Retrocesos para la paz en Colombia

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, acaba de lanzar una política de seguridad para el período 2018- 2022, catalogada como un retroceso en 20 años en materia de derechos humanos. Con esto, más razones se suman para pensar que la ansiada paz, que debía estar más cerca tras el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), está muy lejos de suceder en el país.

Y es que tras el atentado adjudicado por el grupo armado ELN (Ejército de Liberación Nacional), el pasado 17 de enero, cuando un carro bomba explotó en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, matando a 22 cadetes y dejando 68 heridos, el gobierno ha intensificado las estrategias para acabar con estos grupos, olvidando el diálogo y volviendo a entonar los tambores de guerra.

El ELN se encontraba en conversaciones para firmar un acuerdo de paz en La Habana, Cuba, para desmovilizar a sus guerrilleros. El atentado fue la razón que el gobierno de Duque necesitaba para terminar definitivamente con esos diálogos (pues estaban estancados) y seguir el ejemplo del expresidente Uribe, a quien se responsabiliza por agudizar la violencia en sus dos períodos de gobierno, fortaleciendo el paramilitarismo.

Y así la paz se desvanece, mientras la política de seguridad propuesta por Duque desconoce el conflicto armado y trae a la memoria la presentada por Álvaro Uribe Vélez en 2002, pues incluye la creación de una red de informantes premiados mediante recompensa. Esta acción provocó en época de Uribe que vecinos delataran a personas como colaboradoras de la guerrilla, las que fueron asesinadas por las fuerzas militares presentándolos como bajas de combate, crímenes conocidos en Colombia como “falsos positivos”.

Otra de las graves propuestas que hará retroceder al país en derechos humanos y aumentará la violencia, es el permiso para portar armas a civiles que se encuentren “en riesgo”, medida también impulsada por Uribe en 2002 y que fortaleció el paramilitarismo. Esto es, bandas extragubernamentales que operaban, y aún lo hacen, fuera de ley, y que han sido protagonistas de horribles matanzas en distintos departamentos de Colombia, sin distinción entre civiles o grupos armados.

El paramilitarismo en el país es un secreto a voces, pero no aparece dialogando en ninguna firma de paz. Son todos y nadie, sirven al estado, pero están fuera de el. Protegen a los privados, las petroleras, los latifundios, pero en esta nube de paz nunca han pensado en dejar las armas. Menos ahora que el gobierno está tratando con esta medida, ampliar sus filas para combatir en una guerra que ya lleva 50 años en Colombia y que por primera vez daba esperanzas de terminar.

El uso de la tecnología para realizar inteligencia militar es otro punto de atención, pues el abogado y defensor de derechos humanos, Alberto Yepes, integrante de la Coordinación Colombia – Europa- Estados Unidos (COEUROPA), señala que podría representar una nueva forma para aumentar la interceptación a las comunicaciones de las personas, tal como ocurrió con el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). A ello se suma una política de seguridad en las fronteras, que según Yepes, plantea nuevamente la confrontación fronteriza y “nos devuelve a la posibilidad de guerra con un país vecino como Venezuela”.

Finalmente, Duque reconoce que el gasto militar es alto y que el Estado no lo puede solventar por si solo, por lo que recurrirá a alianzas público privadas para obtener ingresos. Nada nuevo si se piensa que esto ya ocurre pues “las empresas petroleras hacen aportes presupuestales a la fuerza pública para construir oleoductos”, a cambio de ser protegidos por los uniformados del país, afirma Yepes.