Hace poco más de un mes que el presidente Sebastián Piñera presentó el Presupuesto 2019. Desde entonces, la propuesta está siendo revisada por grupos parlamentarios, organizaciones y expertos interesados en las cuentas que el mandatario propone para el próximo año.

Entre las partidas que se están escrutando está la del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que contempla más de 2.500 millones de pesos y que prevé un 3% más de inversión que el presupuesto previsto para 2018 (reajustes incluidos). Sin embargo, este aumento choca con recortes en distintos programas del Minvu debido a una política de austeridad fiscal fijada por el gobierno que se pone de manifiesto en todo el Proyecto de Presupuesto. En el caso específico de esta cartera, el aporte fiscal disminuye en un -4,9%.

Según la minuta elaborada por el Frente Amplio a la que ha tenido acceso El Desconcierto, uno de las subpartidas más afectadas es la de “Desarrollo humano”, que ha sufrido recortes en detrimento de la “habitabilidad”, considerada más prioritaria para el gobierno. Así, en total, los proyectos ligados a desarrollo urbano bajan en un -12.7%, afectando la inversión en el espacio público, por ejemplo en materia de seguridad en el espacio.

El documento detecta también “caídas sustanciales” en los presupuestos de los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de algunas regiones, encargados de ejecutar las políticas públicas de vivienda en el territorio. Si bien el presupuesto en total de todos los Serviu aumenta en un 3,49%, existen disminuciones importantes en algunos de éstos que son preocupantes al contrastarlas con las estadísticas CASEN de carencia habitacional y del Plan Zona Norte para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

tabla servius

En este sentido, los frenteamplistas señalan que el gobierno mantiene una “lógica errada para afrontar el problema de habitacionalidad” ya que su plan para resolverlo pasa por lanzar concesionar terrenos fiscales a inmobiliarias para que construyan y puedan arrendar a personas mientras estas ahorran para una solución más definitiva. “En vez de facultar a organismos públicos para ofrecer arriendos adecuados, fortaleciendo el rol del Estado en la superación de la crisis y asegurando precios y condiciones adecuadas para los arrendatarios, promueven [el ejecutivo] un mercado para prestadores privados, sin márgenes claros que limiten el lucro, y que eventualmente podría promover la concentración de la propiedad inmobiliaria en manos de propietarios rentistas”, destaca la minuta.

El texto critica, también, que la falta de recursos en algunos Serviu “es preocupante desde el punto de vista de la descentralización” ya que afecta la posibilidad de superar el déficit habitacional de las regiones afectadas, mejorar la brecha de segregación urbana, […] y prioriza una gestión centralizada de recursos en perjuicio de los órganos regionales”.

Cabe recordar que el déficit habitacional llega a los 393 mil requerimientos de nuevas viviendas, según el censo de 2017.

“Quiero mi barrio”

Otro de los programas más afectados es el de “Recuperación de Barrios” que, entre otros, ejecuta el programa “Quiero mi barrio”, uno de los pocos a nivel central que  se preocupa del mejoramiento urbano y de fortalecer comunidades a través de procesos participativos.  Según el documento, se reduce su asignación presupuestaria en un 24,88% real entre el año 2018 y 2019.

Para el 2019, la caída más drástica se observa en las Transferencias de Capital (-88,53%), que son las transferencias de capital que están destinadas a las municipalidades, priorizando, de nuevo,  una gestión centralizada de recursos en desmedro de los organismos regionales y locales.

tabla transferencia capital