El número de niños migrantes y refugiados en edad escolar alrededor del mundo actualmente podría llenar medio millón de aulas, un aumento del 26% desde el 2000, revela la edición 2019 del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM), publicado por la UNESCO y titulado Migración, desplazamiento y educación: construir puentes, no muros.

En el Informe se destacan los logros y deficiencias de los países a la hora de garantizar el derecho de los niños migrantes y refugiados a beneficiarse de una educación de calidad, un derecho que sirve a los intereses tanto de los alumnos como de las comunidades en las que viven.

Como plantea la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, “el aprendizaje no es un lujo. Cuando se niega la educación a migrantes y refugiados, todos pierden. La educación es clave para la inclusión y la cohesión y la mejor forma de forjar comunidades más fuertes y resilientes”.

El Informe revela en qué lugares de América Latina y el Caribe se ve cuestionado este derecho. Así, cada vez hay más menores no acompañados en los centros de detención, donde por lo general no cuentan con acceso a educación. Cerca de 50.000 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México fueron detenidos cada año en promedio en la frontera de los Estados Unidos entre 2013 y 2017. En los Estados Unidos, los profesionales de la salud mental y la pediatría que visitan centros de detención familiares indicaron que los servicios de educación no eran adecuados. En México, 35.000 menores, más de la mitad no acompañados, han permanecido en centros de detención sin educación organizada, excepto por actividades ad hoc con un componente educativo limitado, tales como talleres de artesanía o debates de carácter religioso.

En la República Dominicana, los haitianos sin Estado no disfrutan plenamente del derecho a la educación. Los índices de asistencia a la educación primaria fueron de un 52% para los niños nacidos en Haití, un 79% para aquellos nacidos en República Dominicana de padres inmigrantes y un 82% para aquellos nacidos en otros países. Además, aun cuando logran matricularse, les es difícil avanzar a través del sistema. Los inmigrantes haitianos necesitan acreditar su nacionalidad para registrarse en la base de datos nacional y rendir exámenes nacionales para obtener la admisión en la educación secundaria. Y si logran superar esas barreras, los colegios les piden a los alumnos de 18 años o mayores una copia de su carné de identificación nacional, lo que en la práctica a menudo se traduce en que no se pueden graduar. Conscientes de que posiblemente no consigan un diploma, muchos niños abandonan la educación.

En Chile, aunque una directiva presidencial de 2008 anunció una educación pública para todos los niños, sin importar su estado de migración, en la práctica esto ha quedado a discreción de los funcionarios de los gobiernos locales.

Sin embargo, en la región hay también numerosos buenos ejemplos de inclusión en la educación de migrantes y personas desplazadas a la fuerza. Colombia se ha convertido en líder, al usar su marco legal para proteger la educación de su población desplazada internamente. En 2002, la Corte Constitucional ordenó a las autoridades educacionales municipales que tratasen de forma preferencial a los niños desplazados en términos de acceso a la educación. En el último tiempo, Colombia, al igual que otros países de la región, incluyendo algunos no hispanoparlantes, como Brasil y Trinidad y Tobago, han abordado las consecuencias que tiene en la educación el desplazamiento cada vez más común de personas entre fronteras en América Latina, y reciben a estudiantes venezolanos junto con los suyos propios.

Argentina ayudó a muchos migrantes no documentados a convertirse en ciudadanos regulares por medio de una ley de migración del 2004 y de su posterior Plan Patria Grande, el cual afirmaba que ‘bajo ninguna circunstancia deberá el estatus irregular de un inmigrante impedir su admisión como estudiante en ninguna una institución educativa’.

A nivel subnacional, también hay ciudades que desempeñan un papel protagónico en la promoción de la inclusión y de la educación en contra de la xenofobia. En Sao Paulo, Brasil, se lanzó una campaña de concientización y se estableció un Consejo Municipal para Migrantes, grupo asesor que integra a los inmigrantes en la vida política local y promueve sus derechos.

