Durante la tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños jugaban en las cercanías de la instalación  cercana a los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. Rodrigo Palma Moraga (8), Jimmy Christie Bossy (9) y Nelson Díaz jugaban hasta que el padre del último regresó del trabajo y se llevó al pequeño a su casa. Los otros dos pequeños se quedaron ahí y no regresaron nunca más a sus casas.

Ese mismo día, los vecinos del barrio se organizaron para buscarlos, incluso infringiendo el toque de queda que ese día -por ser Navidad- se había alargado hasta las 21 horas. Según relató el periodista Arnaldo Pérez Guerra en el reportaje publicado en el Siglo y llamado “La responsabilidad de Cheyre”, mientras los buscaban, los familiares se percataron que, extrañamente, no habían militares ni guardias custodiando los estanques. Horas antes, numerosos soldados deambulaban por el sector y disparaban sus metralletas, advirtiendo a los vecinos sobre posibles “atentados extremistas”.

“Esto fue a pleno sol, porque deben haber sido las 5 y media a seis de la tarde, cuando yo salgo a buscar a Rodrigo al antejardín. Estaba mi suegra que había venido a pasar la Navidad con nosotros, ella me dice ya había bañado a Claudita (hermana), y que llamen a Rodrigo para bañarlo y cenar temprano por todo lo político que pasaba y por el toque de queda que era a las 11 de la noche. Yo salgo al antejardín a buscar a Rodrigo y no estaba, salgo por la calle, lo busco y no está, empiezo a preguntar y nadie sabía nada, empieza a pasar la hora y Rodrigo no aparece, sale mi marido, ya nos empezamos a movilizar toda la manzana y en eso sabemos que la señora Maruja Bossy, empieza a buscar a Jimmy”, recordó Eugenia Moraga en una entrevista.

El personal militar a cargo de la custodia de los estanques era del Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 “Arica” de La Serena. Ese día, en medio de la búsqueda, Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla y amenazados de muerte. Horas después un capitán se excusó y los dejó en libertad. A causa de la desaparición de los niños, la población fue cercada y los familiares de los pequeños fueron sometidos a arresto domiciliario. Los allanamientos en el barrio eran frecuentes: los interrogaban sobre “la desaparición de los menores” y “qué sabían de eso”.

Los padres de los niños comenzaron a ser torturados e interrogados. Mientras, la búsqueda fue apoyada por Bomberos, Carabineros e Investigaciones, sin otorgar más resultados. En agosto de 1978, niños que jugaban en el sector encontraron los restos de Rodrigo Palma y Jimmy Christie sepultados a orilla de camino que conduce a la playa La Herradura, a una distancia de apenas 100 metros de sus casas. Los cuerpos estaban enterrados a una profundidad no superior a 20 centímetros, por lo que se cree que fueron dejados ahí tiempo después. En el lugar se había buscado intensamente.

La familia asegura que la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal concluyó que los niños murieron “impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo”. Sin embargo, el médico a cargo les advirtió que no “podía certificar esa causa de muerte”.

Rodrigo Palma, el primero a la izquierda.

Familiares fueron torturados e interrogados

En la querella interpuesta años más tarde por su familia se apuntó como inculpados a Ariosto Lapostol Orrego y al comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza y fue dirigida en contra del dictador Augusto Pinochet. También se acusa a Osvaldo Pincetti del secuestro de los padres de los niños y al oficial Carlos Verdugo Gómez, quien formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento “Arica”, por ser quienes habrían coordinado el traslado de los cuerpos a otros lugar.

Según explicó el diputado Hugo Gutiérrez, quien patrocinó la querella, se presume que el grupo que estaba de guardia esa tarde fue el responsable del fusilamiento de los niños. Luego, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos cerca de sus casas cuando la búsqueda terminó. Por temor, los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia.

En agosto de 1974, los cadáveres de ambos niños fueron entregados a sus familias en urnas selladas y con certificados de defunción que no especificaban sus muertes. Una de las diligencias solicitadas por Gutiérrez fue la exhumación de los cuerpos, lo que fue ordenado por el juez Juan Guzmán. Sin embargo, la causa fue seguida por el ministro Jorge Zepeda, quien finalmente la sobreseyó argumentando que los niños habrían muerto al caer cerca de los estanques de bencina.

En su declaración al informe Valech en 2010, la madre de Jimmy Christie relató que el día 11 de enero “llegaron a mi casa los militares diciendo que el Comandante Ariosto Lapostol me necesitaba, al llegar allí al Regimiento me pidieron el carné y me llevaron por un pasillo, me vendaron la vista, me colocaron en una camilla me amarraron y me empezaron a dar agua tibia azucarada con varias cápsulas y tabletas”. En total, fueron 12 pastillas que habrían sido suministradas por el doctor Díaz Pacci.

En este escenario, la mujer detalló cómo pretendieron llevarla a inculparse por la desaparición de los niños: “Tocaban una música muy suave, cada vez me preguntaban que ‘dónde tenía los niños’, fueron interminables las veces que me hicieron la misma pregunta, hacían girar la camilla, eso me produjo mareo, deseos de ir al baño, pero ellos seguían preguntando la misma pregunta, me dolía todo el cuerpo, lo único que deseaba es que esa interrogación terminará, pero nada pasó, a mi marido le decían que yo estaba con el Comandante Lapostol… cosa que no era así ya que estaba sometida diariamente a interrogaciones”.

En su declaración, María Bossy asegura que “nunca ha existido la voluntad de llegar a la verdad en este caso y que se hayan creados historias inverosímiles para justificar lo injustificable, posteriormente a esta exhumación, y a la investigación que se realizaba, el máximo tribunal determinó que el caso que seguía el Juez Juan Guzmán lo siquiera el Juez Jorge Zepeda quien nunca dilucidó absolutamente nada, quedando nuevamente este caso en la más completa inmunidad”.

Las familias de los niños demandaron al Estado chileno ante la Corte Internacional de La Haya, pero a pesar del dictamen favorable el caso sigue sin responsables. Desde entonces, luchan porque el caso tenga justicia y ambas víctimas sean reconocidas como tales por el Estado de Chile.

En memoria de los 307 niños y niñas ejecutados

En la actualidad, familiares y la comunidad de Guayacán afirman que los niños fueron asesinados por agentes militares del Regimiento de Arica. Luego de años, los habitantes de la población y la madre de Jimmy Christhie Bossy pidieron al municipio de Coquimbo un memorial.

Finalmente, “El mirador de los ángeles” fue construido en la intersección de las calles Barry Macauliffe y De los estanques, en la zona de Guayacán y El Llano de Coquimbo. Antes de su concreción, la madre de Jimmy aseguró que el objetivo del espacio era “para valorar la vida y para que nunca más vuelva a ocurrir atrocidades así en nuestro país y en ninguna parte del mundo”.

El Informe Rettig certificó en 307 los casos de menores de 20 años que fueron ejecutados en dictadura: las víctimas van desde niños de seis meses hasta la adolescencia, con 75 de ellos detenidos desaparecidos. Además, el Informe Valech sumó 102 casos en un anexo titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”. A la vez, la Comisión Valech acreditó que 2.200 niños y niñas sufrieron prisión política o tortura durante la dictadura.