“Hoy tenemos al presidente Sebastián Piñera en la ONU, hablando de medio ambiente, recibiendo premios internacionales, pero su Gobierno no ha hecho mucho por solucionar los problemas que tienen a Chile como uno de los países con más alta conflictividad socioambiental”, indicó el parlamentario.
Acompañado por representantes del sindicato de trabajadores de la CONAF, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), llegó hasta la Contraloría General de la República, junto a su par, Camila Rojas (Comunes), para solicitar al órgano que se pronuncie sobre la legalidad del protocolo de acuerdo firmado por el director nacional de CONAF, José Manuel Rebolledo, y patrocinado por el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, para autorizar los sondajes y excavaciones con maquinaria pesada en el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández en la búsqueda de un tesoro.
Dichas labores las encabeza el historiador holandés, Bernard Keiser, desde 1998 sin éxito en esta Reserva de la Biósfera.
Para Ibáñez, con esta acción se «vulnera gravemente prohibiciones expresas y tratados internacionales como la Convención de Washington. También se coloca en entredicho la voluntad el Gobierno, mediante su ministro de Bienes Nacionales, de defender la biodiversidad en un contexto de crisis climática sin precedentes”.
El parlamentario agregó que “hoy tenemos al presidente Sebastián Piñera en la ONU, hablando de medio ambiente, recibiendo premios internacionales, pero su Gobierno no ha hecho mucho por solucionar los problemas que tienen a Chile como uno de los países con más alta conflictividad socioambiental”.
“Lo que esta pasando con las perforaciones de roca en la Reserva Mundial de la Biósfera del archipiélago Juan Fernández es una práctica que no debiera, pero está ocurriendo desde el año 1998. Lamentablemente se ha pasado por alto la Ley, la Constitución, y hoy el ministro Ward, debe dar respuesta a la comunidad del archipiélago y también a los trabajadores de la CONAF” aseguró el diputado.
El parlamentario acusa que «el Gobierno ha hecho oídos sordos a esta demanda, que viene hace tiempo, de tener un servicio de áreas protegidas a la altura, con la participación de sus trabajadores, de los guardaparques, del sindicato de CONAF”.
Finalmente señaló que el requerimiento a Contraloría fue presentado para que instituciones como la CONAF o el SEIA “no se conviertan en instituciones capturadas por intereses de unos pocos, que finalmente terminan siendo cajas pagadoras de favores políticos cuando debiesen ser administraciones técnicas de regulación medioambiental, colocando por delante la protección de la biodiversidad en un contexto de crisis climática inédita en Chile. No hay mejor tesoro que defender la biodiversidad”, enfatizó Ibáñez.
Por su parte, el presidente del sindicato regional de trabajadores de la CONAF en Valparaíso, Pablo González, manifestó su respaldo a los guardaparques que emitieron informes desfavorables sobre las labores del historiador holandés, al Colegio de Ingenieros Forestales, y al exdirector regional del organismo, Pablo Mira, quien se negó a firmar el protocolo de acuerdo, razón por la que habría sido desvinculado.
Además, el dirigente agregó que “el SEIA no puede estar por encima del plan de manejo existente, que indica que no se puede intervenir la zona con excavaciones”, enfatizando que se está perjudicando el medio ambiente, además de indicar que el historiador “no respetó el acuerdo de tapar los socavones que fue realizando”, generando así «un desastre natural”.
