Las evidencias existen, y no son pocas. Aunque la expresidenta no las haya citado (molestando a su vecino de Lago Caburga), probablemente se refería a cifras como el 17% de resultados de muerte en acciones realizadas por fuerzas policiales o militares solamente en Río de Janeiro y San Pablo, entre los meses de enero y junio, un aumento importante si comparamos con los 12% registrados en el mismo periodo en 2018 – un total de 1.291 casos en esas dos ciudades.
Este miércoles estuvo marcado por las ofensas del presidente brasileño Jair Bolsonaro a la memoria del general Alberto Bachelet, como forma de criticar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet que había dicho, horas antes, que se ha observado que“el espacio democrático se está reduciendo en Brasil”, en alusión a el número en aumento de los casos de violencia policial con resultado de muerte en el país, especialmente en San Pablo y Río de Janeiro.
La frase no pasó desapercibida por La Moneda, y el propio presidente Sebastián Piñera tuvo que reaccionar a un ataque personal de uno de sus más cercanos aliados regionales contra la que es históricamente su mayor adversaria política. Para equilibrarse en esa situación, el mandatario chileno rechazó la ofensa de Bolsonaro, pero al mismo tiempo trató de justificarla como una reacción a la declaración de Bachelet, que consideró que “no estaban acompañadas de antecedentes y evidencias”.
Pero las evidencias existen, y no son pocas. Aunque la expresidenta no las haya citado (molestando a su vecino de Lago Caburga), probablemente se refería a cifras como el 17% de resultados de muerte en acciones realizadas por fuerzas policiales o militares solamente en Río de Janeiro y San Pablo, entre los meses de enero y junio, un aumento importante si comparamos con los 12% registrados en el mismo periodo en 2018 – un total de 1.291 casos en esas dos ciudades.
Sobre ese tema, hay que decir muchas cosas. La primera es que las políticas de seguridad en Brasil no son responsabilidad del gobierno federal, sino que de los gobernadores de los Estados. En ese sentido, la declaración de Bachelet fue prudente y adecuada, porque su crítica no nombró a Bolsonaro solo dijo que “hay una preocupación” sobre el tema.
Sin embargo, también hay que decir que Bolsonaro, aunque no sea directamente responsable por las cifras citadas arriba, es un gran apoyador de esa política de gatillo fácil y aliado de los dos gobernadores que la promueven, Wilson Witzel, de Río de Janeiro, y João Dória Jr, de São Paulo – aunque se peleó con este segundo semanas atrás, ellos hicieron campaña juntos con la consigna “BolsoDoria” y defendiendo la política de que “las policías tienen que disparar para matar”. Tanto es así que, tras su ofensa al general Bachelet, el mandatario siguió atacando a la Alta Comisionada, afirmando que ella se enojó porque “la policía está matando delincuentes y vagabundos”.
La generalización de Bolsonaro esconde una realidad que tiene agobiada a las favelas y poblaciones de esas ciudades. Por ejemplo, en Río de Janeiro, la policía adoptó una política de sobrevolar las favelas con helicópteros que llevan francotiradores, autorizados por el gobernador a disparar a blancos que consideren sospechosos. Esa política ha resultado en la muerte de muchos inocentes, y hay centenas de casos.
El más reciente sucedió este martes (3/9), cuando el albañil José Baía recibió un disparo en su cabeza cuando trabajaba en el techo de una vivienda, en la favela carioca de Villa Kennedy . Los pobladores que trataron de realizar una protesta por la muerte del trabajador también fueron dispersados con balazos y gases lacrimógenos por la policía.
Otro caso emblemático y reciente fue el de la joven Margareth Teixeira, de 17 años, quien fue asesinada durante una operación policial a mediados de agosto. El caso de Margareth causó fuerte conmoción en la población de Bangu, porque ella fue asesinada cuando iba caminando rumbo a la iglesia evangélica que frecuentaba, y llevaba en sus brazos a su hijo de dos años que también fue alcanzado por una bala, pero sobrevivió.
En la operación, murieron otras tres personas. La policía de Río de Janeiro justificó la acción diciendo que todos ellos, incluyendo Margareth, tenían vinculación con las bandas de narcotraficantes – excusa que termina resultando en impunidad a los uniformados, aunque no haya evidencia de que tal relación exista.
La primera denuncia sobre el aumento de la violencia policial con resultado de muerte, especialmente en favelas y poblaciones de Río de Janeiro, fue llevada a la Alta Comisionada por la diputada Talíria Petrone, del PSOL (Partido Socialismo y Libertad). Considerada por muchos como la heredera política de Marielle Franco, representante de las mujeres negras de las favelas, Petrone estuvo en Ginebra el pasado mes de mayo, cuando entregó un informe que hablaba de 434 muertes durante acciones policiales o militares en Río de Janeiro entre enero y marzo pasados.
El informe también recordó un caso específico ocurrido en abril, y cometido por soldados del Ejército, que dispararon 80 tiros contra una familia que paseaba en su auto por la población de Guadalupe . En el ataque, además de otros cinco heridos, murieron el músico Evaldo dos Santos, que conducía el vehículo, y el cartonero Luciano Macedo, que trató de socorrer a la familia durante la balacera.
Diferente de las acciones policiales, que son responsabilidad de los gobernadores, las acciones del Ejército sí son responsabilidad del Gobierno Federal de Brasil. Además, en el caso de la intervención militar en Río Janeiro, cabe destacar que ella estaba respaldada por un decreto del expresidente Michel Temer que tenía vigencia solamente hasta el día 31 de diciembre de 2018. Bolsonaro, al asumir, no renovó esa autorización, pero tampoco retiró a los militares de las favelas – aunque, sin esa autorización, sus acciones deberían ser consideradas ilegales.
