El Eterno Retorno de Lo Mismo: una reflexión sobre la crisis ecuatoriana

Nuevo día, nuevo paquetazo

El extremo grado de conflictividad en Ecuador (hasta ahora son más de mil detenidos) es producto de un «paquetazo». En otras palabras, un programa de reformas de austeridad fiscal, típico de lo impuesto por el Consenso de Washington en toda América Latina desde los 80s. En este caso se planea despedir a 140.000 funcionarios públicos y, para los que mantienen sus trabajos, habrá un recorte salarial de hasta 20% sumado a un recorte a la mitad en los días de vacaciones. Además, buscan reducir varios programas sociales, lo que originalmente incluía el subsidio a la bencina, aumentando en un 25% el precio de la gasolina regular y un 123% el diésel (usado por muchos campesinos para llegar a los mercados provinciales con sus cosechas). A cambio de todas estas reformas Ecuador recibirá un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$4,2 mil millones. Es importante recalcar lo políticamente torpe y económicamente peligroso que es este pacto faustiano.

En términos políticos, reducir el gasto fiscal con medidas que golpean directamente a las personas más pobres es poco inteligente porque en Ecuador existe una alta capacidad de movilización. En 1997 el presidente Abdalá Bucaram intentó implementar medidas de austeridad, incluyendo un aumento en el precio de la bencina, y fue derrocado por protestas del mismo movimiento indígena que se alza ahora contra presidente Lenin Moreno. En el año 2000 el presidente Jamil Mahuad también intentó aumentar el precio de la bencina y su programa de austeridad también terminó en su caída a manos de las protestas sociales e indígenas. Así no hay que ser un genio en política para entender lo que pasa ahora. Cuando un presidente decide reemplazar el programa con el cual fue elegido por una receta neoliberal impuesta desde afuera los resultados son los “alborotos del FMI” (frase de Stiglitz, premio nobel de economía y otrora economista jefe del Banco Mundial).

¿La culpa es del gobierno anterior?

En términos económicos, el gobierno de Moreno ha tratado de presentar estas reformas como una dura pero necesaria respuesta al desastre económico que dejó Correa. Este argumento no tiene ni pies ni cabeza. El gobierno de Correa marcó un antes y un después en la política económica ecuatoriana. Correa fue el primer presidente en la historia del país en ganar dos elecciones consecutivas, gobernando 10 años (2007 a 2017). En contraste, en los 10 años previos a Correa hubo 8 presidentes. Con la estabilidad de Correa, la economía crecía 1,5% anual en promedio. En los 10 años antes de Correa promedió 0,6%. Además, la cantidad de personas en situación de pobreza se redujo 32% en los 10 años de Correa – en la década anterior sólo bajó 2,6%. Mientras tanto la inversión pública (el uso del gasto fiscal para la infraestructura productiva) aumentó de 4% del PIB a 14,8% del PIB. Estos números hablan del éxito de Correa y lo absurdo que es culparle por la supuesta crisis del momento.

El actual ministro de Hacienda, Richard Martínez (otrora presidente de la SOFOFA ecuatoriana) dice que el buen rendimiento económico correísta fue producto de un endeudamiento insostenible. Pero la deuda externa pública era 26,1% del PIB al final del gobierno anterior. Esto es el mismo nivel que 2005 y mucho más bajo que en los noventa. Sí hubo un aumento en la deuda, pero sólo en comparación con su nivel más bajo (11,8% del PIB) que se logró en el año 2009 gracias a la buena gestión correísta. Desde aquella fecha fueron dos las crisis que golpearon a Ecuador e hicieron necesario un aumento en el endeudamiento. Primero, llegó la crisis financiera global (que estalló en 2007 y alcanzó América Latina en 2009). Segundo, sufrió el colapso del precio del barril de crudo en 2014 (50% de la matriz exportadora ecuatoriana sigue siendo petróleo). Para evitar caer en una recesión doméstica, producto de estos shocks externos, Correa permitió un aumento en el déficit fiscal y el endeudamiento externo.

Pasados los shocks externos exitosamente, era necesario reducir el endeudamiento – pero esto de ninguna forma implica aceptar la terapia de shock del FMI. Actualmente el pago de intereses de la deuda externa es 1,4% del PIB, un nivel relativamente bajo, con espacio para buscar financiamiento a mediano plazo para hacer gradualmente los recortes necesarios. En contraste, el FMI obliga a llegar a un superávit fiscal de 3,8% del PIB en 2020 – lo que generará una recesión por la caída en la demanda agregada, según su propia evaluación. El FMI predice que será una recesión menor (de -0,5% del PIB), pero su récord en esta área no es muy alentador. En Grecia también obligó a llegar a un superávit fiscal como condición para prestar dinero, prediciendo una recesión de solo -5,5% del PIB, sin embargo, el resultado fue -17%. Hasta Christine Lagarde, entonces Directora Gerente del FMI, reconoció que el organismo subestimó los efectos dañinos de la austeridad fiscal, pero parece que no han aprendido la lección. No hay justificación económica para aceptar esta imposición ideológica.

