Luego de que la organización a favor del parto respetado Parir-NOS convocara una protesta en contra del Colegio de Matronas y Matrones de Chile y su presidenta, Anita Román, por –según las activistas– negar la violencia obstétrica, la dirigente gremial tomó posición en el debate y rechazó “todo tipo de violencia contra la mujer”.

Román defendió el rol de la matronería para mejorar las condiciones de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres en el país, y recalcó que, pese a estos esfuerzos, lo que se requiere es reforzar urgentemente la atención pública sanitaria para garantizar mejores condiciones a las pacientes y reducir situaciones que puedan perjudicar una correcta prestación.

La protesta contra el gremio surgió a propósito de los dichos de la dirigenta en un canal de televisión en relación a un hecho ocurrido la noche de Año Nuevo en un hospital de Guatemala, donde una decena de profesionales de la salud celebraron en una sala de parto el nacimiento del primer bebé del año. Ante la pregunta de la periodista de si en Chile ocurrían casos de violencia obstétrica como el denunciado en el país centroamericano, Román contestó categóricamente que no conocía casos de ese tipo. “Es una frase que debe ser entendida en su contexto. No obstante, en otros espacios hemos señalado que lo que existe es violencia en el sistema de salud, pues qué más violento puede ser para una mujer tener que gastar dinero, que a veces no posee, para acceder a una supuesta mejor atención en el sector privado”, puntualizó Román.

La presidenta del gremio agregó: “No nos gusta ni nos parece adecuado circunscribir este tema tan delicado solo a la labor obstétrica, y esta no es una defensa corporativa, como algunos han querido atribuir, pues somos las primeras en condenar las malas prácticas que pudiera tener algún colega. Rechazamos, y así lo hemos dicho, cualquier acto de violencia contra las mujeres”.

La líder de las matronas y matrones emplazó al gobierno a “levantar esta demanda social y parlamentaria, y ver qué procedimientos deben actualizarse o mejorarse en la Guía Perinatal” y a retomar el proyecto de ley de “Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, impulsado por la ex ministra de la Mujer Claudia Pascual.

El pasado mes de octubre se ingresó el proyecto conocido como  Ley Adriana, promovido por el Frente Amplio, que pretende garantizar y promover los derechos de la mujer, del recién nacido, tanto para la familia o pareja, en el ámbito de la gestación, el preparto, parto, postparto y aborto en tres causales, así como también en torno a la salud ginecológica y sexual. Esta iniciativa sería la más integral que se ha presentado en el Congreso ya que pone atención en el parto respetado, pero también en todas las atenciones en salud sexual y reproductiva y tiene foco en mujeres migrantes, adolescentes, mujeres privadas de libertad, etc.