El ex Regimiento de Ingenieros N°2 de Puente Alto es uno de los sitios de la provincia Cordillera, en la Región Metropolitana, donde se cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En ese lugar son reconocidas las torturas, violaciones, fusilamientos y desapariciones de opositores al régimen de Augusto Pinochet, de acuerdo al Informe Valech.

El lugar integra el registro de la Red de Sitios de Memoria, que lleva un catastro de más de 50 sitios en el país donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el terreno donde se emplaza está en manos de un particular y son pocos los rastros que permiten reconocer los graves hechos que ahí ocurrieron.

En 2003, el Ejército cerro el espacio y a los tres años lo vendió a un privado. Fue ahí cuando se parcelaron cerca de 4.200 metros cuadrados del terreno fiscal, según quedó estipulado en las Actas de Chena I y II, y fueron adquiridos por el empresario y ex futbolista Miguel Nasur, a través de Inversiones Antares S.A.

De acuerdo a la investigación realizada por el colectivo Memorias en Resistencias Provincia Cordillera, las escrituras públicas – a las que tuvo acceso El Desconcierto– dan cuenta de que este terreno es propiedad del vicepresidente de Santiago Morning, quien los compró en más de 800 millones de pesos.

Actualmente, el grupo interdisciplinar busca recuperar el espacio para que sea declarado Monumento Nacional a través del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) del Ministerio de Cultura. Además, su principal eje es vincularse con la comunidad, recopilando relatos orales, además, de otras actividades que se han realizado en distintos espacios de la comuna.

Los restos arquitectónicos del ex sitio de torturas fueron demolidos completamente, aunque con los años se iniciaron distintas edificaciones, entre ellas, dos supermercados- uno de ellos en construcción-, un terminal de Transantiago, y un gran local de comida rápida. Con todo, aún quedan dos paños eriazos.

“La finalidad es convertirlo en un soporte material y cultural para la preservación de una memoria crítica y colectiva”, indica Gerardo Montero, presidente de la colectividad, quien comenta que por ahora han sido los vecinos y familiares de las víctimas quienes pusieron lienzos para que no se pierda el registro. Sin embargo, no existe una placa ni un memorial al interior.

Respecto de la propiedad de Nasur, Montero hace hincapié en que “gran parte de los terrenos que ha tenido el empresario han estado en conflicto, por ejemplo, remontándose a principios de 2000, las tomas de terreno en Peñalolén, que marca un hito importante dentro del movimiento de pobladores, también eran de su propiedad (23,5 hectáreas)”.

En tanto, la coordinadora de la Red de Sitios, Romina Ampuero, explica que “cuando estos lugares están en manos de particulares queda a su arbitrio, por eso, es importante que pase a ser monumento para así determinar algún tipo de protección y eventualmente iniciar negociaciones con el dueño (…) Es lo mismo que ocurrió con Venda Sexy, ubicada en el sector de Quilín y que era de propiedad de un privado. Cuando los sitios están en manos de particulares no tenemos ningún recurso para accionar nosotros y ahí ves la falta de legislación que regula estos espacios”, sostuvo.

Foto Gerardo Montero 2018

Las víctimas del Regimiento

La información que han recopilado los investigadores da cuenta de las víctimas que pasaron por este lugar y que eran, en gran parte, de las comunas de Puente Alto y La Florida.

Uno de los casos es el de José Eusebio Rodríguez. El día del Golpe se paralizaron las obras al interior del fundo Las Higueras, en La Florida, donde Rodríguez trabajaba como parte del Comité de Obra del campamento.

Cuando se dirigía a otro campamento, al otro lado del canal San Carlos, para informar a la gente sobre el bombardeo a La Moneda por parte de los militares, vio que se acercaba una patrulla. Iba junto con su compañero Waldo Leiva. Mientras este último alcanzó a correr, él se quedó paralizado.

Rodríguez llevaba una caja de “literatura marxista”, motivo por el cual fue detenido. A los dos días, lo llevaron al Regimiento de Puente Alto que pertenecía a la jurisdicción del Gobernador Militar y Comandante del Regimiento, Mateo Durruty. En ese lugar fue fusilado.

Otro antecedente que se maneja es que el 29 de septiembre de 1973 fueron detenidos los jóvenes uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Antonio Povaschuk Galeazzo y Enrique Julio Pagardoy Saquieres, junto a otras cuatro personas, dos de ellas mujeres. Todos se refugiaron en las dependencias de la minera El Volcán, una mina abandonada al interior del Cajón del Maipo.

El grupo había llegado a Chile en calidad de refugiados durante la Unidad Popular. Tras el Golpe, su objetivo era cruzar la cordillera hacia Argentina en busca de exilio. Fue en ese contexto donde fueron detenidos por carabineros de la Subcomisaria de San José de Maipo, que luego de registrar su detención, los trasladaron en un camión hasta el Regimiento de Ingenieros N°2 de Puente Alto, que funcionaba como centro de detención, torturas y desaparición.

Latorre, Pagardoy y Povaschuk, militantes del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros, son parte de la larga lista de militantes de izquierda latinoamericanos detenidos desaparecidos en Chile.

Foto Diego Martín 2007