A raíz de la tramitación del Tratado Trans Pacífico (TPP 11), en el Congreso Nacional de Chile, la discusión va entre quienes argumentan que este tipo de acuerdos entrega soberanía a las grandes empresas trasnacionales y aquellos que apuntan a los beneficios económicos que este tratado traería para el país.

Cabe destacar que desde los 90, Chile es el país que más tratados de libre comercio ha firmado. “Actualmente posee un total de 24 acuerdos de libre comercio con más de 60 países del mundo y hasta ahora hemos reflexionado muy poco sobre los afectados por estos acuerdos”, indica el investigador y autor del estudio, Carlos Figueroa.

Con el objetivo de generar una visión amplia y propositiva al respecto, el investigador elaboró un informe que profundiza en las consecuencias sociales, en derechos humanos, medioambientales y monetarias que estos acuerdos han significado para los chilenos y chilenas.

“Esta investigación aborda los problemas que traen este tipo de acuerdos y formula propuestas para solucionar esos problemas”, comenta Figueroa, agregando que “las soluciones van en la vía de no seguir aprobando tratados como el TPP11 y aprobando acuerdos sin que estos tengan un proceso democrático y contenidos que beneficien al conjunto de la población”.

La investigación profundiza, entre otros, en los problemas que traen este nuevo tipo de acuerdos que Chile está firmando para los pueblos indígenas, para los derechos digitales e, incluso, para la salud de la población. “No hay nada en el TPP11 o en el acuerdo con la Unión Europea que vaya en la vía de potenciar la salud de los chilenos y chilenas”, asegura el investigador.

Sobre aquello, Figueroa sostiene que “muchas veces (los tratados) abren puertas para que las grandes trasnacionales salgan beneficiadas y esto es algo que podríamos terminar pagando todos y todas“.

Para explicar este tipo de consecuencias, el investigador también detalló por qué son las empresas transnacionales las que podrían salir beneficiadas. “Si el día de mañana, por ejemplo, decidimos cambiar nuestro sistema de pensiones, una empresa transnacional como AFP Cuprum y Provida, de capitales estadounidenses, podría demandar a Chile por cambiar las reglas del juego, impedir que cambiemos la ley o apostar a una gigantesca indemnización por algo que soberanamente decide el pueblo de Chile”, indica.

En ese sentido, Figueroa sostiene que “tratados como el TPP11 o de la Unión Europea le entregarán la soberanía que tiene Chile a estas empresas, quienes tendrán el poder para evitar que cambiemos nuestras políticas sociales o ambientales”.

Es por ello que el documento aporta propuestas que puedan ayudar a enriquecer el debate. Estas abarcan desde el ámbito supranacional, pasando por cambios constitucionales que le dan mayor poder al Congreso y la sociedad civil en las negociaciones, hasta fondos que permitan paliar las consecuencias de la globalización para los pequeños emprendedores afectados por el comercio.

Revisa a continuación la investigación completa: