El primer paso para resolver un problema es entender de qué se trata. En este sentido, la situación vivida en la – ahora por todos denominada – Zona de Sacrificio de Quintero y Puchuncaví presenta una dificultad prácticamente insalvable para el gobierno. Desde el principio ha sido evidente que para éste, no se trata del problema de la contaminación en sí, sino de un problema comunicacional. Hemos visto, así, innumerables gestos por parte de autoridades, por lo general, bastante desafortunados, intentando dar por entregada información que no se entrega, por terminada una emergencia que no termina, … por resuelta una crisis que ni siquiera ha podido definir.

Más allá de Comités de Operaciones de Emergencia  en el territorio, pero a espaldas de éste y de su población; de atribuciones de responsabilidad que luego se moderan, cambian, diluyen; de medidas inefectivas y ni siquiera tan efectistas a esta altura; persiste el impasse: la gente demanda soluciones, y el gobierno sólo le da respuestas. Como además, éstas son precarias, contradictorias, efímeras, se refuerza la percepción de la gente: no se aborda el problema real.

Una primera dimensión del problema, que lo hizo apremiante, luego de tanto tiempo de sufrimiento silencioso, tiene que ver con la inmediatez y la premura de una población que se siente en vías de intoxicación aguda. Ha ocurrido una serie de episodios, en que la población ha llegado en masa al hospital, con síntomas de intoxicación, además de consultas mantenidas más allá de los peaks del 21 y 23 de agosto, y el 4 de septiembre. A nadie le sorprende saber por Facebook que hay un nuevo grupo de personas consultando con “los síntomas” (aunque todavía no tengamos una versión oficial sobre este punto). Nadie podría a aseverar a primera vista que esta vez se trate de eventos reales. La desconfianza y el temor son tales, que cualquier rumor prende y se disemina. La búsqueda del origen de la intoxicación, salpicada desde un principio por una increíble sucesión de desaciertos, torpezas y francas negligencias, ha resultado, como era de esperar, infructuosa.

Ahí se produce una primera dificultad insalvable para el gobierno. Si la cosa hubiera sido un episodio, y la porfiada realidad le hubiera hecho caso al intendente cuando declaró superada la emergencia, podrían haber apostado al desgaste, a la dinámica propia de las movilizaciones; en que luego del ímpetu de lucha, se impone el conformismo. Pero la situación ha seguido.

El peak de consultas del día 4 y los casos que han aparecido entre medio, evidencian algo preocupante: las autoridades no saben qué pasa, y por tanto no pueden garantizar que no haya más episodios. Esto no es un pecado inconfesable. Nosotros, que hemos trabajado en este episodio, apoyando a las organizaciones, y que hemos sido tan críticos, también debemos asumir que no tenemos una varita mágica para saber el origen de los eventos, y cómo evitarlos; si bien nos inclinamos cada vez más por un origen más cercano a las zonas afectadas. El gran problema es que, en vez de asumir sus dudas, sus carencias, su incertidumbre, el gobierno prefirió mentir desde un principio y dejar fuera a la gente que sufre la situación y a quienes, desde la academia, podríamos ayudar. Ocultaron información, partiendo por inventar versiones absurdas para sus dificultades en usar “la máquina de los 120 gases”. El predominio del manejo comunicacional, por sobre el técnico, ha impedido siquiera buscar seriamente la solución al enigma. Era más fácil repartir culpas que intentar resolver el problema. Lo complicado el método para chequear si se logró es riguroso: ¿Aparece más gente con síntomas? Dada la pérdida casi absoluta de confianza en el gobierno, ya ni siquiera esta pregunta puede ser respondida tan fácilmente: no sabemos qué consideraremos un caso, y la gente sospecha que cuando le diagnostican otra cosa, es sólo para ocultar a verdad. Consiguieron destruir la confianza a un punto que parece de no retorno

Pero existe un segundo punto por el que el gobierno no puede resolver el problema y debe concentrarse en lo comunicacional: cambiar el problema de fondo requiere cuestionar el fondo del modelo de desarrollo. No se trata de hacer más rigurosa una norma, ni cinco, ni diez. Se trata de terminar con la destrucción de un territorio mucho más allá de lo que manda la ley, de considerar el daño como un  efecto sinérgico del complejo industrial, y no un problema de una empresa en particular, respecto de un contaminante en particular. El gobierno de Piñera no llegó para eso, sino todo lo contrario.

Dada la incapacidad de resolver lo inmediato, y la imposibilidad esencial de abordar el problema de fondo, sólo les queda esperar. Por ahora, apuestan al desgaste del movimiento; a trabajar con “dirigentes” afines, que promuevan la desmovilización y el conformismo.

O seguir esperando, hasta que un terremoto en alguna parte, unos mineros enterrados, o directamente una “caja china” inventada, les permitan hacer un mutis por el foro, sin haber resuelto nada