La Contraloría Regional de Valparaíso emitió esta semana un informe que de nuevo pone las miradas sobre la gestión de Virginia Reginato, la alcaldesa de Viña del Mar que lleva 15 años en el cargo. Este documento emitido por el órgano fiscalizador acusa el no cobro de entradas del Casino Municipal de la ciudad y una presunta delegación – ilegal por lo demás – de la administración del recinto, a la sociedad Enjoy S.A. 

Esto significaría una gran reducción de los fondos fiscales que se obtienen de este salón de juegos, y una falta grave a las bases de la licitación del mismo, además de un potencial conflicto con el Servicio de Impuestos Internos, por lo cual la municipalidad deberá presentar un informe que abarque estos cuestionamientos en el corto plazo.

Este oficio se emitió debido a la denuncia de la concejala PPD de la ciudad Jardín, Marcela Varas, quien el 12 de febrero de 2019 evidenció ante la Contraloría Regional esta serie de irregularidades en la administración y el funcionamiento del Casino de Viña del Mar.

En el marco del no cobro de entradas, cuyo valor es de $3.800 pesos por persona que ingresa al salón de juegos, el total de los fondos recaudados por este concepto debe ir a la municipalidad, cada mes. El 66,6% de este monto es destinado al fondo de indemnización de los trabajadores de puerta del Casino, mientras que el 33,3% restante se debiera otorgar a la Corporación Cultural de Viña del Mar. Además, la empresa debe cancelar al SII un total de 0,07% UTM por concepto de ingreso a las salas de juego.

Asimismo, los términos de la licitación establecen una multa de 50 UF por cada día de atraso en que la empresa se demore en cancelar este monto mensual. La Contraloría comenzó a investigar esto debido a que, gracias a la información proporcionada por la edil del PPD, se constató que hubo un atraso en el pago del monto por concepto de entradas. Lo que se debía pagar en agosto de 2018 se terminó cancelando a la municipalidad en abril de 2019, y esto fue solo de las entradas que efectivamente cobraron. Según el relato que pudo armar la concejala Varas, estas no se estarían cobrando desde el año 2012 de manera regular, debido a que por la Ley del Tabaco, el Casino alegó a la Alcaldía que estaba perdiendo mucha afluencia de público y se tomó esta medida, la cual se habría mantenido hasta el 2018.

El no hacer el pago de esto dentro de 30 días, ya es motivo suficiente para que la municipalidad termine la concesión con Antonio Martínez y Compañía, que se la adjudicó desde 1999, cuando se efectuó la licitación. Sin embargo, también hay un pero en ese tema.

Antonio Martínez y Compañía celebró un contrato con Enjoy S.A. por “prestación de servicios integrales”, acuerdo que fue objetado por la municipalidad en la época. Debido a esto las empresas habrían celebrado otro contrato por “prestación de asesoría técnica”, el cual si fue aprobado por el municipio. Sin embargo, esto genera dudas debido a que la administración del Casino, por lo que se establece para esta concesión, no puede ser traspasada a un tercero, pues esto constituiría una ilegalidad y un quebrantamiento de las bases de la licitación celebrada entre la municipalidad y Antonio Martínez y Compañía.

Esta es otra de las aristas que deberá investigar la Contraloría Regional, para ver si efectivamente se está incumpliendo la legislación vigente en este sentido.

Las reflexiones de quien destapó la olla

A raíz de esto, la edil Marcela Varas cuenta a El Desconcierto que se siente “impactada” con el informe del organismo regulador. “Queda una vez más demostrado la nula fiscalización de parte de la municipalidad para dar cumplimiento adecuado del contrato realizado con la concesionaria, tal como lo manifesté en mi denuncia”, señala.

Viña del Mar ha dejado de percibir millonarias sumas de dinero producto de esta nula fiscalización y, lo más grave, se reconoce que la concesionaria sólo ha rendido a la municipalidad los ingresos por ventas de entradas del mes de agosto de 2018 y que esta suma la entregó solo en abril de 2019. Esto implica que la ciudad dejó de percibir las mejoras que podrían haberse desprendido del ingreso de esos dineros en las arcas municipales”, establece Varas de manera tajante.

La concejala también establece que desde el municipio ha habido una negligencia al no solicitar o evaluar el término de la concesión por las faltas incurridas, y porque tampoco se ha cobrado a la empresa las multas que derivan del atraso de los pagos. “Espero que la municipalidad lleve a cabo el procedimiento disciplinario a los funcionarios responsables de estás graves irregularidades. La Contraloría ordena que se efectúe un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de quienes no dispusieron el termino anticipado del contrato de concesión ni realizaron acciones para hacer efectivas las multas, para lo cual se le fijó un plazo de 15 días a contar de la recepción del dictamen”, explica Varas.

“Espero confiada que la investigación que realizará la Unidad de Control Externo de la Contraloría regional nos aclare aún más las irregularidades, y que incluyan periodos anteriores, ya que no me cabe duda que son igual o más graves a las detectadas en está primera investigación”, sostiene la edil. Además, reitera el abandono de conducción de parte de la autoridad, lo que podría conformar “un nuevo hecho de notable abandono de deberes”.

“Siento pena por mi ciudad, porque Viña del Mar tiene todo para crecer y se ha visto estancada producto de una mala gestión que se hace evidente”, concluye Varas.