Las declaraciones van y vienen en la discusión por la reducción de la jornada laboral que no se quedó atrás después de este fin de semana. De hecho, se avivaron ciertas rencillas que ya se venían manifestando al interior del oficialismo y que el Ejecutivo tendrá que resolver durante los próximos días.

Primero fueron los parlamentarios de la UDI Issa Kort y Jorge Alessandri, quienes llamaron a rechazar el proyecto de 41 horas promedio -con flexibilidad laboral y gradualidad de ocho años- del presidente Sebastián Piñera, por considerar que se estaba actuando sobre la base de “encuestas y no convicciones”. Y, al mismo tiempo, rechazaron la iniciativa impulsada por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola que va por las 40 horas sin adaptabilidad. Después, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, reconoció un mal manejo comunicacional y, a eso, se sumaron las palabras del presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, asumiendo un déficit político.

Pese a que Piñera llamó a cuadrarse con su agenda laboral, el debate sigue entrampado y el desorden en la coalición del gobierno es cada vez más notorio. Por eso, este lunes por la tarde el ministro de la cartera, Nicolás Monckeberg, se reunirá con parlamentarios oficialistas para detallar la indicación que ingresarán a su proyecto que está en el Senado y ver si con esto logran llagar a consensos.

Se espera, también, que Monckeberg asista durante esta semana a la comisión de Trabajo de la Cámara por la discusión particular del proyecto de 40 horas, adelanta la diputada Karol Cariola a El Desconcierto.

Declaraciones más o menos, lo cierto, dice la co-autora de la iniciativa, es que el gobierno está complicado y aunque ha intentado salir jugando bien, todo se le ha dado vuelta. Algo que destaca es que, a su juicio, ha habido un intento de confundir mediáticamente los objetivos de dos propuestas que tienen matrices distintas. Una, netamente de reducción horaria; y otra, de modernización laboral, donde en último momento, advierte, ellos se sumaron a esta reducción por conveniencia.

-Dentro de las variables que están en juego en este debate, ¿dónde están puestos los acentos, por un lado, en el proyecto del gobierno y, por otro, en el de ustedes?

Nuestro proyecto es más simple que el del gobierno e implica que exista un resguardo desde la ley a un límite semanal de horas de trabajo. La diferencia es que, en el de ellos, se establece un promedio cada tres meses que no se condice con la realidad y, más bien, abriría más flancos a la precarización del trabajo. No tiene relación con la matriz de nuestra propuesta.

-El gobierno ha demostrado una posición cambiante en esta discusión. Al comienzo se habló de inconstitucionalidad y luego se abrieron a la posibilidad de una posible fusión con la reducción de la jornada. ¿Es posible esto último?

No, y en eso hemos sido claros. Es una posibilidad totalmente ajena a lo que hemos estado hablando, al menos, los diputados de la bancada por las 40 horas. Básicamente, porque se trata de proyectos completamente distintos. Hay que recordar que el del Ejecutivo es un proyecto de modernización laboral que incorpora varios proyectos que hacen referencia a los mecanismos para flexibilizar la jornada dentro de los marcos que ya existen, y, así, generar la posibilidad de negociación individual entre el trabajador y el empleador. Con esto, buscan disminuir los rangos de acción de los procesos colectivos, que es algo que nos preocupa. Pero nunca contempló, y no lo hace, la reducción de la jornada. Más aún, con las afirmaciones del Ejecutivo de los últimos días, donde dice que su reducción se implementaría de aquí a 2027, termina de dejar de manifiesto su desinterés de aplicarlo al corto plazo.

-Y estos cambios de estrategia en último momento, ¿qué demuestran?

Es que hasta ahora el gobierno no se ha allanado a modificar el Código Laboral para establecer un máximo de horas a la semana. Ellos siguen planteando solamente establecer un promedio de horas desde la mensualización de la jornada con lógica de flexibilización. Además, hay una diferencia de mirada. Aquí, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, ha sido el más honesto desde el Ejecutivo en plantear que el interés es entregarle a las empresas la posibilidad de disponer de la jornada de trabajo según sus necesidades. Cuando nosotros creemos que aquí el trabajador debe disponer de sus horas de tiempo libre de manera clara y que no quede sujeto a lo que el empleador le imponga. Y si en eso queda espacio para crear jornadas especiales, bueno, que se establezcan de acuerdo a procesos colectivos, como lo hacen los pactos de adaptabilidad que existen en la legislación, no por la vía de negociación individual como lo plantea el Ejecutivo.

