pedro araya | / Agencia Uno
El parlamentario, integrante de la Comisión de Defensa desde 2014, conversa con El Desconcierto acerca del proceso de cambios que se viene en la cúpula de la institución, la derogación de la Ley Reservada del Cobre y la gestión del ministro Alberto Espina al frente de la cartera de Defensa.
«Ha sido un año complejo para el Ejército, pero lo importante es que ha sabido enfrentarlo bien”. Esas fueron las palabras que el presidente Sebastián Piñera pronunció hace una semana, tras la Parada Militar del 19 de septiembre, para abordar la crisis que atraviesa la institución. El mandatario se mostró satisfecho por la nueva ley de financiamiento a las FF.AA. que regula los gastos reservados y destacó la representación de las mujeres y la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) en el desfile.
La institución abre ahora una nueva etapa ya que en los próximos meses su comandante en Jefe, Ricardo Martínez Menanteau, debe conformar el nuevo alto mando para 2020. El procedimiento establece que el comandante en jefe del Ejército es elegido por el presidente de Chile entre las cinco primeras antigüedades de la institución —al ser nombrado, todos los generales que le preceden en antigüedad son llamados a retiro. Los nuevos generales serán elegidos por el alto mando y Martínez Menanteau puede decidir cuáles de ellos pasan a retiro y conformar un nuevo alto mando, que deberá ser confirmado o rechazado por el presidente. Hace poco se dieron a conocer los 25 generales del actual alto mando del Ejército implicados en la arista denominada “agencias de turismo”, que investiga la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford. Las corruptelas al interior de la institución también han llevado a los dos últimos comandantes en Jefe a ser procesados y privados de libertad.
La crisis que enfrenta esta rama de las FF.AA. se ha abordado en distintas ocasiones en la Comisión de Defensa del Senado y el momento actual, ad portas de la designación de los eslabones más altos de la institución, no pasa desapercibido para sus integrantes. El senador Pedro Araya (ind) es uno de ellos y conversa con El Desconcierto acerca de este proceso de renovación en el Ejército, la derogación de la Ley Reservada del Cobre y la gestión de la cartera de Defensa.
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El pasado mes de julio se derogó la Ley Reservada del Cobre, que entregaba el 10% de los ingresos de Codelco a las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Alberto Espina, calificó el nuevo sistema como “estable, democrático y transparente”. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Es un gran avance porque se termina con una verdadera mochila para Codelco y una ley respecto a la cual no había un control real del uso los recursos destinados a la defensa por parte de las FF.AA. La nueva ley establece mecanismos de control del poder civil, del Congreso y de la Contraloría de la República, para verificar que los recursos que se destinan a las FF.AA. sean bien utilizados y evitar los distintos fraudes que hemos conocido en el último tiempo.
Usted propuso que una parte estos recursos que no se entregarán al Ejército fueran destinados a las zonas mineras…
Hasta antes de la dictadura militar, una parte de lo que se recaudaba por la venta del cobre iba a las zonas productivas como forma de mitigar los efectos que produce la gran minería en las zonas donde se emplaza. Habíamos planteado que este 10% volviera a las zonas productoras, beneficiando directamente a la región de Antofagasta y a la comuna de Calama, como una forma de compensar las externalidades negativas de la minería. El presidente Piñera se perdió una oportunidad de hacer justicia con la región y demostró, una vez más, el nulo compromiso que tiene de avanzar en materia de regionalización.
Con el nuevo sistema, la fiscalización de los recursos recae en manos del Congreso y de Contraloría. ¿Cómo funcionarán estos mecanismos?
Los nuevos procedimientos que van a existir son bastante más fuertes y estrictos que los que teníamos con la Ley Reservada del Cobre. El sólo hecho que las FF.AA. tengan que llevar el presupuesto a discusión al Congreso y no tengan garantizados unos pisos mínimos, da cuenta de que habrá mayor fiscalización. Asimismo, se establecen mecanismos de control por parte de la Contraloría y de las comisiones de Defensa de la Cámara y el Senado.
¿Los mecanismos que se prevén para el Senado y la Cámara entregan suficiente capacidad de monitoreo para detectar delitos de corrupción como los que han trascendido en los últimos años?
No hay un mecanismo perfecto para controlar ese tipo de situaciones. Lo que se ha hecho es agregar mayores controles y controles que son cruzados. Entonces, hay más posibilidades de poder detectar un fraude o mal uso de los recursos. Pero no conozco ningún sistema inefable.
Entre octubre y noviembre el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, debería plantear una renovación de los altos mandos de la institución. ¿Cómo se debería enfocar este proceso de selección?
Lo que hemos reiterado al Gobierno es que tienen que dejar que, tanto la ministra Rutherford como la Fiscalía, puedan realizar las investigaciones que correspondan y que garanticen al país que las personas que van a ascender en las distintas ramas de las FF.AA., no van a tener algún lío de carácter oficial. No puede ocurrir que se estén promoviendo a generales personas que después vayan a ser imputadas por casos de corrupción o fraude al Fisco. El Gobierno tiene que tener mucho cuidado en los vistos buenos que da en la materia de los ascensos. Hay que garantizar que las personas que lleguen al alto mando tengan una hoja de vida intachable.
