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La diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Camila Rojas (Comunes), entregó las conclusiones de la visita inspectiva al establecimiento, a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó este lunes, por acuerdo de todos sus miembros, el informe realizado por la diputada y presidenta de la instancia, Camila Rojas (Comunes), tras la visita inspectiva de los diputados al Instituto Nacional (IN) el pasado 8 de julio.
El documento aborda las cinco principales preocupaciones manifestadas por la comunidad educativa, tanto en la comisión como durante la visita de las y los parlamentarios a la institución. Estas son: infraestructura y mantención, violencia dentro y fuera del Instituto Nacional y rol de Carabineros, comunidad escolar y hechos de violencia perpetrados por una parte de la misma, salud mental de los estudiantes e insuficiencia de recursos.
“En este informe hacemos una serie de recomendaciones, entre las cuales se considera la contratación de profesores y profesoras para reemplazos, ante las faltas de profesores», y también «la realización de inversión en infraestructura, principalmente pensando en que el colegio tiene un deterioro importante y no ha tenido una inversión integral desde su construcción, que data de los años sesenta”, comenta la diputada Rojas.
También se considera la recuperación del Centro de Extensión del colegio, y la entrega de apoyo psicosocial y orientación a los estudiantes. Un importantísimo detalle, remarca la legisladora, es la necesidad de protocolos internos ante hechos de violencia, pensando principalmente en que la actuación de Carabineros debe ser limitada.
La parlamentaria ya hizo llegar el documento a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. “Esperamos que lo consideren a la hora de tomar determinaciones», expresó Rojas.
El informe expone que el edificio de 40.000 m2 ha sufrido un deterioro permanente producto del tiempo y de la falta de mantención desde su fundación, en el año 1813. El establecimiento cuenta con 52 salas para clases, que reciben en sus espacios a 4.370 alumnos, desde séptimo básico a cuarto medio. Para el año 2018, el promedio de estudiantes por sala era de 42,4 en todos los niveles y de 44,5 para séptimo y octavo básico, cuando la ley 21.040, en su artículo 19 punto 12, explicita que el número de alumnos por sala no deberá sobrepasar los 35 estudiantes.
Igualmente, el documento indica que “el edificio se encuentra en un evidente estado de abandono, que se manifiesta en pisos rotos, ventanas sin vidrios, sectores completos cerrados, salones inutilizables, duchas rotas, goteras y filtraciones, agujeros en las paredes, ausencia de cortinas, desniveles en varias salas, y sectores no adaptados para el uso y la circulación de estudiantes con movilidad reducida o en situación de discapacidad.
«En el caso de los baños, resulta evidente que la cantidad es insuficiente para el número de estudiantes del establecimiento, que según cálculos de la comunidad, corresponde a 2 inodoros por cada 60 estudiantes. Desde marzo a la fecha, el colegio no cuenta con agua caliente, así como tampoco calefacción en las salas durante el invierno, ni sistema de aire acondicionado en el verano”, agrega el informe.
/ Agencia Uno
El informe profundiza en la violencia al interior del establecimiento, protagonizada por grupos de estudiantes y apoderados minoritarios, e incrementada en su interacción con las fuerzas policiales. Este panorama ha generado «un clima público y mediático de confrontación que repercute negativamente en la convivencia de la comunidad”, cita.
Asimismo, se critica la medida de revisión de mochilas por estar fuera de las atribuciones de Carabineros. Además, indica el texto, ha quedado en evidencia «el uso excesivo de bombas lacrimógenas por parte de FF.EE, haciendo caso omiso al uso restringido que dictamina la normativa» de la institución «ante la presencia de niños, niñas o adolescentes».
Se señala que “es posible verificar la presencia constante de fuerzas especiales y piquetes de Carabineros de Chile en la entrada del establecimiento, lo que a juicio de algunos fomentaría la estigmatización de los estudiantes del establecimiento, naturaliza la represión y perjudica las posibilidades de los miembros de la comunidad de continuar el proceso educativo de manera normal». Eso sí, el informe señala que también «hubo estudiantes que manifestaron sentirse más seguros con la presencia policial que sin ella”.
Respecto a los procesos disciplinarios en el marco de la ley Aula Segura, este año se han iniciado 27 procesos por contravención a dicha ley, sancionándose con la expulsión a 2 estudiantes, y permaneciendo actualmente 16 procesos en tramitación.
El documento además planeta una preocupación profunda de parte de los apoderados por la falta de profesores -182 docentes para 4370 alumnos- y el incumplimiento de las horas de clases: “Los estudiantes son continuamente despachados o quedan sin actividades al interior del establecimiento durante el horario escolar, por no existir profesores/as suficientes para las clases. Se señala que se pierden más horas por falta de profesores/as que por movilizaciones».
Se agrega que «el debilitamiento de las academias y actividades de extensión por la falta de recursos ha impactado asimismo las expectativas de la comunidad y, especialmente, el desarrollo de los estudiantes”.
Por otra parte, el informe habla de la existencia de tres centros de padres funcionando paralelamente y cómo eso afecta a la comunidad del IN. “Esto ha repercutido, por ejemplo, en verdaderas trincheras en torno al conflicto, con apoderados pujando por soluciones contradictorias a la crisis, y actuando de manera indebida en situaciones, como por ejemplo, la votación que determinaría la conversión del colegio a matrícula mixta”, señala el texto.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO
Mediante oficio la Comisión de Educación solicitó información acerca del estado de salud mental en el IN y a raíz de las cifras, los legisladores demandan «un desarrollo en el ámbito emocional» de toda la comunidad.
Desde el municipio informaron que en lo que va del año 2019, se han detectado 92 casos de estudiantes con problemas de salud mental, entre los que se cuenta depresión, ansiedad y crisis de pánico. La mayoría de estos se concentra entre segundo y tercero medio.
En relación a los funcionarios con problemas de salud mental, al mes de junio se encontraban 5 docentes y 2 asistentes de la educación con licencia médica otorgada por psiquiatras.
El informe agrega que el Instituto Nacional cuenta tan sólo con dos psicólogos y seis orientadores para 4.370 estudiantes, lo que a juicio de la comunidad es insuficiente.
El documento plantea que hay consenso en la comisión en cuanto a la falta de recursos del establecimiento educacional, lo que repercute en todas las áreas señaladas anteriormente. Este déficit se ha visto agravado, indica el informe, por las constantes manifestaciones violentas ocurridas dentro del establecimiento educacional.
Igualmente, el 19 de junio del presente año, la comisión solicitó a la Presidenta del Centro de Padres y Apoderados CEPA A-0, informar respecto de todas las actividades que se han dejado de realizar en el Instituto Nacional por insuficiencia de recursos.
En la respuesta destacan datos como que “la matrícula aumentó un 8% entre 2015 y 2018 y el aporte del municipio ha caído un 17% desde 2015”. También se señala que «la inversión total en el establecimiento representa menos del 5% del total de lo invertido en este ítem por la Municipalidad de Santiago, a pesar que su matrícula supera el 13% del total de la comuna».
