Pedro Cayuqueo y política de restitución de tierras: «Lo mejor sería cerrar la Conadi con un candado por fuera»

El destacado periodista Pedro Cayuqueo, director de Mapuche Times, participó en el foro «De la tierra al territorio mapuche; un conflicto geopolítico», organizado por la Fundación Espacio Público, donde también es director.

En la instancia, donde también estuvo el consejero del Insituto de Derechos Humanos e investigador de Libertad y Desarrollo, Sebastián Donoso, se llegó a un consenso particular: la ineficiente política de entrega de tierras como mecanismo para solucionar el conflicto en La Araucanía.

En esta entrevista, el autor de «Sólo por ser indios» y «Esa ruca llamada Chile», ahondó en su feroz crítica a la política indigenista impulsada por el Estado, entregada a la especulación del mercado, y que cuenta con antecedentes de corrupción interna en el organismo encargado de velar por el proceso: la Conadi.

-¿Cuáles son tus razones para calificar la política de entrega de tierras como insuficiente e ineficiente para solucionar el conflicto en La Araucanía?

El diagnóstico que en lo particular yo hago es que la política de entrega de tierras obedece a un indigenismo de Estado que está absolutamente obsoleto en el mundo en general, y en Chile está haciendo crisis porque está agravando el conflicto más que solucionarlo. Esa política surge con la Ley Indígena de 1993, y que se basa en un concurso público de subsidios para la gente, en donde no existe en la ley un reconocimiento ni a la usurpación ni a los territorios. Como no hay un reconocimiento político del despojo, tienes un escenario que es un pantano. Tienes a comunidades que reclaman tierras ancestrales, que culturalmente son parte del territorio vital, y por el otro lado están las empresas forestales, dueños de fundos y parceleros que tienen títulos de dominios, que también son legales, y en donde Conadi se lava las manos al decir que el conflicto finalmente es entre particulares.

Eso lleva a que se judicialicen, que los mapuches cansados de la inoperancia de Conadi acudan a la protesta social, que es reprimida y adquiere ribetes de violencia política y de atropello a los DD.HH. Esto lleva a escalar a un grado de violencia que acumula personas asesinadas en el sur, tanto mapuches como no mapuches, y a 24 años de ese indigenismo de Estado que se inauguró con Aylwin, la única preocupación que existe año a años es incrementar los fondos para la compra de tierras, y no se revisa si esa política se condice con el momento actual.

Yo sostengo que se debe revisar eso, porque la Ley Indígena, en tanto cuerpo legal, está demasiado atrasada respecto de otros reconocimientos indígenas, respecto del mismo Convenio 169 de la OIT que Chile ratificó en 2009, y que estos instrumentos sí reconocen el despojo a los pueblos indígenas, la validez del reclamo para recuperar sus territorios, y además plantea caminos de solución que no son un concurso público abierto donde se consigue un subsidio de tierras, sino que plantea que tienen que existir mecanismos de negociación política para llegar a un acuerdo político en torno a la demanda de los pueblos indígenas. La Ley Indígena debió haber sido inmediatamente derogada una vez que se ratificó el Convenio 169.

-Ese enfoque se basa más en los derechos que en demandas particulares, ya que la política de entrega de tierras también -es criticada por funcionar como un subsidio a los privados que inflan los precios a los que se venden los terrenos, y que escapan a los precios de mercado.

Exacto. Esta política, que es la misma de todos los últimos gobiernos, es una política que en el modelo de desarrollo neoliberal actual, plantea una salida al conflicto. Esa salida, como digo, es  insuficiente, equivocada y que agrava el conflicto. Donde debiéramos arribar en Chile en torno a la demanda territorial indígena es a un acuerdo político. Uno como lo fue el acuerdo de Waitangi en Nueva Zelanda, en donde, mediados por la Corte Suprema, el pueblo maorí y las autoridades arribaron a un acuerdo en torno a restitución de tierras, participación política, y compensación económica para los casos donde no podía haber restitución de tierras.

Hay casos donde es imposible llegar a una restitución. Si las comunidades aledañas a Temuco quisieran eso, difícilmente se podría lograr. En Nueva Zelanda, lo mismo. Había aldeas y comunidades dentro de ciudades, y fueron puestas en el petitorio ante el Tribunal, y se arribó negociadamente a compensaciones económicas.

