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La joven salvadoreña que había sufrido abusos por parte de su padrastro de 70 años resultó embarazada y, sin saberlo, terminó dando a luz a su hija en el baño de su casa. Hoy, su liberación es vista como una positiva señal para reformar las restrictivas leyes que afectan los derechos de las mujeres en El Salvador.
La mujer salvadoreña Imelda Cortez, quien fue acusada de «homicidio agravado tentado» por el supuesto intento de aborto -ilegal en este país-, fue liberada entre festejos y consignas de reivindicación este lunes.
La justicia de El Salvador finalmente cambió la calificación del delito con que acusaba a Cortez por «abandono y desamparo de una persona en perjuicio de una menor de edad». De esta forma, la joven acordó un «juicio abreviado» con la fiscalía por esta nueva e inferior acusación a cambio de la reducción de la pena.
Cortez ya llevaba un año y siete meses a la espera de su juicio, convirtiéndose en un emblema de la lucha de las salvadoreñas contra las leyes de su país que restringen la vida sexual y reproductiva de las mujeres.
En abril del 2017, producto de una violación por parte de su padrastro de 70 años, la joven dio a luz a una niña. Estos abusos eran sistemáticos desde que la afectada tenía doce años. Igualmente, el hombre la había amenazado para no contar estas situaciones.
Sin saber que se encontraba embarazada, Cortez terminó teniendo el parto en el precario baño de su casa. Luego de ser internada en el hospital, la joven fue detenida y procesada bajo las acusaciones de la fiscalía.
«Nos queda todavía el camino de asegurar que muchas otras mujeres que han sido criminalizadas hasta ahora en circunstancias similares también lo puedan estar (en libertad)», declaró a BBC Mundo Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México.
«La restrictiva ley salvadoreña pone en especial peligro a las mujeres en condición de pobreza, son ellas quienes desisten de asistir a los servicios de salud para evitar ser procesadas luego de sufrir una emergencia obstétrica«, destacó Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, en un comunicado.
