Educación

Ex director de Inclusión y Participación del Mineduc afirma que gobierno de Piñera prescindió de esta división

Por: El Desconcierto / Publicado: 09.01.2019
Andrés Soffia estuvo a cargo de esta unidad durante el gobierno de Michelle Bachelet, y a propósito de los casos de homofobia que se han denunciado al interior del Liceo San Francisco de Quito, aseguró que esta medida "es una violación a la normativa actual".

El relato de Alejandro Melo, estudiante gay egresado del Liceo San Francisco de Quito, dio cuenta de una serie de episodios de homofobia que se acumularon durante su historial como alumno, en el mismo establecimiento en que un grupo de estudiantes se negó a leer el libro “La esquina es mi corazón” de Pedro Lemebel debido a la orientación sexual de su autor.

Por eso, esta mañana Andrés Soffia, ex director de la división de Inclusión y Participación Ciudadana del Mineduc fue entrevistado en el programa “Aquí y Ahora”, conducido por Rayén Araya, y en la conversación ahondó en la facultades que tiene la cartera en materia de inclusión.

–Tú estuviste en el área de Inclusión y Participación Ciudadana del Mineduc ¿Qué opinas del caso de Alejandro Melo?

 La realidad de violencia y discriminación hacia la diversidad sexual y de género en los establecimientos educacionales es una cuestión de día a día, el caso de Alejandro afortunadamente aparece en un medio de comunicación, en El Desconcierto, se difunde y genera una nueva discusión transversal. Pero no es un caso aislado, los casos de discriminación y violencia están presentes todos los días en niños, niñas y adolescentes, en todo tipo de establecimientos educacionales, privados, públicos, incluso en los jardines infantiles a través de los docentes. No es un caso puntual, hay que leerlo como una referencia de una situación que se da de manera sistemática en todos los espacios educativos.

Ahora, hay una contradicción. Cuando uno se mete a la página del Ministerio de Educación, donde aparecen todas las fichas, los proyectos educativos, los valores de competencia de cada establecimiento del país, si uno ingresa a este establecimiento en particular, que es un liceo público (San Francisco de Quito), en su manual de convivencia y proyecto educativo, aparecen una serie de principios e instrucciones de sentido educativo, establecen que en ese colegio no se pueden generar acciones de discriminación hacia personas que se reconocen con una orientación sexual distinta.

¿Por qué los documentos que son públicos hoy día no se están cumpliendo? Vemos que las máximas autoridades políticas del establecimiento, en este caso el alcalde como sostenedor, no se hace cargo de manera activa y efectiva para prevenir y reparar acciones de discriminación. Yo no lo logro entender.

– Señalas que estas prácticas violentas y discriminatorias, se instalan de manera sistemática, ¿de qué manera se afecta la vida de individuos, estudiantes en este caso, que están en proceso de formación?

– Hay un montón de investigaciones y evidencia, levantamiento de información empírica respecto a qué pasa con las acciones de violencia y discriminación que sufren las personas catalogadas como ‘grupo de especial protección’, me refiero a LGTBI, estudiantes inmigrantes e indígenas, que efectivamente impiden el acceso y el pleno goce del derecho a la educación en un sistema educativo respetuoso de sus identidades. Esto sucede diariamente en el sistema educacional chileno y son muy pocas las acciones de prevención que se están implementando desde el Ministerio de Educación y desde la Superintendencia. Se levantan los casos, se visibilizan, se genera una discusión pública respecto a los temas, pero a la hora de actuar son pocas las acciones que se evidencian.

– El colegio puede publicar su manual, pero ¿habrá quien fiscalice su cumplimiento? ¿Qué hace el Ministerio?

– El Ministerio de Educación, el año 2014 crea una unidad de Inclusión y Participación Ciudadana, con dos focos muy claros. Uno era desde los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, fiscalizar y diseñar política pública de protección de derechos a todas las personas que han sido sistemáticamente vulneradas en su proceso de educación, y además generar mecanismos de relación con la sociedad civil y la comunidad educativa para ver de qué manera se pueden diseñar políticas educativas de prevención y reparación. Hoy día, ese equipo de trabajo, esa división se desvaneció, no existe, las personas que trabajaban en esa área las sacaron del gabinete de la ministra, incluso a quienes contrataron este año, fueron despedidas o removidas de ministerio.

– ¿El área de Inclusión y Participación no existe?

– Esta área, hoy día, no está vigente y eso es una violación a la normativa actual. Hay una Ley de Participación Ciudadana con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, a los que no se les está haciendo seguimiento ni desarrollando políticas de ese enfoque en el ministerio, lo que me parece muy grave. No hay ningún profesional en el actual gabinete ministerial que esté trabajando en esto. Es un mensaje contraproducente para un ministerio que habla de ‘todos al aula, a un Aula Segura’. ¿De qué manera van a hacer efectivos esos compromisos hacia la ciudadanía? No lo sé.

– ¿En qué medidas se trabajó cuando el área existía?

– En la unidad de Inclusión y Participación se levantaron al menos siete grandes políticas. Hubo una que fue muy polémica y estuvo concentrada la discusión pública en el uso de los baños de los colegios, porque hablaba de la protección de derechos de niños, niñas, y estudiantes trans. Era la circular 7068 de la Superintendencia de Educación, donde declara obligatorio que los establecimientos educacionales públicos y privados, definan medidas para la protección de derechos, independiente de que estuviesen en una situación de tránsito de género. A propósito de esa circular fue que apareció el bus naranja. Fue polémico, pero sólo buscada garantizar la educación que se merecen.

Lo segundo habla de orientaciones LGTBI en el ámbito de la educación. Ambos documentos están vigentes y disponibles, pero carecen de promoción y acompañamiento técnico. Las comunidades no los implementan porque hoy nadie los obliga a hacerlo.

Después de eso, sacamos documentos de estudio y material académico, con diálogos que tuvimos con estudiantes trans y sus familias, durante un proceso bastante largo. Allí, se definen cuáles son las situaciones de vulneración que viven de manera real estos estudiantes en los establecimientos y de qué manera la comunidad escolar debiese reaccionar para prevenir.

Publicamos una guía para la no discriminación que la votamos con la Organización de Estados Iberoamericanos; la traducción del libro del académico de la Universidad de Nueva York, S. J. Miller, que habla sobre medidas pedagógicas para prevenir la discriminación hacia estudiantes trans; y está el contenido con mayor sustento y carga académica que hicimos con la Universidad Alberto Hurtado, que se llama “Estudio, prácticas, narrativas y experiencias LGTBI en el contexto escolar”. Toda la investigación arroja que hay un avance en la consideración y el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, pero hay un mundo gigantesco de ignorancia sobre las medidas y acciones a tomar para respetar sus identidades sexuales. Estos documentos existen, pero varios ya no están disponibles en la página del Ministerio de Educación.

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