Lo primero que hay que aclarar con este convenio, conocido como TPP-11, es que Chile ya ha firmado acuerdos comerciales con los 11 países que lo integrarían y por tanto no añade nuevos beneficios económicos al país.

Por otro lado, como humanista y parlamentario frenteamplista, me parece inaceptable legislar sobre un documento que se autodefine como un tratado, pero que en la práctica no es más que -hay que decirlo con claridad- un conjunto de garantías hechas a la medida de las empresas transnacionales para que puedan asegurar y aumentar sus propias ganancias, esquivando la legislación nacional y burlando lo que debieran decidir soberanamente nuestras ciudadanas y ciudadanos.

Para ser más claros, este acuerdo comercial contiene un mecanismo de solución de controversias a través del cual las grandes empresas multinacionales podrán demandar a nuestro país cuando estimen que no están garantizadas sus “expectativas razonables de inversión”. Estas demandas se harían ante paneles arbitrales internacionales que no cumplen ninguna de las normas mínimas del debido proceso y, peor aún, tienen un fuerte sesgo empresarial, tal como lo demuestran las estadísticas que indican que, en tres de cada cuatro casos, estos seudos tribunales resuelven en contra de los estados y a favor de las grandes empresas transnacionales.

Esto tiene implicancias claras y concretas, por ejemplo, si en el futuro quisiéramos cambiar nuestro actual y perverso sistema previsional, entonces las multinacionales dueñas de las AFPs podrían demandar a nuestro país planteando que sus expectativas de ganancias están siendo perjudicadas, exigiéndole al Estado de Chile el pago de millonarias indemnizaciones, tan grandes que harían inviable cualquier cambio en este sistema previsional.

Y eso mismo es lo que ocurriría si decidiéramos darnos una nueva Constitución que sea legítima, soberana y que proteja los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo podríamos generar esta Constitución si todo el articulado del TPP11 lo que hace es generar un verdadero congelamiento regulatorio, cercenando a los estados de sus potestades para, a través de regulaciones, fomentar el tipo de industrialización que se aspira o la matriz exportadora que se desea? El TPP11 va justamente en sentido contrario, obligando al Estado de Chile a proteger los intereses de la industria minera extractivista, a las energéticas o a las actividades agroindustriales, que son los mismos que impiden, por ejemplo, a las comunidades acceder al agua. ¿De qué nos serviría una nueva Constitución si ésta no sería capaz de asegurar los derechos económicos, sociales y culturales de la población?

Rechazo el llamado TPP11, por las razones que acabo de dar y porque estoy convencido que los pequeños agricultores y los campesinos de Chile no pueden quedar a expensas del monopolio de las semillas por parte de Monsanto. En efecto, el TPP11 exige la ratificación del convenio UPOV 91, del cual Chile aun no es parte, y que implica en la práctica reflotar la Ley Monsanto de privatización de la semilla, poniendo en riesgo la agricultura familiar y la biodiversidad, además que criminaliza las costumbres de los pueblos originarios sobre el libre intercambio, reproducción y conservación de las semillas.

Me opongo al TPP11, porque no quiero que se extiendan las patentes de los medicamentos de 5 a 8 años, encareciendo aún más el acceso a fármacos que salvan vidas o alivian los dolores a miles de chilenos que padecen de enfermedades catastróficas o terminales.

Estoy en contra del TPP11, pues es un exceso extender la duración del derecho de autor o propiedad intelectual a 70 años, impidiendo u obstaculizando los beneficios de nuevas creaciones a partir de estas obras. Por otro lado, existe el riesgo cierto que se considere como delito la descarga libre de información por internet o las conexiones informales de las señales satelitales, desincentivando con esto el acceso a información de los investigadores independientes respecto de productos de las transnacionales que siempre cuentan con protección intelectual.

Peor aún, este mal llamado tratado debilita severamente la definición de los derechos laborales como la huelga, el derecho a contrato, la indemnización, el derecho al descanso y vacaciones pagadas, entre otras importantes conquistas logradas luego de más de un siglo de luchas sindicales.

En definitiva, rechazo el TPP11 porque estoy convencido que es nefasto para Chile, para el desarrollo humano y la justicia social; y porque nada ni nadie puede arrebatar a la ciudadanía el derecho de cuidar su entorno, a recuperar sus recursos naturales, y a decidir soberanamente su destino.


Diputado del Partido Humanista.