El rol de la Inteligencia de Carabineros en la zona del conflicto mapuche nunca había estado más en entredicho, después del giro que tomó la Operación Huracán, en la que inicialmente se inculpó a Héctor Llaitul y otros siete dirigentes mapuche de una serie de atentados incendiarios y de asociación ilícita terrorista.

Si bien ayer la Corte de Temuco revocó la orden de sobreseer, la investigación contra los comuneros se encuentra cerrada, pues los focos del Ministerio Público están sobre los funcionarios de Carabineros que habrían manipulado evidencia para dicha causa, según han acreditado peritajes de la propia Fiscalía y de la PDI. De hecho, pronto se debería concretar la formalización del capitán Leonardo Osses Sandoval. Su ex jefe en la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía (UIOE), el mayor Patricio Marín Lazo, es otro de los cabecillas de la inteligencia policial en la región que aparece como imputado en la causa Huracán. Ambos fueron pasados a retiro por el general Bruno Villalobos una vez que se destapó su rol en las pericias.

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Y pese a que la investigación sigue en curso y enfocada contra siete funcionarios, las esquirlas de Huracán ya comienzan a afectar otras causas judiciales donde aparecen como imputados comuneros mapuche. Una de ellas es la más mediática del último tiempo: El caso Luchsinger Mackay, que se reinició este lunes después de que la Corte de Apelaciones anulara el fallo que originalmente absolvió a los 11 imputados.

“La causa Luchsinger Mackay no tiene ninguna vinculación, ni directa ni indirecta, con lo ocurrido en la ‘Operación Huracán’, que responde a una indagatoria realizada por un grupo dentro de Carabineros”, aseguró Carlos Tenorio, abogado defensor de la familia Luchsinger en el inicio del juicio.

Si bien la PDI acaparó gran parte de las evidencias que sustentan la acusación contra la machi Francisca Linconao, Sergio Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio Catrilaf, Eliseo Catrilaf, José Córdova, Sabino Catrilaf, Luis Tralcal, Hernán Catrilaf, José Tralcal y José Peralino, existe una prueba en particular en la que la Inteligencia de Carabineros sí tuvo un rol fundamental.

Se trata de nada menos que el allanamiento en casa de la machi Francisca Linconao, que fue duramente cuestionado en el primer juicio. Dicha diligencia estuvo comandada por el sargento segundo Marco Enrique Gaete Truan, miembro de la cuestionada UIEO y de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar).

El tridente compuesto de Marín Lazo, Osses Sandoval y Gaete Truan es bastante conocido en la zona del conflicto mapuche. Durante años han liderado la labor de inteligencia en la zona, trabajando a la par en diligencias, detenciones y allanamientos. Por lo mismo, sus nombres se repiten en varias causas judiciales en los tribunales de Angol y Temuco. El Desconcierto identificó, por ejemplo, siete juicios donde los tres funcionarios fueron testigos claves en acusaciones contra 30 personas -todas mapuche- por delitos que van desde el porte de armas hasta la asociación ilícita terrorista. Todos ellos terminaron absueltos y, en algunos casos, los tribunales acreditaron las irregularidades de las pruebas presentadas por Carabineros.

Gaete, quien se mantiene en funciones en la institución, dirige su propio equipo de diligencias. Desde ya, las defensas de los comuneros en el caso Luchsinger Mackay preparan los dardos para cuando el funcionario le toque declarar como testigo en la causa.

Casa donde opera la UIOE en Temuco

Línea recta donde la machi

A raíz de las propias declaraciones de Carabineros en el último juicio -y del fallo de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco- se desprenden dos grandes interrogantes respecto del rol de la Dipolcar en el caso Luchsinger Mackay. Ambas se relacionan directamente con la machi Francisca Linconao.

La primera tiene que ver con las razones que llevaron a que un grupo de cerca de 60 oficiales de Fuerzas Especiales, GOPE y Dipolcar llegaran a las puertas de la casa de la machi la tarde del 4 de enero de 2013, ubicada en la comunidad Pedro Linconao, comuna Padre de las Casas.

El sargento segundo Marco Enrique Gaete Truan fue el encargado de liderar el equipo de rastreo de la ruta de escape de los atacantes que estuvieron la noche del 3 de enero en la Granja Lumahue. Tras el análisis de las huellas de aplastamiento de pasto, huellas plantares y cercos cortados -realizado todo en conjunto con personal de Labocar- llegaron hasta el último registro, ubicada en el cerro Rahue.

Aquí es donde los acusadores -el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la familia Luchsinger- apuntan a que las huellas conducirían hasta la casa de la machi Francisca Linconao. En realidad, el informe pericial planimétrico N°176-2016 (presentado como prueba en el juicio), da cuenta de que la última huella se encontró a exactos 1.100 metros en línea recta de la casa de Francisca Linconao Huircapan.

Gaete, entonces, declaró que entrevistó a diversas personas, que le dijeron que la noche anterior se escucharon ruidos extraños en la casa de la machi. El oficial de Inteligencia no empadronó a dichos testigos que le dieron la información y ni siquiera la mencionó en su informe policial, lo que impidió que los jueces accedieran a esa declaración -porque estrictamente no existe- y que las defensas contra interrogaran a esos testigos.

