Huracanes en el Wallmapu: Entre el dolor y la esperanza

Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre

Inca Yupanqui, 1812; K. Marx, 1867

El pueblo Mapuche se enfrenta a una nueva ofensiva desde los distintos poderes del Estado chileno, ofensiva que en manos de la Subsecretaría del Interior amenaza con tomar proporciones interestatales. A los oídos sordos que las autoridades prestaron por más de 115 días a la huelga de hambre de cuatro comuneros se sumó, la semana pasada, la llamada “operación Huracán” en la que fueron apresados nueve más, todos procesados por la Ley 18.314, la famosa Ley Antiterrorista promulgada por Pinochet y administrada desde entonces por los distintos gobiernos civiles.

Como consecuencia, a los cuatro lagmien en huelga se sumaron otros nueve, todos reclamando el derecho al debido proceso, el fin a la Ley Antiterrorista y a su aplicación al pueblo Mapuche, lo cual incluye poner fin a los testigos sin rostro, las pruebas adulteradas y tendenciosas, y sobre todo las extensas “prisiones preventivas”. Recordemos que los huelguistas pasaron casi un año y medio en esta condición, esperando por un juicio que comenzó recién el miércoles pasado. Después de mucha presión interna e internacional, el gobierno ha prometido retirar la aplicación de dicha Ley, sin explicar al país las razones de su invocación original y sin dar garantías de que la justicia acepte poner fin a las prisiones preventivas.

Ahora bien, para una mirada más general, se trata de una ofensiva que posee continuidades con la política estatal de aniquilación mediante la persecución, asedio (económico, social y ambiental) y criminalización contra el pueblo Mapuche. Una política que ha sido aplicada de manera consistente en el tiempo por el Estado chileno, y que se materializa hoy de manera evidente en la constante amenaza de mayor militarización en el Wallmapu (para no hablar de manifestaciones menos públicas, como la presencia de los basurales más grandes de la región de La Araucanía justamente en zonas de reducción Mapuche).

Junto con solidarizar con las y los luchadores Mapuche, sumándonos a sus reclamos por poner fin de una vez y para siempre a la Ley 18.314 y por garantizar el respeto al debido proceso, quienes participamos del Frente Amplio debemos insistir en la necesidad de un cambio radical en la “política” hasta ahora implementada para la “solución” de este conflicto. Debemos reemplazar la hasta hoy mantenida política de aniquilamiento por una combinación de reparación de Estado, reingeniería política y cambio en el modelo productivo y sociocultural. Se trata de medidas que poseen consecuencias nacionales (que trascienden el Wallmapu), y que apuntan a transformar los cimientos coloniales y racistas que erigieron al Estado chileno, los mismos que en la actualidad son perpetuados en clave neoliberal.

Cinco siglos igual

Nada de esto es nuevo: el Wallmapu ha vivido bajo permanente violencia desde hace casi 500 años. Y sin embargo, incluso el dominio colonial español puede parecer un recuerdo tranquilo comparado con la situación después de que, entre 1862 y 1883, el Estado Chileno usurpara al pueblo Mapuche más de 3 millones de hectáreas de tierra solamente en la actual Región de La Araucanía. Desde entonces, este pueblo ha sobrevivido en condiciones de reducción y pobreza; y únicamente el regocijo de ese Estado y sus elites explica que estos hechos sean hasta hoy denominados “Pacificación de la Araucanía”.

Un siglo después, la dictadura de Pinochet quiso culminar la tarea comenzada por el infame coronel Saavedra por medio del envío de tropas para reorganizar la zona, junto con declarar públicamente que “los mapuches no existen: aquí somos todos chilenos”. El Dictador además entregó el manejo de los recursos naturales y forestales del país a un grupo de empresarios que los monopolizan desde entonces. El DL 701 fue hecho en 1974 por Julio Ponce Lerou (sí, el mismo de SQM) a la medida de las actuales empresas forestales y celulosas, brindando subsidios estatales a actividades de plantación y manejo de bosques. Los principales beneficiados: los grupos Arauco y CMPC (otra vez sí, los mismos de la colusión del papel). Todo esto amparado por una Constitución en la cual los derechos de propiedad están por sobre los de uso social de los recursos naturales.

