En seis meses han pasado muchas cosas. Muchas para un país donde hace mucho tiempo, políticamente no ocurre casi nada. Demasiadas para el primer año de un gobierno que se ahoga en sus propias convicciones, que ya no puede disimular –incluso con el congelamiento de J.A Kast– su complicidad con la “regresión autoritaria” que, como fantasma, recorre el mundo de la mano de un refractario fascismo neoliberal.

Hace seis meses, un 13 de junio, en el Aeropuerto de Santiago, un funcionario policial disparaba contra un conductor de Uber que se negó a ser fiscalizado. Fortuitamente no lo asesinó, por más que se haya insistido que el disparo iba dirigido a una zona de seguridad. Tras conocido el incidente a raíz de su difusión mediática, Sebastián Piñera sin dudarlo respaldó el accionar de Carabineros. Dijo en ese entonces: “Nadie tiene derecho a oponerse o a resistir por la fuerza una detención”.

Luego, con un tenor paternalista impúdico y hasta confesional (el mismo que empleó para referirse al conflicto de los trabajadores portuarios), nos impele para que “aprendamos” a respetar a nuestras autoridades. También aseguró que el conductor de Uber había atropellado al funcionario. Finalmente, no era cierto. También faltó a la verdad. La Moneda  y Carabineros han forjado una relación de concomitancia que no resiste formalismos jurídicos. Gran parte de la estrategia de los últimos gobiernos pasa por eso que se ha denominado como “administración del miedo”, y en ese ámbito Carabineros asume un rol protagónico.

Cinco meses más tarde, el comunero Mapuche Camilo Catrillanca es asesinado por efectivos del GOPE  (“Comando Jungla”) en el que ha sido uno de los hechos más controvertidos en que se ha visto involucrada la institución policial durante el último tiempo. Por cierto, y en coherencia con lo ocurrido durante este año, el respaldo de La Moneda al accionar policial fue categórico tras las primeras horas de perpetrado el homicidio. La versión del falso enfrentamiento entregada públicamente por el destituido general director Hermes Soto y luego develada en el transcurso de la investigación, encontró su caja de resonancia en Palacio. Allí, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, y el ministro del Interior, Andrés Chadwick (además de otros en la derecha), se cuadraron con las informaciones proporcionadas por la institución policial.

Una serie de desajustes finalmente desmoronaron esa versión que ubicaría la muerte de Catrillanca en el contexto de un delito común (lo cual la justificaría). Chadwick –como sabemos– es tibiamente interpelado y sale airoso del litigio, pero las consecuencias de lo ocurrido no dejan de precipitarse, afectando considerablemente los niveles de aprobación del gobierno, que difícilmente se recompongan con un presidente vociferando en algún matinal.

Las declaraciones recientes de uno de los imputados por el caso Catrillanca, son decidoras respecto al argumento que aquí queremos exponer. En efecto, cuando Camilo conducía el tractor los funcionarios lo conminaron a detenerse, como da cuenta el registro audiovisual de una de las cámaras que portaban los uniformados a cargo del operativo. Ante la negatividad de acatar la orden del que en ese instante era considerado un sospechoso, el carabinero usa su arma de servicio y dispara apuntando a las ruedas del tractor, según su declaración.

Por desgracia –insiste– uno de los proyectiles ingresa en la cabeza de Camilo Catrillanca, quitándole la vida, pero “la intención nunca fue asesinarlo”. Lo significativo del testimonio es que la lógica operativa es la misma. Como el conductor de Uber, Catrillanca hizo caso omiso a la orden de la autoridad y la respuesta disuasiva se ajusta al derecho. Podría ser cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia. Si objetar la fiscalización de un policía de por sí supone un riesgo de muerte o, cuando menos, ser maniatado y hasta herido, estamos en un atolladero que trasciende el principio de subordinación de las fuerzas armadas al poder civil.

Hay allí un horizonte de sentido cuyas consecuencias siguen siendo devastadoras: lo que Derrida alude como fundamento místico de la autoridad, es decir (y a partir de Pascal pero especialmente de Montaigne) que la validez de las leyes es porque han llegado a resultar verosímiles. De este modo, se “cree en las leyes”, y ese creer supone que sólo ficcionalmente la ley puede llegar a ser justa. Y esa justicia constitutivamente ficcional, es lo que legitima a la violencia como instrumento o medio para los fines justos del derecho, como expone Walter Benjamin en su crítica a la violencia mítico-jurídica.