En el caso mapuche, nunca que se ha dado este proceso de negociación política con el Estado sobre la demanda territorial, y lo que hay es este modelo, muy en la lógica del mercado, en la lógica de subsidio y de tratar el tema como de familias en conflicto y no de un pueblo.

Y además coincido con los que algunos sectores conservadores plantean, que es que esta política tiene incentivos perversos. Se ha gestado todo un mercado negro en torno a la especulación con las tierras, y eso es algo que debiera alertar, porque esas prácticas mafiosas y corruptas vienen a quitarle validez y ensuciar una causa que tiene todo el respaldo en el derecho internacional, como lo es la causa de los pueblos indígenas. Yo no me hago el leso respecto al mal uso de los recursos públicos para la compra de tierras, de la corrupción en la cual hay un sinfín de actores a los que le interesa mantener el conflicto vivo, y que además plantea serias dudas respecto de quiénes son los que están detrás de los atentados, porque hay un mercado que se gestó en la zona a raíz de la especulación con las tierras. Y hay gente encarcelada en Temuco que eran corredores informales de propiedades que estaban ganando millonarias comisiones por la venta de tierras, y no son mapuches. No es positivo por ningún lado que esta política se mantenga.

-¿Cómo crees que esta misma lógica de desarrollo neoliberal, que probablemente choca con la cosmovisión mapuche, dialoga con el significado que tiene la tierra para las comunidades versus el modelo productivo centrado en el uso agrícola o forestal?

Es por lo que decía. La política de tierras está basada en una concepción del desarrollo que no es básicamente la mapuche, una concepción del progreso pero también una concepción caricaturesca de la identidad indígena, porque pareciera ser que estamos condenados a ser agricultores los mapuches, a ser unidades de negocios para el mercado. Y uno escucha muchas veces esa crítica de que se entregan tierras y no las trabajan. Bueno, sucede que las comunidades muchas veces recuperan espacios y los entienden como lugares ceremoniales. ¿Por qué la gente estaría obligada a recuperar espacios y a transformarlos inmediatamente en unidades de negocios, para el mercado del trigo, de rap, o del vacuno?

Hay una reivindicación de tierras que también está asociada a lo cultural, a lo religioso, a los rituales y eso también es válido. ¿Por qué va a ser válido para un huinca tener una parcela de agrado donde va simplemente a contemplar la naturaleza y no se le exige que produzca con su fundo?

-Esto lleva necesariamente a la pregunta por el tema del control territorial, que podría ser una de las vías de solución asumiendo que se logre un acuerdo político. En ese sentido, ¿cómo calificas la propuesta que realizó la Comisión de descentralización  respecto de que La Araucanía debe contar con estatuto específico de autonomía, y que reconoce la plurinacionalidad en ese territorio?

Encuentro positiva la propuesta, en el sentido de que es bueno sacar la discusión desde el ámbito del conflicto más contingente a un conflicto que está en un pantano. Es muy difícil que se avance si no se cambia la política actual de tierras hacia una discusión política mucho más elevada. Tengo la impresión de que si eso no pasa, hay una alta probabilidad de que tengamos conflictos de mucha más gravedad y violencia en los próximos 30 años. Esto va a seguir escalando. Cuando surgen propuestas que centran el tema en lo político, siempre lo voy a encontrar positivo.

Esta propuesta política conecta muchísimo con propuestas mapuches muy antiguas, donde dirigentes históricos como Coñuepan o Panguilef, diputados mapuches de los años 40 al 60, y también una intelectualidad mapuche de los 90, han planteado la idea de una región autónoma, donde el mapuche pueda ejercer sus derechos políticos, culturales, económicos y sociales en una forma mucho más adecuada a los estándares de reconocimiento que existen en muchas partes del mundo. Esto se planteó hace mucho tiempo. En el siglo XX, se hablaba de la República Indígena. Grandes dirigentes mapuches de la época plantearon esa idea, y en ningún caso asociado a una idea de separatismo o independencia, sino que se planteaba un nuevo modelo de Estado donde pudiera existir una especie de federalismo atenuado, con un región autónoma, con bilingüismo, etc.

