El inédito fallo del Tribunal Electoral Metropolitano que anuló la elección del rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, podría ser solo el primero de una serie de intentos por cambiar las correlaciones políticas internas de varias universidades.

Fue el pasado 28 de mayo cuando el Tribunal anuló la elección de Zolezzi, luego de un reclamo presentado por 12 académicos de la institución que acusaron la exclusión de un gran número de docentes del padrón de votantes para los sufragios que escogieron a la autoridad.

En específico, quienes esgrimieron el reclamo fueron los llamados “profesores por hora”. Es decir, aquellos docentes que trabajan en una jornada menor a la completa y que mayoritariamente están contratados bajo la figura de honorarios.

La denuncia se ampara en la Ley 21.094 de Universidades del Estado, promulgada a mediados de 2018, que indica que tienen derecho a voto “todos los académicos con nombramiento o contratación vigente y que desempeñen actividades académicas de forma regular y continua en las respectivas instituciones”.

De acuerdo a esto, los profesores por hora sí debieron estar considerados dentro del padrón de votantes, pero en la práctica no fue así.

Por su parte, el rector Zolezzi insiste en que el cargo de profesores por hora no existe y que son contratados como “personas para el apoyo docente” y no como académicos, una definición incluida en el DFL-149, un estatuto orgánico vigente desde 1982.

La autoridad ya informó que apelará a la decisión del tribunal, mientras que desde el otro sector critican que Zolezzi no acepte el error en que se incurrió al excluir a estos docentes. Cabe aclarar que Zolezzi no tiene directa injerencia en la conformación de los padrones.

No es contra Zolezzi

Desde el Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Santiago, la diregenta Loreto Rico, indicó a El Desconcierto que están de acuerdo con el reclamo liderado por los 12 profesores por hora. Eso sí, aclara que bajo su punto de vista, “esta no es una interpelación directa contra el rector específicamente, sino contra los margenes institucionales que impiden la participación de distintos estamentos que sí deberían participar”.

“Esto es lo mismo que ocurre con los trabajadores a honorarios, que cumpliendo funciones constantes, no son reconocidos como funcionarios no académicos”, agrega Rico, apuntando a que estos estamentos suelen ser excluidos de los procesos democráticos.

Según el reclamo de los profesores por hora, los afectados por la arbitraria exclusión fueron más de 1.800 personas. Pero estas figuras de contratación no son exclusivas de la Universidad de Santiago, pues también se repiten en todas las universidades estatales del país. Este detalle debiese ser resuelto bajo los mandatos de la Ley de Universidades Estatales, que indica que éstas “podrán contratar, sobre la base de honorarios, sólo la prestación de servicios o labores accidentales y que no sean las habituales de la institución”.

Desde la Universidad de Chile, la dirigenta de la Sindicato de Trabajadores a Honorarios (Sitrahuch), Julliete Marín, agrega que este panorama “tiene que ver con la precarización laboral en las universidades estatales, que no se trata solo de las condiciones directas de trabajo, sino que también hay un problema de representación dentro de las universidades, de que no somos reconocidos como actores universitarios con todos los derechos“.

AGENCIA UNO

Modernizar los estatutos

Desde la Universidad de Santiago, Loreto Rico dice que es urgente modificar el DFL-149, que tiene sus orígenes en la dictadura y que, fiel al contexto, restringe los derechos democráticos de las comunidades universitarias. “Ese decreto tiene que cambiar, porque la ley siempre va a estar por sobre cualquier normativa interna de la universidad”, comenta.

A propósito de esto, la dirigenta hace “una invitación a las comunidades de todas las universidades a realizar un ejercicio de empoderamiento y actualizar las cartas magnas que rigen a las universidades por otras con características realmente democráticas“.

“El nuevo estatuto orgánico que queremos va a obligar sí o sí a que las autoridades miren a una serie de trabajadores y funcionarios que por al menos 40 años, han estado en el subterráneo. Sí o sí van a tener que empezar a preocuparse por ellos”, agrega Rico.

El ex director del Centro de Estudios de la FECH y actual presidente de la Comisión de Educación de Revolución Democrática (RD), Matías Flores, coincide con la dirigenta de la Universidad de Santiago, asegurando que “una mayor democracia al votar, permite que haya mayor consideración de intereses por parte de las autoridades. En este caso se expanden a quiénes los rectores tienen que responder. Pasa algo similar con los nuevos consejos, que incluyen a funcionarios de estudiantes que tomarán decisiones importantes”.

Flores agrega que la actualización de los estatutos orgánicos es un mandato de la Ley de Estatales, debiendo dialogar estos nuevos documentos con las definiciones de la misma legislación. “Estos cambios tienen que ver con el gobierno universitario principalmente“, explica.

Cabe mencionar que en 2008 el rector Zolezzi encaminó una reforma al estatuto orgánico en la Universidad de Santiago, que se extendió por varios años, pero que no llegó a buen puerto.