Durante la semana pasada, la BBC lanzó un reportaje titulado “La Zona Roja: la región de Chile en la que las lesbianas viven con miedo a ser asesinadas”, abordando los tres crímenes de odio cometidos contra tres mujeres lesbianas de la región entre los años 2008 y 2017: los de Nicole, María Pía y Susana.

Es un hecho. Las cifras en nuestra región de mujeres asesinadas van en ascenso. Según el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), en la Región se han cometido cuatro femicidios en este primer semestre del año, cifra preocupante en comparación a los años anteriores, pues en 2016 y 2017 hubo un total de dos feminicidios consumados por año, mientras que tan solo en estos siete meses se han cometido el doble de los promedios anuales anteriores de estos delitos a la fecha.

Lo anterior, nos sitúa en una de las regiones con más alto índices de femicidios a nivel país, sólo por detrás de la Región Metropolitana y la Región de Los Lagos. Mía Palma, Carolina Muñoz – quien fue asesinada de un tiro a quemarropa frente a su hija, por su ex conviviente en Quintero-, Sajuste Delisseane y Laura Gálvez son los nombres que resuenan en los datos oficiales, todas ellas muertas a manos de sus convivientes y/o parejas. Es desgarrador. Los números se elevan, pero las causas parecen ser aún más profundas y estructurales.
Llama la atención que, según los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, las denuncias de Violencia Intrafamiliar a nivel nacional experimentaron una notoria baja, verificándose durante el 2018 solo 102.380 denuncias realizadas. No obstante, acceder a los números de denuncias por violencia intrafamiliar en la región resulta difícil, y escasa información se maneja al respecto. Lo preocupante de la falta de información, es que resulta imposible poder tener más datos para explicar el fenómeno creciente que experimenta la región de Valparaíso.

Las entidades institucionales que se encargan de prestar asesoría o acompañamiento a las mujeres que han sufrido o sufren violencia intrafamiliar o de género son insuficiente. Nos preocupa que tan sólo contamos con 10 Centros de la Mujer distribuidos en la Región, los cuales deben dar abasto a una población que supera los 1.800.000 habitantes, según el último censo, y que, en su mayoría, prestan asesoría a agrupaciones de comunas, no logrando cubrir efectivamente la totalidad de casos ingresados. Ni hablar de los programas encargados de dar atención a hombres que han ejercido violencia, pues contamos con solamente uno para atender a todos aquellos agresores que han sido condenados por los tribunales a someterse a algún tipo de tratamiento.

La falta de cifras oficiales y la debilidad de programas y políticas públicas enfocadas en la prevención y atención de casos VIF, nos subsume en una estela de incertidumbre sobre las causas reales de la violencia que están experimentando las mujeres de la Región de Valparaíso, y, por ende, en la posibilidad de encontrar propuestas y soluciones concretas e inmediatas.

Así las cosas, se hace imprescindible la transparencia en la información y números oficiales de denuncias por violencia intrafamiliar y de violencia sexista, como también del otorgamiento de medidas cautelares, entre otras herramientas de protección a víctimas, por parte de las autoridades competentes.

Basta. La violencia hacia las mujeres y disidencias son un hecho patente en nuestro país, y muy certeramente en nuestra región, haciéndose urgente, además de lo esgrimido anteriormente, un compromiso efectivo de las autoridades, policías y tribunales, de adoptar criterios de género a la hora de dar atención a estos casos, conjuntamente con develar a la ciudadanía cuál es el funcionamiento del aparataje a la hora de conocer y abordar de estos casos. De no ser prioridad, las cifras de femicidios seguirán duplicándose de forma impune, dejando nuevamente a la sociedad civil, a las mujeres y comunidad LGTBIQ+ con cada vez más y más interrogantes. Nosotras exigimos respuestas.