El teniente Carlos Ramírez, jefe de Labocar de Temuco, quien también se hizo parte del rastreo de huellas ese día, declaró que “a otro nivel se decidió proceder al allanamiento de la casa de la machi”. Ramírez dijo que habían “dos o tres casas” entre la casa de la machi y la última huella encontrada en el cerro Rahue. Juana Linconao, hermana de la imputada, declaró hace un mes a El Desconcierto que son cinco casas de la comunidad las que hay entremedio, y que no hay un camino directo entre su vivienda hacia el cerro Rahue.

Los jueces del primer juicio declararon que “no se logró descubrir la razón que motivó la decisión de allanar, precisamente, este domicilio y no otros que estaban más cercanos y dentro de la misma línea recta de mil metros ya descrita”. Además, “tampoco logran comprender estos Jueces, por qué razón la línea recta de mil metros se trazó justo en dirección hacia la casa de la acusada Linconao y no, por ejemplo, en dirección opuesta o en dirección al sector del Fundo Santa Margarita o hacia el sector Reñico”.

La última frase de los jueces no es gratuita: Según pudo constatar este medio, en la carpeta investigativa del caso existen dos testimonios recogidos por la policía que mencionan haber escuchado movimientos desde el cerro Rahue hacia los sectores de Reñico y Santa Margarita. Es decir, en sentido contrario hacia donde está la casa de la machi.

La machi Francisca Linconao es una de las acusadas en el caso Luchsinger Mackay / Agencia Uno

Los carabineros de civil

Ya en la casa, donde se encontraban la machi Francisca Linconao, su hermana Juana y su sobrina, el grupo de oficiales recorrió hasta la última esquina de las cuatro construcciones que son parte del hogar de la machi.

La defensa de Linconao presentó como prueba -y volverá a exponerlo en el juicio actual- un video grabado desde el casco de un carabinero que participó del allanamiento. En él, se ve cómo la machi Francisca se opuso a la diligencia y discutió con los oficiales. El único que habla con ella es el coronel Pedro Larrondo, quien le dijo que, por orden verbal del juez, tenían autorización para allanar el hogar.

En un momento, se ve cómo personas de civil, con una mochila al hombre, rodean la ruca de la casa, el único lugar que faltaba por allanar. Entonces, el registro muestra a un oficial de civil y con mochila ingresando a la ruca y a otro se para en la puerta. Juana Linconao se acerca y entonces se escucha una voz que dice: “que no entre, que no entre, soldado, ponte ahí que no entre”.

“Entraron dos, había uno mirando por la ventana de la ruca pa’ afuera, uno adentro y el otro en la puerta. Uno dijo, ‘allá viene, allá viene’. Yo miré pa’ atrás porque no sabía a quién le dijo. ‘Qué es lo que viene’, dije, a lo mejor venían más carabineros, pero no venía nada. Era yo. Di como cuatro, cinco pasos y me atajaron. El carabinero de civil me dice ‘quédate ahí no más’, me paró con la mano. Me quedé así po’, porque yo también me asusto, nunca hemos tenido problemas con carabineros”, aseguró a este medio Juana Linconao sobre dicha secuencia.

Juana Linconao Huircapán, hermana de la machi Francisca / Agencia Uno

Lo siguiente que se ve en el video es que la cámara se acerca a la ruca y registra cómo dentro del lugar se encuentra una mochila, que en su interior tiene un cuaderno azul con números telefónicos, cuchillo, un gorro tipo pasamontaña, un cuchillo y una escopeta hechiza.  La machi fue detenida ese mismo día y formalizada por la tenencia de armas, causa de la que fue sobreseída debido a falta de pruebas.

El hecho de que a Juana Linconao se le haya negado presenciar el allanamiento en la ruca es bastante polémico, pues el Código Procesal Penal, en su artículo 212 (“Procedimiento para el registro”), resguarda el derecho de la persona cuyo hogar es objeto de una diligencia de presenciar cada una de las partes de esta. Los jueces acreditaron el actuar irregular de la policía debido a esto.

“Esta irregularidad tiene gran importancia para este juicio, pues resulta que todos los elementos incautados aquella tarde, lo fueron desde la ruca, alegando las defensas que existían buenas razones para pensar que tales evidencias hayan sido ‘plantadas’. Lo cierto es que esta ultima conclusión no fue demostrada en juicio, pero no puede desconocerse que la desprolijidad en el trabajo de carabineros y la vulneración selectiva y deliberada de la norma legal ya mencionada impide a este tribunal dar valor probatorio a las evidencias encontradas en tales condiciones”, opinaron los magistrados.

El acta del allanamiento fue firmada por el sargento Marco Gaete Truan junto a un sargento de apellido Galdamez, también miembro de la Dipolcar.

Gaete declaró en el primer juicio que se encontraba vestido de civil ese día, que a la casa de la machi llegaron en camionetas no institucionales y que el presenció, junto a personal del Labocar, la incautación de evidencias que se encontraron ese día. Pero aún se mantienen varias incógnitas respecto a los hechos, como quién y por qué se dio la orden de allanar la casa y qué hicieron los policías de civil en la ruca.