Es una propuesta muy moderna que plantea una salida política para toda la región. No es excluyente de la población chilena o de la indígena. Al contrario, parte de la base de que el territorio mapuche hoy está compuesto por distintas etnias, que apunta a hacerse cargo de un dato de la realidad. Yo la encuentro positiva pero dudo el alcance que pueda tener durante este gobierno, porque no está en la Agenda de la Presidenta, ni de la Nueva Mayoría, una re-estructuración del Estado, lo que implicaría cambios profundos en lo que hoy conocemos como un Estado unitario y centralista. Esta propuesta plantea un desafío, y también para los propios mapuches de empoderarse de esta demanda y de ser capaces de movilizarse y de marchar por ella. Pero esa salida, que saludo mucho, difícilmente va a tener un terreno fértil para ser discutida, apoyada, o comentada si no se resuelve el tema tierras, que es la herida abierta del conflicto, por donde sangra el pueblo mapuche.

-Allí se nota una división donde algunas comunidades llevan una política efectiva de recuperación de tierras. Para ti, ¿cuál sería la solución en este tema?

Fue una comisión de Estado, integrada por varios poderes, los que decidieron y ejecutaron la invasión al territorio mapuche. Fue el Estado como cuerpo; el Congreso aprobó el presupuesto militar para la invasión en un debate parlamentario; fueron las Fuerzas Armadas, una institución del Estado, las que ejecutaron la invasión; el Poder Judicial iba detrás legalizando el despojo; y fue un presupuesto fiscal el que trajo a los colonos de Europa para poblar La Araucanía. Si una comisión de Estado fue la que generó el problema, por qué no iba una comisión compuesta también por todos los representantes del Estado abocarse también a la solución del problema.

Pedro Cayuqueo junto a Sebastian Donoso, expositor en el foro, Maria Eliana Arntz, moderadora, y Eduardo Engel, presidente de Espacio Público.

Conadi es una corporación de un rango legal muy menor. Nunca ha tenido ningún tipo de potestad ni siquiera en el escalafón administrativo. Conadi tiene el mismo rango legal que Conaf, que Chile Deportes. Es de un alcance muy menor y políticamente no tiene ningún peso. Y en una oficina aún menor, como es el Fondo de Tierras y Aguas, está el gran problema entre Chile y los pueblos indígenas. Llega a ser ridículo que el principal conflicto esté delimitado en una oficina de cuarta o quinta categoría, en una institución de tercera o cuarta categoría.

La propuesta es de una comisión de Estado compuesta por el Poder Judicial, el Poder Legislativo -que tiene una comisión indígena solamente para recibir observaciones-, integrada también por el Ejecutivo y los ministerios, el de Hacienda -tiene que haber lucas para el tema-, Bienes Nacionales, Agricultura, y Economía. Esa comisión podría hacer un catastro de cuál es realmente  la demanda de tierras mapuches, porque hoy en Conadi es una ventanilla abierta donde llegan reclamos todos los días. No existe un un catastro formal ni real de cuál es, al 2014, la demanda de tierras del pueblo mapuche. Puede que arroje que no son 10 millones de hectáreas, pueden ser 200 mil o puede que sea toda La Araucanía. Pero ya tener ese dato es clave para negociar políticamente.

Es cierto, hay que acotar que ésta es la demanda de los mapuches del campo. Hoy somos en un 70% urbanos, compartimos la demanda de tierras, la sentimos legítimas, pero tenemos otras demandas que no son precisamente las del campo. Para ese 30%,  ¿existe el territorio suficiente para dejar conforme la legítima aspiración de las comunidades? Yo creo que sí, porque hay un patrimonio gigantesco de tierras que no ha sido tocado, que son las empresas forestales.

Ellas no han sido tocadas por ningún gobierno para exigir la restitución de tierras. Y si hablamos de una comisión de Estado de alto nivel político, tiene que estar también sobre la mesa quiénes tienen hoy día el principal patrimonio de tierras mapuches, que son las empresas madereras. Así como se decidió políticamente en el siglo XIX que el Ejército avanzara e invadiera el territorio… bueno, no vamos a exigir que ahora el Ejército avance sobre las forestales y las saque del territorio para entregárselas a los mapuches, pero cuando menos avancemos en una ley de expropiaciones. O que por un último haya un royalty, que entreguen el 30-40% a las comunidades.

-¿La Conadi no es capaz de empujar esa política de expropiación?

No. Conadi, además de su escaso rango legal y peso político, hoy día es una institución desprestigiada y deslegitimada por casos de corrupción interna, cooptación interna partidista, etc. Lo mejor que pudiese sucederle a la política pública es que Conadi sea cerrada con un candado por fuera.