El ex subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, podría estar envuelto en un posible conflicto de interés debido a que es el encargado de la elaboración de la futura reforma previsional y, al mismo tiempo, es propietario de una destacada consultora en materia de pensiones en nuestro país.

Se trata de PrimAmerica, firma fundada por el mismo Iglesias y su socio Rodrigo Acuña en 1993. Ambos compartieron estudios de economía en la Universidad Católica y también su carrera profesional en AFP Habitat.

A pesar de su rol clave en la elaboración de la reforma, Iglesias no renunció a su participación en la consultora, tal como lo hizo en el año 2010 cuando participó en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Según consigna Pauta, en aquel año, el asesor vendió su participación en la empresa al resto de sus socios y Rodrigo Acuña quedó a cargo de la firma hasta hoy. Sin embargo, en 2015, Iglesias volvió a comprar una participación en PrimAmerica.

“Actualmente los socios gestores son Acuña, Martínez y Echenique. Yo soy socio, pero con un rol ‘pasivo’. Esto es, no participo de la gestión ni en proyectos de consultoría”, aclaró el asesor al mismo medio.

Junto con esto, Iglesias se desmarcó de un posible conflicto de interés al ser propietario de la consultora y en simultáneo ser el asesor en una de las reformas sociales más sensibles para el país.

El economista argumenta que en su anterior cargo tenía labores administrativas, de gestión y políticas, además de administrar cuestiones presupuestarias, razón por la cual sí se justificaba vender su propiedad en PrimAmerica.

Hoy soy un asesor, sin ninguna responsabilidad de decisión, ni tampoco presupuestaria. Solo doy recomendaciones a quienes tienen que tomar las decisiones respectivas“, sostuvo.

Cabe consignar que la ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención en los Conflictos de Intereses no establece que haya una incompatibilidad para los asesores de alto nivel, que trabajan con el Presidente, en el caso de que estos tengan participación en empresas vinculadas a las materias sobre las cuales prestan servicios al Estado.