El neoliberalismo a nivel mundial, como sistema político y económico, no sólo no ha sido capaz de terminar con la desigualdad social y económica —si es que alguna vez tuvo esa intención—, sino que muy por el contrario la incrementó. Hasta el año 2017, según la ONG Oxfam, el 1% de la población mundial concentraba el 82% de la riqueza total producida en todo el mundo. Asimismo, este sistema no sólo provocó dicha concentración, sino que, condición necesaria, también hubo de destruir prácticamente todas las organizaciones sociales de base —formales o informales— a través de la instalación de un marco ideológico que enfatiza la realización individual por sobre las colectivas, y que promovió la supresión de leyes laborales y de protección social mediante la transición de un Estado social hacia uno subsidiario de políticas en su mayoría focalizadas y asistenciales: aquellos ámbitos económico-sociales del desarrollo que carecen de interés para el mercado son atendidos por un Estado con estrecho gasto fiscal.

En este sentido, proponemos —como elementos para el debate— que la estrategia a desarrollar por la izquierda para el próximo ciclo político y electoral sea la de lograr la articulación, en primera de todas las fuerzas posneoliberales en Chile en torno a un proyecto común que contemple, al menos, dos ideas fuerza: la producción y distribución equitativa de la riqueza y la articulación social de base mediante la recomposición del tejido social. Pensamos que es fundamental que estas ideas, además, descansen sobre una gestión municipal centrada en el concepto de gobierno local.

Actualmente, las administraciones municipales de carácter neoliberal no actúan como gobiernos locales, sino mas bien como meras administradoras burocráticas de programas sociales diseñados, en su mayoría, desde el gobierno central. Por tanto, las municipalidades se vuelven entidades tecnocráticas que focalizan sus recursos para a duras penasfrenar el malestar de los más necesitados, convirtiéndolos en meros receptores pasivos de estos beneficios. En cambio, los gobiernos locales posneoliberales que hasta el momento han surgido (que debemos seguir creando y fortaleciendo a nivel nacional) construyen sus propias políticas en diálogo social con el territorio y con las personas. De esta manera, y en primer lugar, estas políticas nacen de la propias necesidades territoriales; en segundo, construyen organización social y popular de base, y en tercero, vuelven más difícil la corrupción al existir cierta vigilancia ciudadana en los procesos internos de dichos gobiernos.

Por otro lado, estos nuevos gobiernos locales, para persistir,  deben generar ciertas condiciones democráticas mínimas para lograr formas de producción y distribución de la riqueza con grados más profundos de sentido de justicia y equidad social. Para lograr esto, hoy es fundamental cuestionar el carácter del tipo de propiedad predominante en nuestras ciudades. Desde un gobierno local, que desea salir de la lógica de la mera administración burocrática de programas sociales, se deben fomentar formas de propiedad distintas a la privada, como por ejemplo: las cooperativas. Estas actúan como unidades de propiedad social de producción y distribución, que —creemos— es más democrática y de mayor equidad económica.

Dicho lo anterior, se torna evidente que la dicotomía entre administraciones neoliberales versus administraciones sociales de gobierno local se transforma en un clivaje central de las próximas elecciones municipales; y en esa misma línea, es la irrupción electoral del Frente Amplio la que justamente abre condiciones democráticas sobre las cuales es posible construir una institucionalidad cuya expresión política se encuentre en sintonía con la resolución de las problemáticas planteadas al inicio de esta columna sobre el eje de la equidad social. Es esta nueva institucionalidad la que debe surgir del diálogo permanente entre las herramientas del Estado y el desarrollo político y social del territorio.

Sin embargo, la Constitución de 1980 contiene cerrojos profundos tanto políticos como orgánicos para frenar este tipo de aperturas democráticas. Es por ello que pensamos que es central que la izquierda, en general, y el Frente Amplio, en particular, comiencen a desmontar dichos cerrojos dictatoriales a través de disputas parlamentarias focalizadas y continuas, tal como ocurrió con la modificación al sistema binominal, a través de una coordinación de esfuerzos sociales e institucionales. En este sentido, el Frente Amplio y la izquierda, articulados como un Frente Posneoliberal, deben pasar a la iniciativa, aprovechando el repliegue y la dispersión de las fuerzas de la ex Nueva Mayoría. En este sentido, no creemos que la iniciativa del Frente Amplio en el Parlamento deba restringirse a la mera fiscalización del gobierno —como fue planteado al inicio del año parlamentario por la bancada frenteamplista— o a la creación de leyes reactivas al sistema neoliberal en Chile. Nuestros esfuerzos debiesen ir más allá y debiesen plantearse en forma estratégica: hacia la articulación de un conjunto de leyes que confieran soberanía real a la población a través de la gestión popular de gobiernos locales.

Esta plataforma estratégica debiera, según nuestro criterio, materializarse, al menos, sobre dos ejes tácticos: el primero, la creación de Pactos Sociales Comunales: pactos sociales confluyentes en cada territorio por la conquista y defensa de gobiernos locales; y el segundo, por la creación de una nueva Ley de Gobiernos Comunales que sustituya la actual Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. De esta manera podremos asegurar la posibilidad de que los municipios, como decíamos anteriormente, tengan las facultades para ejercer soberanía política, económica y social efectiva en los territorios en los cuales se logren construir Municipios de Gobiernos Locales Posneoliberales.

De esta manera, nuestra propuesta busca articular el trabajo social, político, parlamentario y municipal del Frente Amplio y del resto de la izquierda. Por un lado, las fuerzas sociales deben presionar para que se puedan tumbar los cerrojos institucionales neoliberales; los parlamentarios deben trabajar para legislar en pos de otorgarle facultades democráticas y sociales a los Municipios; y los gobiernos locales deben ejecutar en los territorios nuestro proyecto de producción y redistribución de la riqueza basado en la justicia social y la articulación de organizaciones sociales y populares vivas que participen a través de una nueva institucionalidad funcional sobre sus propios beneficios y avances.


Dirigentes de Viña del Mar de Nueva Democracia, Frente Amplio.