Las tensiones sobre la participación ciudadana

Hace unas semanas fue presentada la primera orientación política del gobierno en materia de participación: el Instructivo Presidencial Para la Participación Ciudadana, que busca entregar algunas líneas de acción hacia los servicios públicos para que fortalezcan su vinculación con la sociedad civil.

Más allá de su funcionalidad, lo relevante de este instructivo es que entrega algunas señales respecto del carácter que el gobierno busca darle a la participación y por lo tanto de las posibilidades y limitantes para la profundización la democracia.

A pesar del poco revuelo que tuvo el documento, las tensiones sobre el rol que la administración busca darle a la participación ciudadana, está latente en las medidas que se pretenden implementar a través del instructivo, desde el organismo encargado de fomentarla, como es la División de Organizaciones Sociales (DOS), alojada en el Ministerio Secretaria General de Gobierno (SEGEGOB). Este devela las diferencias que existen en la coalición gobernante respecto del carácter que debe tomar la participación ciudadana en este período, y reafirma la necesidad de los actores sociales de avanzar más allá de lo institucional para incidir de manera efectiva en las decisiones públicas, es decir, para lograr una ampliación de la democracia.

¿Institucionalidad para la participación?

Planteamos la necesidad de avanzar más allá de lo institucional, no solo por la debilidad de los mecanismos de participación instituidos hasta ahora, que no han logrado superar la matriz informativa y consultiva. También porque la participación no se sustenta solamente en el marco institucional que la determina, sino también en las capacidades de fortalecimiento de la sociedad civil ya que es allí donde la participación cobra vida con sus complejidades y dinámicas propias. Por esto creemos que la ausencia en el instructivo de mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil demuestra su carácter instrumental y la poca receptividad del gobierno hacia el debate público sobre la participación que numerosas organizaciones sociales están realizando.

Hay otros elementos que requieren de un análisis más profundo. No está tan claro que la Ley 20.500 haya consagrado el derecho de la ciudadanía a incidir en las políticas, planes y programas del Estado. Lo que sí está claro es que la mayoría de los Consejos Consultivos tanto a nivel comunal como regional y nacional no han logrado fomentar el derecho a la participación en sus diferentes niveles, es más, muchos ni siquiera se han conformado. El mismo documento señala la necesidad la necesidad de implementar en forma urgente y completa este cuerpo legal en un plazo de 6 meses.

Otras modificaciones institucionales tienen que ver con la creación en cada servicio de una Unidad de Participación Ciudadana (lo que puede ser un avance tomando en cuenta que en muchos servicios este tema está a cargo de comunicaciones o de otros departamentos que no atienden exclusivamente este tema); el fortalecimiento de los Consejos de la Sociedad Civil de cada servicio público obligando a un mínimo de 5 sesiones ordinarias al año, y la creación de un Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Este último, conformado por representantes de la ciudadanía, tendrá como objetivo promover, fiscalizar y garantizar el cumplimiento del derecho a la participación en la gestión pública. Este mismo consejo elaborará un Índice de Participación Ciudadana para dar cuenta de los avances y dificultades, además de la difusión de buenas prácticas. Lo relevante para las organizaciones sociales es que este mismo consejo liderará unproceso de discusión nacional para evaluar la implementación de la ley y eventuales reformas institucionales para profundizar la democracia y la participación. Precisamente, la discusión que deja abierta el instructivo.

Otro punto a profundizar y que entrega algunas señales sobre el carácter que ha tenido la participación en los últimos 6 meses es el hecho de que en el instructivo se indica que los órganos del Estado deberán buscar la ampliación de los niveles de participación “desde lo consultivo a lo deliberativo”. Lo deliberativo acá consiste en la discusión pública de las propuestas para la toma de decisiones que representen a la mayor parte de la población.  Creemos que ambos conceptos no han sido contradictorios. Un mecanismo de participación consultivo puede ser deliberativo, lo mismo que uno vinculante. Un plebiscito vinculante, por ejemplo, puede no ser deliberativo. Y un consejo asesor presidencial, como el reciente “Plan Nacional de Participación”, puede ser bien deliberativo, pero no vinculante.

Por lo tanto, el avanzar de lo consultivo a lo deliberativo si bien fortalece la discusión pública de la política, no asegura el respeto de los resultados del proceso de participación, y sigue dependiendo de la voluntad de la autoridad de turno. Esta ha sido la principal falencia que han tenido los espacios “participativos” de gobiernos anteriores vía diálogo o consulta: la falta de alineación entre los resultados del proceso y las decisiones de política pública. Por eso cabe preguntarse, con la gran cantidad de Comisiones Asesoras Presidenciales que el gobierno ha armado en solo 6 meses (Plan Nacional de Participación, Pensiones, Descentralización, Movilidad Urbana, Isapres), si acaso estas comisiones asesoras reflejarán el espíritu consultivo de la ley o la sobrepasarán.

Comentarios finales.

El instructivo refleja que el tema de la participación no ha sido la prioridad para este gobierno, más allá del énfasis discursivo en el instructivo. La baja visibilidad que ha tenido, y el bajo nivel de debate como comentábamos en un principio son reflejo de aquello.

Si bien el instructivo permite operacionalizar diferentes mecanismos de participación que han sido ambiguos, el proceso sigue dependiendo de la voluntad política de cada ministerio y servicio público. En ese sentido hay que buscar experiencias de algunos ministerios que están intentando innovar procesos de participación (atención con el consejo de la sociedad civil de la subsecretaría de transportes).

Vemos que el instructivo tampoco apunta hacia un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil, en donde se conciba a la participación ciudadana no solo en términos de mecanismos y leyes, sino también poniendo atención en lo que sucede en el espacio público donde se desarrolla el tejido social participante. En ese sentido, la participación ciudadana es muy importante para los objetivos del gobierno, ya que las reformas que busca realizar requieren de un necesario dinamismo que solo los actores sociales le pueden dar.

Otro punto importante es establecer las condiciones institucionales para la profundización de la participación, lo que implica una necesaria capacitación funcionaria, de tal manera de unificar procesos de participación en todos los servicios públicos para que no exista disparidad de criterios al momento de definir que es y qué no es participación.

Actualmente Chile es uno de los pocos países del continente en donde este derecho no está consagrado constitucionalmente. Estos elementos nos hacen ver que a pesar del instructivo las políticas de participación seguirán siendo débiles, si no existen ajustes institucionales que fomenten una vinculación cada vez mayor de los actores sociales en la decisión pública, y cuyo corolario sea una Nueva Constitución que reconozca entre sus fundamentos el derecho a la participación en la gestión pública.

Una de estas discusiones tiene que ver con la restructuración del Estado y la institucionalidad participativa. Nos parece contradictorio que el mismo Ministerio encargado de ser vocero de gobierno, una suerte de ministerio de propaganda, sea a la vez el encargado de fortalecer una sociedad civil que muchas veces puede ser crítica de lo que se está haciendo en materia de políticas públicas. Es necesario instalar en el debate de las reformas políticas de qué forma el estado promueve el fortalecimiento del tejido social y a la vez procesos participativos que logren mayor incidencia por parte de los actores sociales en las decisiones públicas.