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Los diputados frenteamplistas de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic y Pablo Vidal, habían solicitado públicamente su pronunciamiento sobre los hechos.
Desde la semana pasada, varios diputados y diputadas habían manifestado públicamente que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta Michelle Bachelet, debía pronunciarse acerca del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca por parte de agentes de Carabineros.
Entre las voces que invocaron a la ex mandataria estuvieron los diputados frenteamplistas de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic y Pablo Vidal. “Debemos escuchar a los organismos internacionales expertos en defensa de DD.HH., como Amnistía Internacional o la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas”, dijo Pablo Vidal, presidente de la instancia.
Mirosevic, por su parte, opinó que era «lógico y necesario» que Bachelet «levante la voz» sobre la situación del pueblo mapuche en Chile.
Hasta este lunes, cinco días después de la muerte de Catrillanca, la repartición de la ONU que encabeza la ex presidenta Michelle Bachelet ha evitado referirse públicamente al caso. De hecho, ante la llamada de La Tercera para recoger sus declaraciones, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, respondió “No se si será posible conseguir una respuesta ahora porque estamos muy ocupados con otras cosas. Le comento durante la tarde”.
Finalmente, la voz de Bachelet se hizo escuchar este martes. La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), con Bachelet a la cabeza, expresó mediante un comunicado, su preocupación ante los antecedentes conocidos por el homicidio del comunero mapuche.
“De acuerdo con la información recibida por la Oficina Regional, los hechos tuvieron lugar en el marco de una operación llevada a cabo por personal de fuerzas especiales de Carabineros de Chile. Además, durante la operación fue detenido ilegalmente un menor de edad, quien fue víctima de lesiones que podrían constituir tortura“, señala el texto.
«La Oficina Regional confía en que el Ministerio Público realizará una investigación exhaustiva, rigurosa y eficaz que permita establecer las circunstancias de los hechos, así como la plena identificación de los responsables y las sanciones correspondientes», continúa el comunicado que, antes de cerrar, insta a «evaluar oportunamente la reparación integral del daño causado y las debidas garantías de no repetición».
Finalmente, la Oficina Regional anuncia que dará seguimiento al caso y realizará «gestiones en el marco de su mandato, a nivel nacional e internacional».