Para Bruno Covas, Alcalde de Sao Paulo, “la migración es un fenómeno complejo, aún más en las grandes ciudades. Precisamente por eso, los gobiernos locales deben trabajar en permanencia para promover la ciudadanía y combatir la discriminación. La educación es esencial para estimular la inclusión sociocultural, la autonomía y el acceso al mercado laboral formal de los migrantes. En Sao Paulo, a los inmigrantes se les reconocen sus derechos cívicos y tienen igual derecho a matricularse en un colegio y a participar en proyectos educativos.”

 Aquellos que emigran alcanzan mayor educación que aquellos que se quedan atrás. El Informe recién publicado calcula también el alcance del éxodo intelectual, y demuestra que 1 de cada 12 de los profesionales mejor calificados de América Latina y más de 1 de cada 2 en el Caribe están emigrando a otros países: Guyana perdió a un 78% de sus trabajadores calificados debido a la emigración, mientras que Granada perdió un 71%.

 A su vez, algunos países promueven la inmigración de personas calificadas. Brasil cuenta con un programa, Ciência sem Fronteiras (Ciencia sin fronteras), que ha financiado a miles de alumnos de educación superior para estudiar en más de 40 países, enfocándose en disciplinas cruciales para el crecimiento de Brasil.

Los países del Caribe también han experimentado una alta emigración de docentes en las últimas décadas, en parte debido a los esfuerzos de contratación hechos desde Inglaterra y los Estados Unidos. En algunos pequeños Estados insulares, la migración, incluso de un número pequeño de profesores, puede desencadenar carencias importantes. Así, los profesores de matemáticas, física, ciencia e informática son difíciles de reemplazar y los que más tienden a partir al extranjero.

Al igual que en muchos otros lugares del mundo, los inmigrantes que llegan a países latinoamericanos como Brasil, Panamá y Uruguay, tienden a alcanzar un grado de educación mayor al de quienes los reciben.

Manos Antoninis, Director del Informe GEM, indica que “a pesar del discurso político habitual, son los más educados quienes más suelen migrar, ya sea en busca de mayores retornos de su educación o porque están mejor capacitados para responder a las oportunidades en otras partes.”

Los hijos de emigrantes a los Estados Unidos provenientes de 10 países de América Latina tienen 1,4 años más de educación, en promedio, que los hijos de aquellas personas que no han emigrado. Estos índices alcanzan por ejemplo tres años más de educación para los niños nicaragüenses inmigrantes o dos años más para los niños procedentes de Colombia en relación con los que permanecieron en sus países de origen.

El Informe revela también un efecto positivo de la migración en la educación de la región: las remesas enviadas por los migrantes a sus países.  En promedio, las remesas aumentaron el gasto en educación en América Latina en un 53%, llegando a un 66% en Guatemala y Lima en comparación con un 35% en países de ingresos bajos y medios. Por eso, el Informe GEM aboga por que los costos de transacción para el envío de remesas al país de origen sean reducidos al objetivo del 3% que preconiza la ONU, en lugar del promedio actual, que alcanza 7,1%, ya que ello podría aumentar el gasto en educación en el mundo en 1.000 millones de dólares estadounidenses al año.

Estas son las recomendaciones del informe:

  1. Proteger el derecho a la educación de los migrantes y las personas desplazadas
  2. Integrar a los migrantes y a las personas desplazadas en los sistemas nacionales de educación
  3. Comprender y planificar para cumplir con las necesidades educacionales de los migrantes y las personas desplazadas
  4. Representar historias de migración y desplazamiento en la educación de forma realista para desafiar los prejuicios
  5. Preparar a profesores de migrantes y refugiados para abordar la diversidad y la adversidad
  6. Sacar partido al potencial de los migrantes y las personas desplazadas
  7. Apoyar las necesidades educativas de los migrantes y las personas desplazadas en la ayuda humanitaria y de desarrollo.