El ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el doctor en Derecho Luis Cordero asistieron este martes a la primera discusión del proyecto Aula Segura en la Comisión de Educación del Senado.

En su exposición, el letrado puso la lupa en los vacíos de la iniciativa legal propuesta por el ejecutivo y enumeró cinco casos en los que la normativa no podría ser aplicada para erradicar la violencia en los establecimientos educacionales.

Según Cordero, (1) el proyecto no serviría para abordar “el maltrato a carabineros (que está en otra legislación) y las agresiones verbales contra profesores”, dijo. “Tampoco serviría para (2) sancionar a estudiantes que realicen vandalismo en otros liceos (distintos a los suyos), (3) ni contra adultos o ex alumnos que promuevan la violencia, (4) o contra dirigentes estudiantiles que toleren la violencia (pues la justicia determinó que no pueden hacerse responsables de actos de terceros)”, agregó. Y por último, dijo, “ (5) no sirve para los encapuchados, porque no se conoce la identidad” de esos jóvenes.

Para el experto, “las leyes generales parecen suficientes” para atacar la violencia, “sobre todo porque esos hechos son delitos” que pueden ser perseguidos.

Cordero puso énfasis en eventuales episodios de discriminación a sectores de la población de escasos recursos generados por entregar “atribuciones de sanción y expulsión desproporcionadamente amplias. En su opinión, eso refleja “el lado oscuro de la tolerancia cero”, ya que la ley les entregará estas herramientas a todos los colegios públicos, en circunstancias de que la violencia se restringe hoy a siete liceos de Santiago. Por eso, su propuesta pasa por que “la Municipalidad de Santiago mejore los reglamentos internos de sus colegios (para incorporar la violencia como motivo de expulsión) a que se les entregue esta herramienta a todos los directores del país, por racionalidad de la política pública”, puntualizó.