”. En nuestra calidad de país OCDE, lo que sucede en la bahía de Quintero es una bofetada que nos debería hacer despertar de la catalepsia arribista de pretender ser algo que realmente no somos. Es una versión más dramática de la imagen de naranjas colgadas con alambres en patios interiores de la Casa de Gobierno.

Lo de Quintero es un síntoma de un problema estructural de voluntad política mucho más profundo, mucho más extenso y mucho más desalentador de lo que escasamente aborda la prensa local. Para ubicarnos alguna vez en la senda del “Desarrollo”, claramente se deberían adoptar políticas públicas e institucionales significativamente distintas a las implementadas hasta la fecha. Un ejemplo de ello lo representa nuestra institucionalidad ambiental; la que, en combinación con las políticas de crecimiento económico, han promovido, permitido y desarrollado aberraciones inorgánicas e inconexas como el núcleo industrial existente en Quintero y que se replican en otras zonas costeras del país (como las bahías de Mejillones, Coronel, San Vicente o Talcahuano, por nombrar sólo algunas) y de tierra adentro.

En un país donde se ha machacado durante decenas de años la idea del crecimiento económico sin transar, como única vía al bienestar de la población, complementada con el artilugio retórico de la “política del chorreo”; ha generado una casta de actores sociales enquistados en la administración del Estado y del tejido productivo, que están preocupados de alcanzar los máximos beneficios económicos, en el menor tiempo posible sin importar los costos sociales (y ambientales) que esto conlleve.

Como ha quedado demostrado empíricamente, en un país propenso a las leguleyadas como el nuestro, las normas establecidas en Leyes y Reglamentos de distinto calibre (incluidas las ambientales), pueden ser evadidas si se cuenta con los recursos económicos suficientes y los contactos adecuados. Las únicas leyes que se respetan a cabalidad y de manera democrática en nuestro país, corresponden a las leyes de la naturaleza, todas las demás son susceptibles de ser zafadas.

Así como hasta la fecha, el bienestar económico y ambiental consagrado en la Constitución y las leyes, ha sido patrimonio de unos pocos. Donde el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” está distribuido de manera antidemocrática entre la población del país, quizás se debería intentar distribuir de manera equitativa los “malestares o externalidades negativas” de todos los proyectos de desarrollo que cuenten con el permiso ambiental respectivo, asegurando sobre todo que los efectos negativos del “crecimiento económico” sean padecidos por las familias de directores y gerentes de las empresas privadas y estatales, como lo padecen el resto de las familias donde se desarrollan tales proyectos. Quizás de esa manera lograremos como país encontrar la verdadera senda al “Desarrollo y Bienestar”, al cual todos aspiramos.

Marcelo Saavedra P.
Biólogo