-Desde la misma oposición algunos parlamentarios han dicho que esto se ha convertido más que en un debate laboral, en un gallito político. ¿Cómo lo observa usted?

Lo que han hecho en el gobierno es dar vueltas en círculos y contradecirse entre ellos mismos. Insisto en que el más honesto ha sido el ministro Fontaine al reconocer que se les entrega la manija a los empresarios y al empleador. Sin embargo, dentro del debate lo más interesante de todo es que en algún minuto, cuando se dan las correlaciones de fuerzas y cuando se expresan las mayorías políticas a favor del proyecto de 40 horas, incluso, con parlamentarios de Renovación Nacional (RN), el propio presidente Piñera reconoce que se ha hecho inevitable bajar la jornada laboral, que sabe que lo están pidiendo desde todos los sectores y que, entonces, van a tener que buscar la fórmula.

-Y eso, ¿en qué pie lo deja?

Bueno, es claro que aquí la transversalidad del apoyo político lo termina acorralando una vez más. En una posición que, si bien ellos no comparten, ahora tratan de sacarle el poto a la jeringa y lo hacen pasar por una jornada laboral. Pero en realidad no lo es porque cuando dicen que van a reducir la jornada de aquí a 2027 sabemos que no lo plantean en términos reales.

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Fuente: Agencia Uno.

-La semana pasada, junto a la diputada Camila Vallejo (PC) y otros parlamentarios de oposición ingresaron una indicación al proyecto. ¿En qué línea va?

Sí, esto busca darle gradualidad a la implementación del proyecto solo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas que tengan ingresos hasta las 50 mil UF en los tres últimos años comerciales, que es lo que logramos acordar con la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado (Conupia). Nosotros tuvimos un espacio de conversación con quienes representan un porcentaje importante de las pymes del país y ya logramos definir una indicación de gradualidad de tres años. La otra indicación importante que ingresamos busca ampliar las 40 horas al sector de los asistentes de la educación, que se rigen por un estatuto especial porque trabajan 44 horas. La idea es que puedan tener extensión a 40 horas.

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-Se ha manifestado apoyo transversal desde la oposición a este proyecto, aunque desde la Democracia Cristiana (DC) ya anunciaron indicaciones. ¿Qué matices tienen?

Sí, mira, la DC ha tenido observaciones respecto al tamaño de las pymes y la gradualidad, pero son temas de ingeniería de detalles y los estamos conversando. Nos parece que son elementos que podemos ir modificando y todavía tenemos algunos días para eso. Pero, en términos gruesos, al menos en aquellos elementos de gradualidad y lo que tenemos que modificar como en el Código del Trabajo, digamos lo esencial, no hay diferencias. También le hemos hecho el llamado a la DC para resguardar la matriz porque esto no es de los comunistas, tiene apoyo ciudadano. Los parlamentarios DC que han estado en la discusión han contribuido, como los diputados Raúl Soto y Matías Walker, que están comprometidos también con las indicaciones.

-El Ejecutivo le puso urgencia a otros dos proyectos en la comisión de Trabajo. Con eso, ¿en qué escenario queda la tramitación de las 40 horas?

Efectivamente, les puso urgencia a dos proyectos de ley -sobre la Dirección del Trabajo- para evitar la tramitación del proyecto de 40 horas y con eso la comisión no va a poder poner en tabla este proyecto porque reglamentariamente debiésemos tratar solo las iniciativas con urgencia. Sin embargo, la presidenta de la comisión (Gael Yeomans, Convergencia Social) tiene la facultad de entregarle media hora en cada sesión a proyectos de fácil despacho. Mientras el gobierno utiliza estas artimañas para retrasar el proyecto de 40 horas, nosotros vamos a tener que convocar varias sesiones de tramitación con horarios especiales para poder llevar adelante la tramitación y en eso la presidenta va a tener que dividir los horarios. Ella va a hacer uso de esas facultades como ya lo ha dicho y como se hizo en la tramitación general. Más allá de que se esté intentando hasta lo más burdo para torpedear el debate democrático, no se lo vamos a permitir.

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