En líneas generales los análisis sobre el Frente Amplio tienden a centrar su mirada en las connaturales disputas internas inherentes a cualquier agrupación política. Escasean en cambio debates que inviten a encontrar oportunidades desde una mirada a largo plazo, sobre la unidad en un marco estratégico de acción, para un momento histórico como este (primer cuarto del siglo xxi). El debate largo muchas veces queda relegado a un segundo o tercer lugar, en un periodo que, aunque nuevo, reactualiza crisis que en otros momentos de mundialización se han vivido en las economías occidentales. Partimos desde una afirmación nada novedosa, pero que no debe quedar fuera de ningún análisis, que los regímenes amparados en los supuestos socialdemócratas viven sus momentos más complejos del siglo xxi.

Aunque su debilitamiento o el desborde al cual se están enfrentando se debe a múltiples factores, uno en particular interesa a esta reflexión, el agotamiento en la forma que comprendieron la gobernabilidad en una era de inestabilidad y aceleración del intercambio de mercancías y comunicaciones, bajo condiciones de globalización que dejó al capitalismo financiero libre de restricciones, convirtiéndose en prácticamente una “fuerza natural” incontrarrestable[1]. Junto con invitar a un dialogo bajo una mirada más larga del rol de esta nueva coalición política, es necesario plantear una oportunidad histórica para el Frente Amplio, mucho menos pretenciosa que la superación del régimen como se ha proclamado, sino que decididamente abocada a la construcción de condiciones contrahegemónicas, que permitan desviar la tendencia hacia una regresión autoritaria que ofrecen otros proyectos en América Latina y occidente en general, ofreciendo salidas bajo nuevas formas de comprender la gobernabilidad.

El trasfondo cultural donde se asentaban los regímenes democráticos hasta antes de la caída del muro, corresponde a una representación dirigencial que la subjetividad industrial o desarrollista construía, bajo ciertas treguas entre capital-trabajo. Este marco se traducía en decisiones tomadas por conglomerados políticos, nutridos de una capa de expertos y técnicos, que representaban a las mayorías buscando las mejores alternativas de desarrollo posible dentro del marco del capitalismo, nunca fuera de él. El trasfondo cultural donde habita las diferentes formas de democracia hoy, se caracteriza por una subjetividad neoliberal globalizada, en momentos donde la velocidad de la comercialización y la comunicación no tienen precedentes, haciendo mucho más complejos los avances y las transformaciones para una vida digna para los proyectos progresistas. A esta complejidad se debe añadir la cooptación de conglomerados políticos completos por el poder financiero, que en Chile en particular han significado tener leyes redactadas desde las mismas oficinas de las grandes empresas. Esta gran ofensiva neoliberal ha implicado una serie de perdidas para las clases populares a nivel global, en comparación con el extremadamente buen pasar de las elites económicas nacionales e internacionales. La participación de la riqueza total por parte del mundo del trabajo, cada vez se reduce más en relación con la participación que logra el capital[2], por ende, el poder aumenta su concentración, haciendo cada cambio y avance en beneficio de las capas populares algo engorroso,  y la adhesión a la política y sus instituciones cada vez más difícil.

Esta desafección por la política nos lleva a una obsolescencia de las viejas formas en que la socialdemocracia fundó su gobernabilidad. La gobernabilidad son acuerdos tácitos, pactos que la ciudadanía establece con la clase política para llegar a algún lado, mide correlaciones de fuerzas marcadas por los mercados, por las transformaciones culturales de un pueblo y los propios programas de gobierno. El abuso del acuerdo tácito y el no cumplimiento del pacto general, obliga a que la propia ciudadanía comience a buscar alternativas que desborden la institucionalidad vigente. El auge del neofascismo se puede enmarcar entre esos esfuerzos, por desbordar una institucionalidad que pese a la rotación de los gobiernos, no logra cambiar el marco general de los acontecimientos económicos.

El Frente Amplio desde la construcción de su programa de muchos, ensaya intuitivamente un desborde de la política, esa comprendida en los marcos de gobernabilidad definidos en el siglo xx, y busca encontrar respuestas en un sustrato cultural en la era de la información y la comunicación, que obliga a una democratización de las decisiones, abrir las cocinas y preparar la comida en la calle, en medio de la ciudad. Al mismo tiempo es un dique que permite salir al paso a regresiones autoritarias que podrían copar espectros políticos más amplios, ante la falta de agilidad de los bloques históricos de la transición.