Los gobiernos civiles que han administrado la herencia neoliberal de la dictadura simplemente han gerenciado el proceso de aniquilación del Wallmapu, incorporando algunos simulacros de reconocimiento a los pueblos originarios que no se han traducido en una implementación plena y efectiva de los mismos. En particular, el Convenio 169 de la OIT resguarda el derecho de estos pueblos a sus tierras, bienes, cultura, identidad y lengua, así como a determinar soberanamente su desarrollo económico y su organización política. Este Convenio se encuentra ratificado por Chile desdeel 2008, pero su aplicación efectiva ha sido saboteada sistemáticamente por el propio funcionamiento del aparato Estatal.

Al contrario, lo que ha ocurrido es el incremento de la pobreza y la militarización de la zona. Hoy se cuentan más de 1.200 efectivos uniformados en la zona de conflicto, cotidianamente entre las y los habitantes Mapuche, ocupando escuelas y servicios de salud como bases operativas, amedrentando y causando daño psicológico y moral a la población, niñas y niños incluidos. La represión que todo Chile vivió en dictadura se concentra hoy en el Wallmapu para proteger a grupos económicos que generan enormes utilidades. Así, entre CMPC y Arauco cuentan con cerca del 70% de la industria forestal y celulosa desde el Biobío hacia el sur (es decir, en una zona que concentra más de la mitad del bosque nativo de Chile), y durante los últimos 15 años los subsidios del Estado a las forestales han sido de más de US$ 80 mil millones.

Mientras tanto, la Araucanía y el Biobío son las regiones con la mayor pobreza extrema: 8,4% y de 5,8% respectivamente, siendo el promedio nacional de 3,5%. La desocupación es también más alta entre el río Biobío y Nueva Toltén, y mientras los ingresos en un hogar promedio de Santiago son de 1 millón de pesos, en esta zona son cerca de la mitad. A esto se suman las condiciones de pobreza de los pueblos originarios, donde los hogares indígenas (y por ende Mapuche) son consistentemente más pobres que los del resto del país tanto en términos monetarios como multidimensionales. Uno de cada cuatro hogares indígenas se encuentra en condición de pobreza por trabajo (datos CASEN 2015). Estudios han revelado que la mortalidad perinatal es más alta en mujeres Mapuche debido a la pobreza. Pensemos en estas familias desplazadas de sus tierras, o bien permaneciendo en ellas pero sufriendo la crisis hídrica producto de las actividades forestales, que generan enormes zonas de sacrificio humanas y ecológicas.

El futuro del Wallmapu: Aniquilación o Nuevo Trato

Si en los siglos XIX y XX la “Pacificación” fue sinónimo de sometimiento, en el siglo XXI se trata derechamente de aniquilación. Estas son las consecuencias del modelo neoliberal y extractivista en el sur de Chile, anclado en la larga duración de un Estado colonial y racista. Para la cultura milenaria Mapuche, que ha debido resistir distintas oleadas colonizadoras, estos últimos cuarenta años no han sido un respiro de aquello. Hidroeléctricas, carreteras, plantación de pinos y eucaliptus y stress hídrico, depredación pesquera, y un permanente “estado de excepción” lo confirman.

Resulta difícil negar lo que esto parece: una nueva ofensiva del Estado chileno, similar a la de hace casi 140 años atrás. ¿Es casual entonces que algun@s jóvenes (y no sólo jóvenes) Mapuche terminen por reproducir el ciclo de violencia en el que han (sobre)vivido toda su vida? ¿Puede llamarse a esto terrorismo, o siquiera delincuencia?

El reconocimiento constitucional de plenos derecho de autonomía y libre determinación a nuestros pueblos originarios debe ser garantizado en la Constitución de Chile como Estado Plurinacional, como ha quedado recientemente ratificado en el Plebiscito Programático del Frente Amplio. Sobre estas bases, debemos discutir qué modelo económico queremos para Chile, uno que respete tanto las costumbres de nuestros pueblos-naciones como los equilibrios ecológicos, en la perspectiva de un buen vivir.