Esta violencia es, primigeniamente, una violencia simbólica, una violencia que acontece fundacionalmente en el orden del lenguaje. Una violencia que justifica el ejercicio de la violencia contra todo aquello que exceda los márgenes permitidos del concepto que delimita un orden jurídico. Eso que, según Benjamin, es inherente al derecho: recusar la ubicación y no el contenido de la violencia.

La idea de que el sometimiento a la ley (esa ley que produce violencia) es la condición que garantiza nuestra seguridad, nos condena a la perenne repetición y petrificación tan propia del orden, que se manifiesta en las relaciones de mando y obediencia no sólo presentes en la formación de Carabineros sino en  general en los procesos de escolarización por los que todos atravesamos. Nuestro concepto de “norma” (como es explicado por Esposito para referirse a la novedosa concepción de la norma en el pensamiento de George Canguilhem) es el de un parámetro de evaluación y prescripción del comportamiento humano. Por eso tanto en las ciencias como en el derecho, la norma aparece reificada y mistificada (trascendental). Para Canguilhem, en cambio, la norma coincide con el estado mismo de la existencia, es una pura forma siempre variable, nunca definida de una vez y para siempre.

Desde luego, el pasaje entre estos presupuestos y el universo de la teología es estrecho, por lo que el posicionamiento del mundo evangélico en política, del que se nutre la extrema derecha, no es una anomalía de las democracias contemporáneas (como tampoco lo fue el nazismo) sino que la expresión de la modernidad llevada a niveles paroxísticos. Esa autoridad mística que se articula desde Dios hasta el soberano de Carl Schmitt está arraigada en nuestra cultura política: si la ley se mantiene vigente mediante su suspensión (Estado de excepción), los que administran la ley son los que están facultados para transgredirla.

Puesto que lo que realmente preocupa, si proyectamos escenarios futuros, es que Occidente todavía no aprende las lecciones de la modernidad, a riesgo de repetir catástrofes que creíamos sepultadas, no habría entonces tal “regresión autoritaria” en la medida que el lenguaje político que hemos hablado por décadas no ha sufrido grandes modificaciones. Más bien, estaríamos aún capturados en el dispositivo de la teología política. Allí radica uno de los desafíos del pensamiento crítico y de un proyecto de izquierdas que rebase el formato de los populismos y la nostalgia por los Estados de bienestar.

Errores no forzados, del gobierno y  la policía, son los que permitieron conocer los detalles del homicidio de Catrillanca. Esa es la medida “de justicia”, contraviniendo absolutamente el principio de transparencia, que La Moneda le propone al país. Si no fuera por las torpezas y el burdo montaje que se gestaba entre el Ministerio del Interior y el alto mando de Carabineros, despediríamos este año sin saber la verdad de lo ocurrido. Aunque los avisos de una acusación constitucional sean sólo eso, una voluntad sin fuerza, frente a una oposición que a los bandazos logra consensuar una interpelación contra el ministro más dañado en la reciente crisis, podemos imaginar que en otras condiciones Chadwick ya no tendría oficina en La Moneda.

Sebastián Piñera, vistiendo los ropajes de la impunidad, evalúa su gestión con nota 6: ha sido un buen año, dijo. Respira tranquilo, muy tranquilo para un presidente que en cualquier parte del mundo (incluso en esos países que él cataloga como dictaduras), tendría que haber dado explicaciones por su responsabilidad política en respaldar los procedimientos aplicados por Carabineros, que incrementan la violencia, el miedo y provocan muertes.

Se ha dicho que uno de los problemas que deja en evidencia la reciente crisis es el cese de control político de parte de la autoridad civil hacia Carabineros. Pero no es sólo eso (y si es que acaso es eso). Es tanta la seguridad que les otorgan los cerrojos constitucionales, sabiendo además el débil estado de una fuerza social que ponga en tensión el ejercicio de sus atribuciones, que las nociones mismas de autoridad y de ley –¡y de democracia!– son las que requieren ser interrogadas, para que a partir de ahí esa ciudadanía abstracta en la que apoyan sus decisiones, pueda ser articulada en los hechos como un poder revolucionario, adentrándonos entonces en el umbral de un país que, al fin, deje de ser el siervo del capital financiero transnacional.