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¿Qué opinaría de una propuesta que planteara que la jerarquía civil esté por encima de la jerarquía militar? Por ejemplo: cuando uno busca quién es el comandante Jefe del Ejército en Estados Unidos, aparece el nombre del presidente del país. Eso ocurre también en otros países de la región, pero no en Chile.
En Chile ocurre lo mismo. El jefe de las FF.AA. es el presidente de la República, pero administrativamente se define un comandante en Jefe para manejar cada rama. En caso de conflicto, el jefe de la República es el comandante en Jefe, él es el jefe superior y dispone del uso de la fuerza tanto para situaciones internas –como una catástrofe–, como externas –como una guerra. Hay un tema de nomenclatura que le dan los países, pero no tiene que ver con los roles o funciones.
Hace unos meses se filtraron unos audios en los que el comandante en Jefe decía que en otras ramas de las FF.AA. se daban “situaciones similares” de corrupción a las que se dieron al interior del Ejército. A través de la Comisión de Defensa del Senado, ha tenido alguna respuesta o antecedente más de esta acusación?
Ese punto fue aclarado por el comandante en Jefe y se trató de una frase que él usó en un ejemplo y eso era lo que él estaba hablando en ese minuto del audio que se filtró. Fue una parte del audio la que se filtró. En la Comisión de Defensa entregó las explicaciones del caso.
¿Y luego de estas explicaciones, recibieron alguna respuesta o reacción de las otras instituciones de las FF.AA.?
Dada la explicación [del comandante en Jefe del Ejército], nosotros –como Comisión– dimos por superado el impasse.
El comandante en Jefe del Ejército dijo que en la arista de las llamadas “agencias de turismo”, la corrupción “fue de unos pocos” y que los oficiales y suboficiales no tenían responsabilidades en eso. ¿Comparte esta opinión?
Me remito a lo que hemos dicho siempre: que la ministra Rutherford tiene que hacer su trabajo de forma tranquila y profesional y que hay que esperar a que determine cuántas personas están involucradas, cuánto es el monto del fraude y a quiénes alcanza. Uno no puede anticipar juicios mientras la ministra no haya dictado una sentencia en primera instancia.
El caso de las “agencias de turismo” se juzga en la justicia militar, que provoca que la institución militar sea parte y juez a la vez. El fraude de Carabineros se llevó por la justicia civil. ¿Es necesario definir las competencias de ambos tipos de justicia?
Eso tiene un pecado de origen: cuando en Chile se implementó la Reforma Procesal Penal a principio del 2000, no se tocó la justicia militar. Eso llevó a que tengamos dos tipos de procedimientos muy distintos donde muchas veces hay una coincidencia de delitos y unos van por la justicia militar y otros por el nuevo sistema procesal penal. Todos los sectores políticos hemos planteado al Gobierno la necesidad de editar un nuevo Código de Justicia Militar acorde a la Reforma Procesal Penal y delimitar claramente cuáles son los ámbitos que están en manos de la justicia militar y cuáles en manos del Ministerio Público. Los delitos propiamente militares, como traición, sedición, violación de secreto militar, entre otros, tienen que estar en la justicia militar. En el resto de los delitos, como el caso de este fraude, tendrían que estar en la justicia civil.
¿Qué opina de la gestión del ministro de Defensa, Alberto Espina? Tras la Parada Militar del día 19 reconoció que no manejaba la cifra del costo total del evento, aunque dijo que se redujo a la mitad respecto a otras ocasiones.
El Gobierno ha hecho muchos anuncios sin contenido respecto a una modificación real de las instituciones militares. Son cosas sin fundamento, que ya se están haciendo. Por ejemplo, el anuncio de utilizar a las FF.AA. para el combate del narcotráfico en la frontera. Anuncios rimbombantes para tratar de tapar algún problema, pero que después quedan en nada. Tampoco ha habido una posición política clara respecto a qué tipo de FF.AA. requiere Chile para el siglo XXI. Se han ocupado de los problemas del día a día, tratando de entregar una solución de carácter mediático, pero sin entrar a fondo en los problemas que tienen las FF.AA., como las funciones que debería de tener a la luz del siglo XXI o la carrera militar, entre otras.
¿Y, en su opinión, cómo debería de ser esa nueva imagen de las FF.AA.?
Chile tiene que tener una definición del modelo de FF.AA. que queremos, sobre todo teniendo presente la cantidad de roles que tienen que cumplir y que no necesariamente dicen relación con temas bélicos: participación en catástrofes humanitarias o las distintas labores que Chile adquiere en compromisos internacionales como misiones de paz, rescate martítimo o aéreo o ciberdefensa, que es un tema que hoy hay que abordar con una mirada distinta a la que promueve el Gobierno.
¿Estas propuestas se puede promover a través de algún mecanismo desde la Comisión de Defensa?
En la Comisión intentamos promover un debate en el conjunto de la sociedad respecto el rol de las FF.AA. en el país y entendemos que con la aprobación de la nueva ley de financiamiento, este debate va a ser aún más necesario.
