“En el mundo digital estamos viviendo un tiempo de mucha violencia hacia ciertos grupos, especialmente hacia las mujeres, debido a que hay un traspaso de lo que pasa en el mundo físico pero además porque existen condiciones que permiten que esto prolifere mucho más y se dé con mayor frecuencia”, explica Jessica Matus, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos.

Durante la tarde de este jueves, la organización realizará el lanzamiento del primer estudio sobre violencia contra mujeres y comunidad LGTBI+ en internet en Chile, que indaga tanto en las conductas más frecuentes que deben enfrentar las integrantes de este grupo –obtenidas de una encuesta aplicada a 59 activistas que en su totalidad se definen como mujeres, ya sea cis o transgénero– y además se pregunta si el marco normativo actual en el país está en condiciones de dar respuesta a esta problemática.

Entre sus principales hallazgos, la totalidad de las encuestadas declaró haber sufrido algún tipo de violencia en redes sociales: un 88,14% apuntó a la violencia verbal (burlas, insultos, humillaciones, entre otras manifestaciones), el 66,1% declaró haber enfrentado acoso y el hostigamiento, mientras que la tercera forma de violencia más común, con un 40,68%, fue el envío de imágenes o videos agresivamente sexuales sin que la persona lo pidiera. 

Además, un 30,51% sufrió la exposición de información falsa sobre su vida personal, un 22% sufrió amenazas explícitas y otro 18,64% sufrió la pérdida de redes sociales o del correo a través de hackeos. En menores porcentajes, también se mencionó haber sufrido la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (13,56%), suplantación de identidad (11,86%), extorsión (10,17%), publicación de datos personales en webs o foros (8,47%) y la grabación y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en ninguna parte del proceso (6,78%).

“Hicimos este levantamiento que en Chile no se había hecho antes a raíz de los muchos casos que todos hemos visto, por ejemplo en los medios, donde hay una gran cantidad de figuras públicas que han sufrido filtración de fotos. Tenemos el caso más icónico, que es el de la niña Naty –del video conocido como ‘Wena Naty’–, donde la violencia fue tal que fue considerado el primer viral, más que el primer caso de violencia de género en internet”, agrega Matus.

“El Estado tiene que hacerse cargo desde la penalización a la reparación”

La importancia de regular la violencia en internet ha sido reconocida incluso por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en su Consejo de Derechos Humanos de 2012 afirmó que los mismos derechos que las personas tienen offline deben ser protegidos online.

En la misma línea, el estudio afirma que los hechos de violencia de género recopilados no solo afectan el derecho a la privacidad de las víctimas, sino también aquellos relacionados con su seguridad e integridad psíquica, la protección de su información personal, el honor, su propia imagen y el derecho a la libertad de expresión, y que contrastan con la falta de información sobre este aspecto en América Latina.

El análisis realizado señala que actualmente el marco normativo chileno no cuenta con herramientas para sancionar los hechos señalados, y que solo algunos de ellos podrían entrar bajo el delito de “injurias y calumnias”.

Por otra parte, hasta el momento existen dos proyectos de ley en el Congreso que abordan la materia: el primero, presentado en junio pasado, propone incluir el acoso y hostigamiento digital en la ley de delitos informáticos, mientras que el segundo, propuesto en agosto, sanciona la difusión no consentida de imágenes de connotación sexual obtenidas con ocasión de la vida en pareja.

– ¿Cuáles son sus principales observaciones ante el marco legal chileno?

– Nosotros hicimos este documento para contribuir a la creación de políticas públicas que avancen en la sanción, reparación y prevención por parte del Estado, y creemos que aquí debiera haber una propuesta que se haga cargo de forma más integral del tema. En cuanto a la difusión de imágenes sin consentimiento pasa que la visión es muy limitada, porque muchas veces se puede dar por una ex pareja pero también puede ser por terceros, la venganza o el ánimo de venganza no es la única causa.

El proyecto de ley que está en el Congreso quiere hacerse cargo de la violencia en el pololeo, pero en realidad no es eso, aquí tú tienes que hacerte cargo de la violencia de género en internet en términos amplios, no puede circunscribirse a una ex pareja o alguien que haya tenido una relación de afectividad, a lo más ese tipo de cosas podría ser un agravante al delito, pero no ser parte de él.

– ¿Cuál debería ser el enfoque de las iniciativas en torno al tema?

– El acoso internet u hostigamiento, la publicación de información personal y la difusión de imágenes íntimas son violencia de género y deben ser tratadas como tal desde el Estado, los medios de comunicación, desde los sistemas educativos, los sistemas judiciales, penales y desde los sistemas judiciales civiles. Esto es transversal, tenemos que entender que la violencia de género se ha trasladado a entornos digitales y el Estado tiene que hacerse cargo desde la penalización a la reparación, pasando por un programa educativo previo.

El hecho de que estas conductas sean en internet no quiere decir que sean menos graves o menos serias que el acoso o la violencia en el mundo físico, o fuera de internet. Todas estas conductas son parte de un continuo de acoso y hostigamiento que puede partir pero pasar al mundo físico o a la inversa o simultáneos, es parte del mismo círculo.