Corpesca: Ex subsecretario de Pesca de Piñera, Pablo Galilea, complicado por estos mails

La Subsecretaría de Pesca del Gobierno de Sebastián Piñera, que estuvo liderada por el RN, Pablo Galilea, y el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, tuvo un fluido intercambio de información y sugerencias con la asesora jurídica del organismo estatal, María Alicia Baltierra O’Kuinghttons, a través de varios correos electrónicos.

Según informa El Mostrador, los correos, algunos con copia a Galilea, forman parte de la carpeta investigativa del caso Corpesca, liderado por la fiscal Ximena Chong.

Francisco Mujica tuvo que dejar su puesto en la pesquera del grupo Angelini, en 2013, luego de 14 años en la empresa. Todo entre la polémica por las denuncias de donaciones a la diputada Marta Isasi, para la campaña electroral del 2009. Situación que habría sido determinante para tener su respaldo a la Ley de Pesca aprobada a finales del año 2012.

Sin embargo, tan sólo un mes después de su renuncia, el ingeniero civil fue puesto por el Gobierno en el Consejo Nacional de Pesca a través de un decreto firmado, entre otros, por el entonces Presidente Sebastián Piñera y el subsecretario Pablo Galilea.

En el presente año, su nombre salió nuevamente a la palestra porque se filtró su declaración ante la Fiscalía en el caso Corpesca, donde detalló que el senador UDI Jaime Opris habría pedido a la compañía aportes financieros con distintos objetivos, entre el 2008 y 2010.

Hasta ahora había salido a la luz pública que tenía un «contacto» en la Subsecretaría de Pesca, que informaba al ejecutivo de las reuniones que sostenía Galilea y le entregaba datos de cómo se preparaban en distintos temas relativos a la industria. Se trata de Maximiliano Alarma, que era jefe de la División de Administración Pesquera de ese mismo organismo.

«Estimada María Alicia, te adjunto nómina solicitada por don Pablo de posibles invitados a una reunión informativa de la Ley de Pesca para esta semana. Favor de indicar el día y hora para mover a la gente», decía Francisco Mujica en un correo electrónico enviado el 13 de junio de 2011 –seis meses antes de que el Gobierno ingresara el proyecto de ley de la nueva Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira– a la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra O’Kuinghttons.

El correo incluía un listado de siete dirigentes sindicales del mundo pesquero, entre los que se contaban el presidente del Sindicato Interempresa de Patrones de Pesca Iquique, Michel Campillay, quién figura en la investigación como cercano a Corpesca y encargado, entre otras cosas, de entregar información a Mujica sobre los movimientos de la Comisión de Pesca del Senado.

María Alicia Baltierra declaró como testigo ante la Fiscalía el 28 de octubre pasado. Consultada por este mail, dijo que este tipo de reuniones informativas eran habituales. «Se hacían tanto en el Congreso, a veces en la SSP (Subsecretaría de Pesca)», aseguró. Además, detalló que en todas las organizaciones de pescadores industriales participan dirigentes laborales, pero «no sé por qué es Francisco Mujica quien indica qué dirigentes sindicales invitar».

Un mes antes del polémico mail, el 12 de mayo de 2011, Mujica enviaba a Baltierra una propuesta de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande (Asipnor), del articulado de la Ley de Pesca.

Un día después, a las 11:36 horas del viernes 13 de mayo, el ejecutivo adjuntaba a Baltierra una resolución peruana «para que la compartan con el subsecretario de Pesca y su equipo asesor, con el fin vean por dónde vendrán los próximos ‘dardos’ hacia la paupérrima cuota para el norte y cómo la aprovechan los peruanos desconociendo todo el acuerdo de Cali».

La respuesta de la abogada –que estuvo antes en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), compuesta por Corpesca, Itata, El Golfo, Adimar, entre otros– fue rápida. A las 13:05 agradecía y aseguró que remitiría la información «al embajador Balmaceda».

En su declaración con la Fiscalía, Baltierra explica que «en una reunión en Cali se fija el límite de captura, respecto del cual Chile incorpora tanto la pesca de alta mar como la ZEF. En cambio Perú solo incorpora la pesca de alta mar, lo que además les permitiría aumentar sus capturas para acumular mayor captura histórica. Esto afectaba a los industriales del jurel y por eso Francisco Mujica me lo envía».

Información reservada

Baltierra proporcionaba información reservada a Mujica el jueves 13 de septiembre de 2012, a través de un mail con copia a Galilea, titulado «propuesta de la proepiedad de peces». 

«De acuerdo a la conversación con Ramón Pino (jefe de Gestión y Desarrollo de Corpesca) envío a usted una propuesta para el artículo que establece cuál sería el estatuto jurídico de los peces. Este es un tema analizado y concordado con Cancillería y que aún es en total reserva», dice.

Fiscalía le consultó sobre esto a Baltierra, quién dijo que la alusión a la reserva «es solo porque el artículo aún no entra al Congreso».

Un mes antes, el miércoles 3 de octubre de 2012, Mujica mandaba un nuevo mail a Baltierra, con copia a Pablo Galilea, diciendo que el entonces presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis, «me envió el documento de indicaciones referente a las caducaciones, que me permito enviarte y a su vez poder discutirlo con don Pablo. También te envié mis observaciones al párrafo 2º. Te pediría que estos me lleguen en forma directa porque no sé lo que le distribuyen solo a Sonapesca».

Baltierra respondía ese mismo día: «Hay dos opciones o excluir a los pelágicos y dejarlos con una norma de lo desembarcado en un determinado periodo de tiempo y a los demás con cumplimientos de las cuotas, o bien dejarlos a todos con lo desembarcado. Esto porque estamos claros en las distorsiones que genera especialmente en los pelágicos pequeños. En relación a sus comentarios del párrafo segundo, efectivamente la Convención es para alta mar, pero también contempla ese mecanismo que puede aplicarse a la ZEE (Zonas Económicas Exclusivas) en cuyo caso se requiere la aprobación del Estado de Chile y la idea es regular cómo se otorga esa autorización», explicaba la abogada, que finalizaba el correo electrónico señalando que «lo llamo mañana si tenemos más novedades».