Polémica causó la información sobre los subsidios que tendrá que pagar el gobierno a la empresa concesionaria Vías Chile, a cargo de las operaciones de las rutas 68 y 78, por los supuestos perjuicios económicos que debe enfrentar cada vez que el Ministerio de Obras Públicas llama a implementar el “peaje a luca” como plan de contingencia.

La solicitud de estos subsidios por parte de la empresa será posible gracias a dos decretos firmados por el Ejecutivo a fines de diciembre pasado.

El director general de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Hugo Vera indicó que este detalle ya estaba acordado y que corresponde al cumplimiento del contrato, negando además que estos pagos correspondan a una indemnización. 

“Lo que ha pretendido el ministerio con esto es regularizar y estandarizar un proceso que hasta la fecha sólo dependía de la voluntad de las concesionarias. El ministerio ha entendido la necesidad de recuperar la facultad de hacer gestión de tráfico. Es una compensación. Cuando se habilitaba el peaje a luca, automáticamente se producía un alargue en la concesionaria que la aplicaba”, aclaró Vera.

Según el director de Explotación de Vías Chile, Cristián Arbulú este acuerdo incluirá un tope de 14 instancias de rebajas al año. Además indicó que cada una significa aproximadamente 15 millones de pesos en pérdidas para las autopistas.

Desde la vereda crítica, el ex subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea comentó que “las concesionarias hacen propaganda con esto de que está ofreciendo este servicio. Tendría que poner en la letra chica que está ofreciendo este servicio y que además es pagado por el Estado“.

Igualmente, planteó que los planes de contingencia deberían incentivar el uso de las autopistas en horarios en que existe baja demanda.

Desde la organización Automovilistas de Chile, su presidente Vicente Faúndez reclamó que hace tiempo se debió  “castigar a las autopistas cuando estas no son capaces de darnos un buen servicio. No puede ser que, una vez más, se meta la mano al bolsillo de todos los chilenos para beneficiar a una o dos empresas privadas a cambio de seguir teniendo un servicio de baja calidad”