El camino de una nueva comprensión de la gobernabilidad es difícil, porque se enfrenta a una desconfianza profunda de la ciudadanía producto de las promesas incumplidas del anterior pacto. El Frente Amplio no es solo una oportunidad electoral, es la oportunidad histórica de estas décadas del siglo xxi, de dar un nuevo brío a la democracia en Chile sobre la base de dos grandes pilares: profundización democrática y derechos sociales. La profundización democrática se basa en el trabajo constante por cerrar la brecha entre lo político y lo social, avanzar articulando pese a la resistencia, demostrando que la institucionalidad debe abrirse a ese país diverso y complejo como es el actual.

Y en el caso de los derechos sociales no pueden quedar desligados de la transformación del modelo económico, los derechos ambientales pasan por una reconversión de la matriz productiva, el derecho a la educación pasa por una transformación del sistema educativo y un plan nacional de desarrollo, el derecho a la salud pasa por la transformación del modelo que traspasa fondos incansablemente al mundo privado. La demanda de derechos sociales y su mero acceso, sin la construcción de condiciones para la transformación del modelo económico, no permitirá salir del desencanto y el malestar. Ambos procesos van de la mano, no pueden observarse como entes separado, si efectivamente queremos que la política vuelva a hacer una actividad transformadora y que otorgue sentido. El problema radica en que la lentitud de estos cambios y avances, no podrán ser tolerados por el campo popular si no se hacen bajo un nuevo pacto de gobernabilidad. No solamente por tolerar la lentitud de los cambios, sino porque implica una disputa de la subjetividad construida por décadas de subsidiaridad, aun cuando no podamos transformar vía proceso constituyente está lógica del Estado.

El periodo Bachelet-Piñera (2006-2022) serán 16 años de un periodo particular de la democracia transicional, caracterizados por intentos de capear la crisis de representación y el malestar social, mediante el alto respaldo a liderazgos personales, posibilitados por un sistema presidencial y un debilitamiento general de los conglomerados políticos. Gobiernos que proponen pactos para resolver el malestar, o vía ingreso económico (Piñera), o vía acceso a derechos sociales (Bachelet). El gobierno actual complementa la vía del ingreso como fórmula de desarrollo, con la fórmula de los acuerdos nacionales, buscando dar una salida a ese malestar que sigue latente.

El gobierno de Piñera zigzaguea entre esta fórmula complementaria de acuerdos nacionales y sus hábitos de gobernabilidad clásicos, donde la agenda la impone el ejecutivo sin contrapesos, lugar donde la elite que ha cogobernado Chile se sentía especialmente cómoda. Piñera y su gobierno no terminan de asumir que existe un nuevo marco político posterior al fin del sistema binominal, que implica lentitud muchas veces exasperante para el trasfondo cultural y subjetividad actual, que juega en contra de la legitimidad de la política en general, en particular desde el poder legislativo. Es que en democracia los cambios son paulatinos, solo en dictaduras como las vividas en Chile se pueden llevar a cabo cambios mediante schoks de violencia sobre la ciudadanía, para privatizar por ejemplo las pensiones o la educación. Cuestión que en ninguna democracia del mundo hubiese sido posible sin amplias mayorías en ambas cámaras. Ahora bien, la lentitud de los cambios es un riesgo, y hoy solo puede ser contrarrestada por un rol protagónico de la ciudadanía en la construcción de los cambios, y no como meros espectadores.

Tenemos un gobierno que, como el anterior de la Nueva Mayoría, comienza a situarse en niveles de aprobación y desaprobación estructurales. No se observa estrategia en el corto plazo para revertir esta situación desde La Moneda, lo cual nos puede llevar a un inmovilismo lamentable para todas las fuerzas políticas. La mayor responsabilidad hoy recae sobre el gobierno, a abrir de una vez el dialogo por reformas estructurales que impliquen un verdadero cambio: democratización y derechos sociales que implican transformación de un modelo económico estructuralmente diseñado para la desigualdad. Ante lo poco probable de este escenario, se producen oportunidades históricas para las fuerzas políticas de la oposición, en especial al Frente Amplio, de comenzar a construir una gobernabilidad que compensa la lentitud democrática de las transformaciones, mediante un rol protagónico de la ciudadanía en las instituciones, y en eso no podemos perder más tiempo.

[1]Lo único que le sobra al capitalismo para ser perfecto son los seres humanos”.  Santiago Alba R  http://nabarralde.eus/es/santiago-alba-rico-lo-unico-que-le-sobra-al-capitalismo-para-ser-perfecto-son-los-seres-humanos/.

[2] “Las causas del crecimiento del mal llamado populismo”. Vicenç Navarro  https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/10/03/las-causas-del-crecimiento-del-mal-llamado-populismo/


Jorge Rauld. Movimiento Autonomista, Dirección Nacional y Victor Ramos. Movimiento Autonomista, equipo político diputado Diego Ibáñez.