El derecho a la identidad como presupuesto democrático mínimo

El pasado 4 de septiembre, el Senado votó el informe de la comisión mixta del proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, resultando en la aprobación de las normas sobre el derecho a la identidad de género, los principios y garantías que lo rigen, la inclusión de adolescentes y mayores de 18 años, con o sin vínculo matrimonial no disuelto, con el respectivo procedimiento de cambio de nombre y sexo registral. Lamentablemente, por no alcanzarse el quorum necesario, se rechazó la inclusión de menores de 14 años.

Este miércoles 12 de septiembre se realizará la segunda votación del informe en la Cámara de Diputados, para finalizar los trámites reglamentarios respectivos y ser despachado por el Congreso luego de 5 años y medio de tramitación.

Cómo ya lo hemos mencionado en diversas columnas, esta iniciativa busca, entre otras cosas,  consagrar el derecho a la identidad de género y un procedimiento de cambio de nombre y sexo registral para las personas trans. En esa línea, la causal para esta rectificación consiste en que la persona tenga una identidad de género que no corresponda con el sexo y nombre registrado en su partida de nacimiento. La regulación de estos aspectos se realiza con el objetivo de disminuir y erradicar la la discriminación y exclusión que sufren diariamente las personas trans a causa de la ausencia del reconocimiento de su identidad en los registros públicos y privados.

Si profundizamos en las causas de esta constante discriminación y exclusión, podremos evidenciar que los prejuicios, la ignorancia y la transfobia son los culpables de esta lamentable situación. Es por esto que actualmente numerosas personas trans utilizan la ley 17.344, sobre cambio de nombre y apellidos, para lograr el reconocimiento de su identidad, aunque esto signifique pasar por los exámenes vejatorios del Servicio Médico Legal y someterse a la amplia discrecionalidad de la que goza el Juez Civil.

De esta triste realidad se genera la importante conclusión de que la identidad  constituye en un aspecto fundamental de las personas trans (y no solo de éstas) en una sociedad democrática del siglo XXI. Es aquí donde encontramos la importancia principal de la aprobación de este proyecto de ley, mucho más allá de la noción del simple cambio registral que tienen muchas personas. El reconocimiento de la identidad se convierte en el piso mínimo para que las personas trans puedan ejercer sus derechos sin las dificultades que existen actualmente. Esto implica, en términos prácticos, que la persona sea reconocida con su nuevo nombre y sexo registral en el ámbito de la educación, trabajo, salud, derechos políticos, entre muchos otros ámbitos.

En una sociedad democrática, el reconocimiento de la identidad de una persona trans abre las puertas para el ejercicio de sus derechos al igual que el resto de las personas, a pesar de que esta igualdad se manifieste principalmente en el ámbito de lo formal. Los presupuestos mínimos de una democracia constitucional moderna no solo se basan en la clásica regla del respeto a las decisiones de las mayorías sino que también incluyen la garantía de que todas las personas puedan ejercer, sin barreras arbitrarias, sus derechos. Al final, la identidad se transforma en un asunto de dignidad y de igualdad.

Este proyecto de ley busca restituir a las personas trans parcialmente la dignidad que el Estado de Chile les ha arrebatado y negado durante décadas. La aprobación de la ley permitirá iniciar la discusión sobre la realidad de las personas trans de forma más profunda y las herramientas para erradicar la transfobia. En este sentido, evidenciaremos de forma similar lo que ha sucedido en Argentina, Uruguay, Bolivia, y otros países con normativas en esa materia. Esto es, que el reconocimiento de la identidad es un presupuesto democrático mínimo pero que no es suficiente para evitar la discriminación y exclusión que seguirá persistiendo.