¿Nueva Guerra Fría? El juego geopolítico detrás de la retórica económica

Detrás de estos números hay una burda realidad geopolítica. Cuando Correa enfrentó los tiempos de crisis global, respondió buscando financiamiento externo que no limitaba ni la soberanía regulatoria del Estado ni su espacio para hacer políticas públicas para catalizar el crecimiento económico. A través de acuerdos de preventa de petróleo a China logró financiamiento de US$8 mil millones – más que suficiente para reemplazar los créditos estadounidenses perdidos cuando sacó el FMI del país. De esta forma pudo avanzar con la inversión productiva como parte de un proceso de cambio de la matriz exportadora a través de la política industrial. Pero Lenin Moreno ha hecho un giro brusco en la orientación geopolítica del país – volviendo a aceptar el tutelaje de la Casa Blanca y echando por tierra todo lo avanzado.

Mientras Correa sacó la base militar de EEUU en Manta, Ecuador, Moreno ha permitido una nueva base estadounidense en las islas Galápagos. Mientras Correa sacó Ecuador de la red de los TLC y tratados de protección de inversiones que otorgaban jurisdicción a tribunales extranjeros sesgados pro-empresariales, Moreno promulgó la ley orgánica para el fomento productivo y la atracción de inversiones. Ésta devuelve la jurisdicción por disputas sobre la inversión extranjera a estos tribunales del Banco Mundial, a pesar de que sea una medida inconstitucional (su artículo 422 explícitamente prohíbe ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje de índole comercial). Desde lo militar hasta lo comercial, la estrategia de Moreno es evidente, diferenciarse de Correa buscando el apoyo de EEUU para Ecuador y pagando entonces los costos en términos de la imposición de políticas neoliberales.

¿Una conclusión no concluyente? La falsa tregua de Moreno

Frente a la movilización social enorme, el gobierno de Moreno se vio completamente superado. Trasladó el gobierno desde Quito a Guayaquil (donde la derecha es más fuerte y puede reprimir protestas con más facilidad). Luego impuso un toque de queda y clausuró canales de televisión y radio. En clave conspirativa acusó al ex-presidente Correa de estar dirigiendo las protestas desde la ciudad venezolana de Barquisimeto. Fue una acusación absurda puesto que Correa estuvo en el Europarlamento en Bruselas, pero suficiente para que Juan Guiadó anunciara una búsqueda por Correa en Venezuela. A pesar de esta campaña de terror, nada detuvo la ola de presión social y finalmente el Ejecutivo decidió dar marcha atrás y derogar el decreto 894 (el que eliminaba el subsidio a la bencina). En consecuencia, se suspendieron las protestas, evidenciando la falsedad de las acusaciones de Moreno hacia Correa y Maduro

Así el movimiento social e indígena logró su principal demanda, pero esto no quiere decir que los ideólogos del gobierno han sido derrotados ni mucho menos. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) pidió la destitución de la ministra del Interior María Paula Romo y el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín por dirigir la represión, lo que el gobierno no concedió. Con un saldo hasta ahora de 8 muertes, y 1340 heridos hospitalizados, la renuncia de los ministros responsables y un alto en la represión debe haber sido un prerrequisito para cualquier acuerdo, pero no fue así.

En vez de parar, la represión del gobierno ha aumentado, con medidas autoritarias contra la oposición correísta. Gabriela Rivadeneira, anterior presidenta de la Asamblea Nacional y actualmente la asambleísta más votada (con una votación mayor que los candidatos presidenciales que llegaron a segundo y tercer puesto) se encuentra bajo la protección de la embajada mexicana en Quito. Lo mismo que cuando el ex-canciller Ricardo Patiño pidió asilo en México en abril. Rivadeneira denuncia la persecución política de parte de la DGI (Dirección General de Inteligencia) e incluso amenazas contra sus hijos pequeños.

Seguidores del gobierno dijeron que estas acusaciones fueron exageraciones, pero sólo 4 días después de que entró a la embajada, el gobierno encarceló a Paola Pabón. Ella fue electa en febrero de 2019 como prefecta de la provincia de Pichincha (equivalente a la Región Metropolitana y la más afectada por la violencia policial). Virgilio Hernández (ex asambleísta de la misma provincia) también se refugió en la embajada mexicana luego de que allanaron su casa. Todos están acusados simplemente por haber ejercido se derecho democrático a protestar. Parece que reponer el subsidio a la bencina fue una estrategia para desactivar una parte del movimiento social, usando la represión autoritaria para aplastar la otra parte.

El gobierno ha retrocedido en su idea de eliminar el subsidio a la bencina, pero de ninguna forma ha renunciado a su intención de aplicar medidas extremas de austeridad fiscal para cumplir con las condiciones del préstamo del FMI. Dicho organismo quiere que Ecuador tenga un superávit fiscal de 3,8% del PIB en 2020, para la cual será necesario un recorte de aproximadamente 8% del gasto fiscal (US$ 3mil millones de un presupuesto de US$36 mil millones). El subsidio a la bencina tiene un costo de US$ 1,5 mil millones – la mitad del recorte que pide el FMI – pero con esa opción cerrada el gobierno tendrá que buscar otras partidas presupuestarias para recortar si quiere complacer al organismo internacional.

El gobierno del presidente Moreno tiene que presentar el presupuesto de 2020 frente a la Asamblea Nacional el día 1 de noviembre (en menos de 3 semanas) y la Mesa de Diálogo que abrió buscará consensuar los recortes venideros. La oposición está siendo perseguida y no tiene una clara meta de obligar a Moreno a rechazar el préstamo del FMI, buscando por ejemplo financiamiento alternativo de los chinos. Así, el resultado más probable es una nueva propuesta de austeridad neoliberal, pero consensuada con los actores políticos locales.