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Desde La Moneda intentarán suprimir las indicaciones presentadas por las diputadas Jiles y Hertz que buscan penar con cárcel a quienes defiendan o nieguen los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura, así como a quienes inciten el odio contra un grupo en razón de su etnia, nacionalidad o situación económica. «El Gobierno tiene la convicción de que el derecho a la libertad de expresión no puede ser limitado», argumentó la subsecretaria de DDHH.
El gobierno de Sebastián Piñera busca eliminar el delito de negacionismo, una indicación ingresada al proyecto sobre incitación a la violencia por la diputada PC Carmen Hertz en diciembre pasado.
Según informó La Tercera, el ministro de Justicia Hernán Larraín y la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, presentarán indicaciones para revertir la enmienda ingresada por Hertz, ya aprobada por la instancia, que sanciona como delito a quienes defiendan o niegue los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
A la vez, desde La Moneda intentarán suprimir la indicación que busca penalizar con cárcel a quienes promuevan el odio contra un grupo en razón de su etnia, nacionalidad o situación económica, entre otras variables. La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles.
Las dos indicaciones fueron aprobadas en la Comisión de DDHH en el marco del primer trámite constitucional del proyecto en la Cámara de Diputados, pese a las intenciones del Gobierno de modificarlas.
Según argumentó Recabarren, «el proyecto de ley de incitación al uso de la violencia física fue ampliamente modificado en su tramitación en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, de modo que desde el Ejecutivo estamos analizando qué fórmulas propondremos al Congreso para rescatar el origen del proyecto».
Sobre la idea de obstaculizar la iniciativa que pretende penar el negacionismo, la subsecretaria agregó que «el Gobierno tiene la convicción de que el derecho a la libertad de expresión no puede ser limitado sino en casos muy excepcionales y debidamente regulados, y mucho menos restringido con penas privativas de libertad, salvo en casos de particular gravedad».
Respecto a la propuesta de Jiles, el Ejecutivo pretende que tenga una fórmula distinta a la indicación ya aprobada, de manera que no incluya sanción penal y que contemple sanciones similares a lo estipulado en la denominada Ley Zamudio.
