La demanda contra Virginia Reginato y 24 funcionarios municipales por 138 millones defraudados
Por: El Desconcierto
| Publicado: 13.09.2019
Alcaldesa Virginia Reginato | AGENCIA UNO
El objetivo del juicio es buscar las responsabilidades de 138 millones que no fueron pagados debidamente y que este monto sea restituido en su totalidad.
La Contraloría General de la República inició un juicio de cuentas contra la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y a otros 24 funcionarios de la municipalidad, la que se desprende de una auditoria efectuada en enero de este año.
El objetivo del juicio es buscar las responsabilidades de 138 millones que defraudados y que este monto sea restituido en su totalidad.
Según informa El Mercurio de Valparaíso, el ente contralor respalda su causa en seis argumentos, abarcando aristas como contratos a honorarios y pagos a empresas; entre otros.
Respecto a Virginia Reginato, el documento del estamento fiscalizador la menciona en el ítem relacionado con gastos en representación, protocolo y ceremonial.
El texto sostiene que «esa autoridad comunal no dio cumplimiento a su deber de supervigilancia, por cuanto no veló que sus subordinados dieran estricto cumplimiento a las normas legales que regulan los desembolsos que en definitiva resultaron objetados, por lo que corresponde perseguir su responsabilidad civil extracontractual, pues aquello configura una omisión culpable y actuar negligente.
Además de esto, se alega la reparación del Reloj de Flores, debido a los pagos que se hicieron a la empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A., instancia por la que el ente contralor buscará determinar la responsabilidad civil extracontractual de la líder comunal.
En ese sentido, el documento detala que Reginato «sin advertir que aquellos montos referentes a retiro de escombro y ornamentación floral no resultan procedente, atendido que dichos gastos debían ser asumidos por la empresa».
A su vez, los 25 involucrados ya fueron notificados por la Contraloría respecto a la demanda, contando con un plazo de 15 días hábiles para contestar a dicha acción legal.
En el caso que la demanda sea ganada por la CGR, cada uno de los funcionarios deberá reponer los dineros en cuestión desde su propio bolsillo, dependiendo de lo que determine el respectivo tribunal.
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