Sitios de memoria: del rescate y las violaciones a los DD.HH. a la resignificación

La discusión de compleja naturaleza volvió a la palestra luego que se diera a conocer una información que sorprendió a varios. Las cabañas ubicadas frente a la playa Marbella en Santo Domingo, y que fueran utilizadas por la DINA para entrenar cerca de 500 agentes, habían sido demolidas por un entrevero que involucra al municipio local con el Ejército, por el abandono en el que encontraba.

Según argumentó el alcalde de la comuna, Fernando Rodríguez Larraín, el lugar estaba infectado de ratas. El Ejército aún no decide qué hacer con la propiedad pero la autoridad municipal tendría intenciones de construir estacionamientos en el lugar.

Las cabañas fueron construidas durante la Unidad Popular y eran propiedad de la CUT, pero algunos años después del Golpe de Estado, fueron confiscadas por la cúpula de la CNI tras la disolución de la DINA. La utilización de estos lugares como centros de entrenamiento para los agentes de la dictadura encabezada por Pinochet fue destapada por Javier Rebolledo, autor del libro “El despertar de los Cuervos”.

Rebolledo analizó para ElDesconcierto.cl el acontecimiento que pone de relieve la inexistencia de una política pública que resguarde los lugares que fueron testigos del horror de la Dictadura, evidenciando la nula discusión de cómo gestionar los sitios de memoria en el país.

“Desde el punto de vista del Estado, creo que estamos a años luz de siquiera hacernos esa pregunta. Primero, el Estado mediante los gobiernos de turno tendría que preocuparse de recuperar estas casas de memoria y de darles un sentido histórico, ya sea dejarlas tal cual estaban, transformarlas en Centros Culturales, en Parques por la Paz, Parques por el Horror, como los quieran llamar, pero para eso tiene que haber una actitud proactiva del gobierno y no solamente tener un catastro como el que tiene el Consejo de Monumentos, lo cual agrava la falta en el caso de las Rocas de Santo Domingo”, señala el  periodista.

Para Rebolledo, el nulo interés estatal en qué hacer con dichos lugares, se refleja en la actitud obstruccionista del Ejército a la hora de colaborar en la construcción de la verdad, y ejemplifica que con un caso concreto. La respuesta que recibió cuando solicitó documentación sobre la CNI fue que éste era un organismo autónomo, al igual que la DINA, independiente los ministerios, por lo que no entregaron ninguna información. “Esa respuesta que me están dando es una falacia, no una mentira, pero sí una falacia, porque todos saben, y ellos saben, que el Ejército estaba metido hasta las masas. (…)El ejército nunca ha ayudado, o lo ha hecho muy poco,  a la colaboración con la verdad en muchos casos judiciales, y menos con la memoria. O sea, cómo van a querer ellos preservar algo de lo cual ellos son los violadores de los DD.HH.”, comentó Rebolledo.

El también autor de “La danza de los Cuervos”, relató que él visitó varias veces el lugar en su trabajo de investigación y aunque reconoce que el lugar estaba abandonado al menos desde 2008, cuestiona que haya existido un foco de ratas. “La plusvalía subió mucho y dentro de ese contexto es donde el alcalde le había hecho esta exigencia, que parece irracional, al Ejército de que desmantelara estas cabañas cuando realmente el objetivo que está detrás es construir un parque estacionamientos. Eso es lo que quiere la municipalidad; solicitar en comodato este terreno, construir un parque de estacionamientos porque se espera que este año llegue una enorme cantidad de personas hasta el lugar”, explicó.

Las cabañas de Santo Domingo eran parte de un “triunvirato” en el que se sumaba el casino de suboficiales como centro de tortura y un parque de materiales ubicado en Tejas Verdes que sirvió como campo de concentración, siendo las cabañas utilizadas para alojar a los cerca de 500 agentes que fueron entrenados en los inicios de la DINA.

Londres 38, uno de los casos

Juan René Maureira, encargado de redes de Londres 38 dice que se sorprendieron al conocer la noticia de la demolición de las cabañas en Santo Domingo. Justo había iniciado los contactos con algunos de los familiares de quienes pasaron por ahí cuando se enteraron de la noticia y les habían alertado de la posibilidad de que algo pasara, “pero no esperábamos que fuese algo tan repentino”, comenta.

Maureira detalla que las conexiones que han establecido son para aportar desde le experiencia propia en la recuperación que ellos realizaron con el inmueble, que también fuera utilizado por la DINA como centro de detención y tortura. “Aquí lo que se está jugando es no solamente la recuperación física del lugar sino que entendiendo que es un lugar patrimonial, que tiene una carga de memoria muy fuerte, tanto de las personas sobrevivientes o de las personas que pasaron por ese lugar, pero también incluso desde aristas más investigativas, como entender el origen de la DINA y la interconexión con otros sitios de tortura y exterminio que hubo en Santiago incluso y que luego mandaban para las Rocas de Santo Domingo, Tejas Verdes y otros lugares”, explicó.

Para Maureira, la falta de una política estatal en la materia hace que finalmente sean los grupos de familiares o amigos de los afectados los que hayan logrado ciertos avances hasta ahora. “Esto parte desde el momento en que los familiares, compañeros y amigos de personas que pasaron por Londres 38, e incluso gente que no tiene relación con esas personas sino que son sensibles al tema, llegan acá y empiezan a pensar su recuperación”, cuenta sobre el caso del inmueble usado los primeros años de Dictadura.

Londres 38 funcionó durante los 90 y parte de los 2000 como oficina del Instituto O’Higginiano, centro de investigación ligado al Ejército, y cuando se inició el proceso de recuperación requirió ser declarado como Monumento Nacional, con el objetivo inicial de que fuera sede del proyecto que daría vida al Instituto de Derechos Humanos.

“Eso pone alerta y se produce una de las primeras definiciones, que es que un sitio de memoria como Londres 38, y como cualquier otro, no debería ser usado como oficina burocrática del Estado, por mucho que sintonice con los objetivos de promoción de los DD.HH. Tienen que ser espacios abiertos a la comunidad entendiendo que sirven para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de acceso a la memoria”, apuntó Maureira.

“Lo que pasó con Rocas de Santo Domingo pone una voz de alerta frente a la vulnerabilidad en la que están la mayoría de los sitios de memoria en Chile. La mayoría de los sitios en Chile no están declarados monumentos nacionales por lo que no tienen ninguna protección ante iniciativas tanto municipales como privadas, que puedan demoler sitios de esta naturaleza”, finaliza el miembro del equipo de Londres 38.