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Si bien el Impuesto a la Herencia y Donaciones no es un impuesto cuyo aporte al fisco sea relevante en relación a otros instrumentos, su recaudación se concentra en las familias de alto patrimonio, lo que lo convierte en una herramienta esencial para corregir la desigualdad en los países.
El proyecto de reforma tributaria contiene varias modificaciones que han estado fuera del debate público, pero no por ello son menos importantes. Particular atención se debe tener a los cambios propuestos a la ley de Herencias y Donaciones (ley 16.271), en especial lo referido al artículo primero de este cuerpo legal. El impuesto a la herencia y las donaciones tiene una tasa progresiva (a mayor masa hereditaria mayor es la tasa del impuesto), que va desde un 1% a un 25%, y considera una exención a los herederos directos (cónyuge e hijos) de 600 UTM. Es decir, los herederos directos pagan este impuesto solo en la medida que el monto que reciban por herencia supere los $ 29.011.800[1].
Si bien el Impuesto a la Herencia y Donaciones no es un impuesto cuyo aporte al fisco sea relevante en relación a otros instrumentos, su recaudación se concentra en las familias de alto patrimonio, lo que lo convierte en una herramienta esencial para corregir la desigualdad en los países. Esto resulta más importante cuando se evidencia que la desigualdad de riquezas es más alta que la desigualdad de ingresos, brecha que ha ido en aumento en las últimas décadas. Es justamente este hecho el que motiva el reciente reporte de la OCDE (2018), “The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OCDE”, que alerta sobre la capacidad de las personas de alta riqueza para producir más riqueza sin la necesidad de trabajar, por ejemplo, recibiendo donaciones o herencias de alto patrimonio. El reporte concluye diciendo que los impuestos a los ingresos del capital no son suficientes para reducir la desigualdad de riqueza, y que la respuesta a este problema se encuentra en el fortalecimiento (mayores tasas y mayor aplicabilidad) de los impuestos sobre las herencias.
El proyecto de reforma impulsado por el gobierno contiene una modificación a la ley en cuestión que consiste en liberar del impuesto a las donaciones cuando estas se efectúen a entidades domiciliadas en el exterior, siempre que no exista relación entre el donante y la entidad receptora de la donación. Esta modificación pareciera inofensiva a primera vista, con poca utilización o que incluso fomenta las donaciones a corporaciones sin fines de lucro. Sin embargo, el análisis más detallado del proyecto de ley da cuenta de una nueva definición de “partes relacionadas” que excluye como “personas relacionadas” a las “relaciones familiares”. Es decir, si los hijos de una persona constituyen una sociedad en cualquier país distinto a Chile (por ejemplo, Panamá), con el objetivo que sus padres les donen patrimonio, esta donación no pagará impuesto de aprobarse las modificaciones propuestas: donaciones al exterior no pagarán impuestos y padres e hijos no se considerarán como relacionados.
Esta modificación tiene también relación con los incentivos al uso de Trust. Los Trust son estructuras no reguladas en la legislación nacional y constituidas en el exterior, normalmente en un país de baja o nula tributación, cuyo objetivo es la administración de un patrimonio por parte de un tercero, por un tiempo determinado. Luego de haberse cumplido el plazo, parte o la totalidad del patrimonio es entregado a uno o más beneficiarios, que normalmente son identificados al momento de formar el Trust. El sentido original de los Trust es mantener a resguardo un patrimonio y buscar que este llegue a los beneficiarios cuando estos lo puedan administrar (por ejemplo, cuando hay menores de edad). Sin embargo, también pueden ser utilizados por algunos contribuyentes como un mecanismo para evitar el impuesto a la herencia, en especial en países como Chile donde existe este tipo de impuestos, que considera además herederos forzosos por ley (cónyuges, hijos y ascendientes).
Los Trust recibieron cierta regulación en Chile a partir de la reforma tributaria de 2014 con el propósito de evitar que estas estructuras fueran utilizadas para evitar el impuesto a la renta y/o el impuesto a la herencia. No obstante, la modificación hoy impulsada por el gobierno va justamente en dirección contraria a los objetivos anti elusión eliminado incluso la obligación de informar la utilización de estas estructuras dificultando la labor de fiscalización.
Así, volvemos a la pregunta que ha dado origen a este artículo: ¿a quién beneficia la reforma tributaria, y en particular, la modificación sobre las herencias y donaciones? Se hace evidente que los beneficiados son solo familias de alto patrimonio quienes verán atractivo asumir los costos de constituir un Trust, enviando su patrimonio al extranjero y pagando los gastos de administración que esto conlleva, en tanto esto les permite el no pago del impuesto a la herencia al cual el patrimonio hubiera quedado sujeto de permanecer en Chile.
Veamos un ejemplo más real, digamos, un patrimonio de 12.900 millones de pesos. Sí, es un ejemplo real, ya que corresponde al patrimonio en acciones declarado por el Ministro de Economía José Ramón Valente presentada en 2018. De aprobarse la reforma tributaria, el Ministro Valente podría hacer uso de un Trust y así sus herederos obtendrían un ahorro en impuestos de más de $ 2.500 millones de pesos, monto que el fisco chileno dejaría de percibir. Otros ejemplos de la vida real lo protagonizan el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, con un patrimonio declarado de más de $ 57.000 millones de pesos, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con un patrimonio declarado cercano a los $ 6.700 millones de pesos, y el mismo Presidente de la República, Sebastián Piñera, quién declaró un patrimonio de unos $ 750.000 millones de pesos. Si los tres Ministros y el Presidente hicieran uso de los instrumentos permitidos por las modificaciones propuestas en la reforma tributaria, se ahorrarían cerca de 200.000 millones de pesos.
La semana pasada se aprobó en general la idea de legislar esta reforma. Ahora viene la discusión en particular, instancia dónde se le debe exigir al gobierno de explicaciones sobre los objetivos que busca tras las modificaciones aquí comentada. Deben responder por qué razón es bueno para el país que las familias de alto patrimonio paguen menos impuestos, y por qué es favorable para Chile, uno de los países más desiguales del mundo, debilitar uno de los principales instrumentos tributarios que ayuda a corregir la desigualdad. Así mismo, el Ministro Larraín y el Presidente Piñera deben explicar, de cara a todas y todos, por qué el país tendrá tiempos mejores si le damos la opción a ellos y a sus familias de ahorrase millones de dólares en impuestos.
[1] Según la UTM de abril.
